También fue condenado el exasesor jurídico del municipio Raúl Cely.

La justicia acaba de fallar un proceso penal en contra de Raúl Alberto Cely Alba por el presunto delito de contratos sin requisitos legales cuando se desempeñó como asesor jurídico del municipio de Cómbita.

El juez primero penal del Circuito de Tunja lo condenó, en primera instancia, a la pena de 42 meses de prisión y al pago de una multa de 37,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilitación de funciones y derechos públicos por el mismo término de la pena impuesta.

La decisión también cobija al exalcalde de Cómbita Oliverio Hernández Sarmiento, pero en contra de este el juez impuso una pena de 50 meses de prisión y multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El juez que profirió el fallo les concede a los dos el beneficio de prisión domiciliaria, siempre y cuanto cancelen una caución de cinco salarios mínimos legales.

“Compúlsense copias ante la Fiscalía con el fin de que se investigue la posible conducta de peculado por apropiación de parte de Raúl Alberto Cely Alba y Oliverio Hernández Sarmiento”, resolvió el Juez.

Esta decisión judicial se desprende de una investigación que adelanta la Fiscalía Quinta de la unidad de delitos contra la administración pública por la adquisición de un bus para el municipio de Cómbita.

Según el fallo, una investigadora del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía presentó un informe en el que revelaba una serie de presuntas irregularidades en las que habría incurrido el municipio al adquirir un bus modelo 2003, “sin haber realizado los estudios previos en los que se evidenciara la viabilidad del proyecto, no hubo claridad ni objetividad en el proceso de selección del contratista”.

El mismo informe da cuenta de que el municipio habría adquirido el automotor en un mayor precio al registrado en el mercado.

“De otra parte señaló que el motor y el chasís del rodante provienen de autopartes usadas que fueron incautadas por la Dian y donados a la Red de Solidaridad, elementos sobre los cuales la normatividad prohibía su comercialización, hechos de los cuales el alcalde y su asesor jurídico tenían conocimiento y así lo adquirieron como si fuera último modelo”, dice el informe de la investigadora.

Sin embargo, la sentencia fue proferida en primera instancia, razón por la cual tanto la defensa de Cely Alba como de Hernández Sarmiento podrá interponer el recurso de apelación ante el Tribunal para que este órgano resuelva en segunda instancia.

REDACCIÓN BOYACÁ 7 DÍAS.