El proceso se relaciona con un contrato para cirugías bariátricas hace tres años.

La providencia señala una destitución e inhabilidad durante 17 años para Abadía y 12 años para Useche. Ambos aparecen entre las 17 personas sancionadas por la Contraloría General con destitución por un contrato promocional de la Industria de Licores del Valle. La mayor pena se le impuso a Abadía por tener una destitución que corresponde a un proceso por participación en política cuando era gobernador del Valle.

A los dos exfuncionarios la Procuraduría les cuestiona en el caso de las cirugías bariátricas (reducción de peso) haber suscrito de manera directa un contrato por mil millones de pesos con la IPS Bolaños Ltda.

El procurador delegado para la Vigilancia Administrativa, Fernando Brito, dijo que se incurrió en una falta gravísitima a título de dolo.
El contrato ascendía a mil millones de pesos y su objeto era que la IPS prestara  "servicios de salud de cirugía bariátrica por laparoscopia de alta complejidad en el marco de la protección del derecho a la salud de la población pobre no asegurada".

De acuerdo con la denuncia formulada por el entonces gobernador encargado, Francisco Lourido, el contrato se celebró entre la Gobernación y la IPS Eduardo Bolaños, pero la propuesta aceptada fue allegada el 6 de mayo de 2009 por la firma Cirugía para la Obesidad, integrada por Eduardo Bolaños y Carlos F. Chaux. Se criticaba la contratación con una persona jurídica distinta a la que formuló la propuesta.

En consideración de la Procuraduría, la Gobernación sí podía contratar con esa firma, pero cumpliendo las normas (publicidad, selección objetiva e imparcial) y argumentar por qué  debía contratarse de manera directa. Anota que. conforme a la Corte Constitucional, la contratación directa es posible en forma excepcional y con un estudio técnico completo.

Las defensas de Abadía y Useche apelaron la decisión de primera instancia.