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La intensa batalla jurídica en audiencias al Alcalde de Buenaventura

Bartolo Valencia y ocho personas más son investigados por presuntas irregularidades en contratos.

CALI
El viernes se cumplíeron cuatro días de audiencias en Buga, distrito judicial al que está adscrito Buenaventura y a donde fueron trasladados el alcalde Bartolo Valencia y otras ocho personas entre colaboradores y contratistas.
Las audiencias se iniciaron el martes con la legalización de captura por presuntas irregularidades en seis contratos para la ampliación de la cobertura educativa y que suman 3.076 millones de pesos. Está pendiente de analizar otros 91 contratos.
El alcalde Valencia, cinco contratistas y otras tres personas vinculadas a la investigación no aceptaron los cargos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación que les formuló la Fiscalía.
Los defensores han pedido garantías para los derechos de quienes comparecen ante un Juzgado de Garantías.
También se planteó la recusación del juez argumentado que fue quien ordenó la captura y quien hacía las veces de juez de control de garantías, recusación que fue negada.
Los apoderados de las personas detenidas también han argumentado que se han presentado pruebas ilícitas.
Hasta este municipio del centro del Valle donde se cumple con las audiencias, han llegado desde Buenaventura partidarios del alcalde para manifestar su apoyo con carteles y arengas.
Según la Fiscalía, en el 2012, la Alcaldía de Buenaventura informó que 48.000 alumnos no tenían cupo en Buenaventura por lo que el Ministerio autorizó 21.000 cupos.
Los contratos con los operadores se hicieron bajo la modalidad de contratación directa y en el caso de los seis que se incluyen en el proceso se encontró irregularidades. Así mismo, se detectaron alumnos ‘fantasmas’.
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