Concejo de Cali pide erradicar microtráfico en barras

Concejo de Cali pide erradicar microtráfico en barras

Autoridades no comparten militarización para reabrir el estadio Pascual Guerrero.

Militarización Pascual Guerrero

Los residentes aledaños al estadio Pascual Guerrero, piden mayor protección en el sector cuando hay encuentros futbolísticos.

Foto:

Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

23 de junio 2017 , 12:33 a.m.

Habitantes de los barrios San Fernando y El Templete se quejan por inseguridad y violencia que afectan a los dueños de viviendas y negocios en los alrededores del escenario deportivo. 

La infiltración del microtráfico en las barras de América y Deportivo Cali pasó a la mesa de debate de los concejales.

Una de sus peticiones es militarizar para reabrir el estadio Pascual Guerrero. Ello fue rechazado por el secretario de Justicia y Paz, Juan Pablo Paredes, al indicar que la Policía trabaja con CTI y Secretaría de Movilidad. Informó que América tiene una propuesta ‘avanzada’ y se han hecho pruebas de controles.

Al concejal Fernando Tamayo le preocupa que se hable de invertir 20.000 millones en beneficio de terceros. Dijo que falta autoridad.


La presidenta del Concejo, Tania Fernández Sánchez, recordó que el tema de disturbios alrededor del Estadio Olímpico Pascual Guerrero no es nuevo. Por consiguiente, solicitó al gobierno caleño en cabeza de la secretaría del Deporte, “mano dura para los vándalos”.

Pero advirtió que no puede ser el cierre permanente del escenario la medida para controlar a los responsables, cuando lo que se debe proponer es una estrategia que permita utilizar el Estadio Pascual Guerrero, con garantías para los aficionados, moradores del escenario y a todos los ciudadanos.

El concejal Fernando Alberto Tamayo Ovalle dijo que "lo que sucede en el Estadio es la sensación de desgobierno que sienten los ciudadanos, que se siente en Túnel Mundialista, o en algunos sectores como Granada, la 66 o el parque del Perro, donde cada quien ejerce autoridad de acuerdo a su conveniencia. “Preocupa que mientras se habla de una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos para controlar el Estadio Pascual Guerrero, pero no sabemos de dónde saldrán los recursos del Municipio que beneficia solo a los privados”.

En concepto de Tamayo Ovalle, "lo que hace falta es autoridad, podemos seguir haciendo inversión social, pero no podemos dejar al garete, la situación del Estadio Pascual Guerrero”, sostuvo el Cabildante.

La concejala Patricia Molina Beltrán llamó la atención a la problemática social que vive Cali y el país, "hoy asentada en las barras bravas, que son la consecuencia de una sociedad que padece de desigualdad y un abandono total en la niñez por parte del Estado. La confrontación entre barristas de Cali y América sucede todo el tiempo, sin que haya encuentros futboleros. Hay presencia del microtráfico y eso conlleva a que se genere mayor violencia o confrontación, sin que haya un profundo conocimiento del fútbol, por tanto es la delincuencia y el bandidaje el que se encubre allí para movilizarse en la ciudad”.

La concejala María Grace Figueroa Ruiz señaló que el Estado colombiano debe brindar las garantías a los moradores del Estadio Pascual Guerrero, a los asistentes al escenario y a la ciudadanía. “El fútbol reúne cada fin de semana a aficionados en grandes cantidades a veces 5 mil y en ocasiones hasta 35 mil y 40 mil, lo que amerita planes de seguridad integrales”.

Considera vital que el Municipio vea experiencias similares superadas en otros países, que lograron unir fuerzas entre públicos y privados, para superar la violencia en los Estadio. "No se puede descartar que la corrupción y el narcotráfico a través del microtráfico podría estar permeando las barras juveniles del fútbol, así como la delincuencia común, dado que no hay oportunidades. Lamento mucho que el Personero no hubiese venido de forma personal a sustentar su gestión en esta materia”, enfatizó.

El concejal Carlos Andrés Arias Rueda criticó la falta de acciones para reprender a los causantes de los daños o disturbios alrededor del Estadio Pascual Guerrero, pese a que muchos de los responsables estarían identificados. "Los resultados arrojan que solo 7 personas hayan sido capturadas en flagrancia; en el 2017 no hay capturas con orden judicial, hay pocos casos de mercancía incautada y no se han decomisado armas. Algo grave pasa en la Barra Barón Rojo Sur, las directivas de esa organización están cambiando a la fuerza y desplazan a quienes allí venían generando liderazgo. A eso hay que prestarle atención, porque serían la conversión de una de las bandas criminales más grandes que tendría Cali”.

El concejal Juan Carlos Olaya Ciro señaló que "la violencia del fútbol no es nueva, y lo que sucede es que se enquistó en Cali. Pero las soluciones deben ser con mano dura, tal como se hizo en Inglaterra. Aquí unos cuantos desadaptados quieren imponer temor y eso no está bien, es hora de aplicar sanciones ejemplarizantes”.

El segundo vicepresidente del Concejo, Jacobo Nader Ceballos, dijo que "si bien hay medidas restrictivas para el uso del Estadio como medida para frenar el accionar de vándalos, sería bueno saber qué se está haciendo ante el Gobierno Nacional para que haya mano dura a aquellos menores infractores. Esa labor demanda una reforma a la justicia, pero debe solicitarlo el Alcalde Armitage”.

El concejal Juan Manuel Chicango Castillo dijo que las acciones de concertación que práctica el gobierno municipal al convocar a los barristas para que sean ellos mismo mediadores entre las barras bravas, no han sido suficientes. “El tema queda claro, se salió de las manos y demanda acciones mucho más fuertes para que frenen el libre albedrío de parte de los jóvenes”.

El concejal Carlos Hernando Pinilla Malo considera que no se puede justificar las acciones delictivas solo por la condición social de algunos actores. Demandó no calificar las barras como barras bravas, para no darles estatus de agresividad. “Urge además articular a los medios de comunicación para que no hagan apología de los desmanes que protagonizan los jóvenes de dichas barras, al tiempo que consideró que el Estadio demanda un nuevo modelo de seguridad, que permita una vigilancia y un control amplío, esto con videocámaras y una vinculación con Coldeporte, Indervalle, la Dimayor y el Ministerio del Interior y de Justicia, así como el Ministerio de las TICS y la Registraduria Nacional, que deben ponerse al servicio de la Policía”.

Pinilla Malo, instó al gobierno nacional a que reglamente por Decreto, como funcionara la seguridad en los Estadios y en eventos masivos.


Katherine Duprez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio San Fernando, dijo que cuando hay fútbol en el Estadio Pascual Guerrero, se aumenta en los alrededores el consumo de droga, se nota la presencia de delincuentes que se hacen pasar por hinchas, hay proliferación de armas blancas, y temor entre los moradores. Lo grave, sostiene, es que ésta situación repetitiva, devalúa el valor de las viviendas.

“Desde el año 2008, venimos participando en este tema, pero no hay soluciones de fondo, porque la situación cada día de descontento entre los moradores de la comuna 17 y 19 va en aumento, producto de la violencia que se genera en los alrededores del Pascual”, indicó Duprez, quien advierte que cada vez que hay fútbol el problema se inicia un día antes con los jóvenes pidiendo plata para la boleta y para la compra de alucinógenos.

Para Jorge Antonio Garzón, Edil de la Comuna 19, advierte que "el espacio público es invadido totalmente, porque los dueños son los vehículos automotores y los señores del trapito rojo que se convierten en amos y señores”. Los daños causados por los barristas o por vándalos que asisten al Estadio los pagan los propios dueños de las casas y establecimientos, sostuvo Garzón quien solicitó al Gobierno adoptar medidas que beneficien a la ciudad.

Nelly Marin, a nombre de los comerciantes de San Fernando, dijo que son varios los negocios cerrados, porque cuando las barras bravas reaccionan de manera violenta no queda otra opción que dejarlos actuar. “Las armas blancas las esconden en los antejardines, y frente a un arma no vale reaccionar con una cámara de video. Es hora de mirar la problemática desde una sola perspectiva y analizar si vale la pena la inversión tecnológica o adoptar medidas que frenen el accionar de unos cuantos con la autoridad”, afirmó Nelly Marín, quien agregó que a la par que hay medidas de autoridad deben ofrecerse oportunidades de trabajo.

CALI

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