Los acusan de haber legislado en causa propia en polémico proyecto sobre la justicia.

Los representantes a la Cámara por Boyacá Gustavo Puentes, Pablo Sierra León, Rafael Romero Piñeros y Luis Guillermo Barrera hacen parte de los congresistas que votaron a favor del polémico proyecto de reforma a la justicia.

Todos ellos votaron afirmativamente las modificaciones hechas en la conciliación en la Cámara, que causaron la avalancha de críticas de sectores especializados y en las redes sociales.

Durante la conciliación los congresistas eliminaron como causal de pérdida de investidura la violación al régimen de inhabilidades para ser legislador.

Este régimen incluye, entre otras cosas, haber sido condenado a pena privativa de la libertad, haber ejercido como empleado público en los 12 meses anteriores a la elección y haber intervenido en negocios ante entidades públicas.

En cambio establecieron la gradualidad, que implica que en algunos casos podrán ser suspendidos máximo por un año, pero no perderán la curul.

También incluyeron un parágrafo para que solo puedan ser capturados cuando haya resolución de acusación en su contra.

Otro de los beneficios es que no podrán ser denunciados de forma anónima. Quien los denuncie deberá presentarse con nombre, cédula y pruebas.

También se eliminó la inhabilidad, por lo que los servidores públicos, incluidos los congresistas, podrán financiar e invertir recursos en campañas y partidos.

Denuncian a los 162 congresistas  que votaron a favor de la reforma

Los denunciantes son miembros de organizaciones de la sociedad civil, quienes consideran que los congresistas de la República legislaron para favorecerse o proteger a quienes tienen procesos penales en su contra.

La denuncia fue radicada ante la Corte Suprema de Justicia contra 162 senadores y representantes a la Cámara, los ministros del Interior, Federico Rengifo, y de Justicia, Juan Carlos Esguerra; y los secretarios de la Cámara de Representantes y del Senado.

Las irregularidades, según el abogado sogamoseño Pablo Bustos, de la Red de Veedurías Ciudadanas (Red Ver), tienen que ver con el desconocimiento 'criminal' del Reglamento del Congreso y de la Constitución en el trámite de la reforma.

"Hubo un deseo de vulnerar la Carta Política para beneficios de unos pocos. En sus manos tuvieron la posibilidad de hacer lo que le queda imposible a cualquier preso del país para cambiar sus procesos", señaló el abogado Bustos.

REDACCIÓN BOYACÁ 7 DÍAS