Mientras unos ex alcaldes literalmente 'hicieron fiesta' con el presupuesto, otros se dieron el lujo de dejar perder más de 20 mil millones de pesos. Autoridades investigan.

Feria de contratos y escandalosos incrementos en pago de nómina, mantenimiento y combustibles para el parque automotor, se convirtieron en el común denominador de la mayoría de municipios boyacenses en el 2007.

Por lo menos eso es lo que asegura el contralor general de Boyacá, José Virgilio Jiménez Guerrero, luego de haber analizado los informes que por obligación tienen que rendir las administraciones municipales anualmente.

"Nos llama mucho la atención que a pesar de las necesidades, varios mandatarios hayan dejado de ejecutar los presupuestos en sus municipios", dijo el Contralor.

Agregó que se dejaron de invertir más de 20 mil millones de pesos, de los cuales gran parte se perderá porque no corresponden a recursos propios.

Pero además, 100 alcaldes incumplieron el artículo 111 de la Ley 99 del Código de Recursos Naturales que obliga a los municipios a hacer invertir el uno por ciento de sus recursos propios (recaudo por cobro de impuestos) para la compra de predios destinados a la protección de recursos hídricos en sus localidades.

Boyacá 7 días conoció que en días pasados un abogado de Armenia instauró una acción popular en contra de los 123 municipios de Boyacá por el incumplimiento de esta norma.

Jiménez Guerrero además relacionó la época electoral del año pasado con el disparado incremento en las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), y en la contratación de personal.

El informe de la Contraloría también arrojó casos que ya están siendo investigados por diferentes autoridades como el del municipio de Paipa donde gastaron más de 432 millones de pesos (aumentó en un 83 por ciento con respecto al 2006) en combustible para los 22 vehículos que poseen.

La cifra es aún más escandalosa cuando se compara con los 352 millones de pesos que pagó la Gobernación por el combustible para sus 60 vehículos en el mismo periodo.

Un caso similar se presentó en el municipio de Muzo donde a pesar de haber reducido su parque automotor de 21 a 11 vehículos, el costo anual del combustible se disparó en un 88 por ciento al pasar de pagar 42 millones de pesos en el año 2006 a 80 millones en el 2007.

El gobierno del alcalde Gregorio Galán en Paipa además dejó de ejecutar 5.170 millones de pesos. También se notó una reducción en el número de contratistas al pasar de 103, en el año 2006 a 11 en el 2007.

A pesar de que en Chiquinquirá hicieron un buen recaudo de impuestos, dejaron de ejecutar 4.223 millones de pesos. Pero no solo eso, el número de contratos de planta se incrementó en un 65 por ciento, pasado de 20 contratistas en el 2006 a 35 el año pasado.

Duitama también adelantó una buena gestión de recaudo pero dejó de ejecutar 12.279 millones de pesos e incrementó el costo de la planta de personal en un 48 por ciento al pasar de pagar 2.060 millones de pesos en el 2006, a cancelar 3.057 millones en el 2007.

Aquí llama aún más la atención que a pesar de que en el 2006 el alcalde Rafael Pirajón hizo una reestructuración administrativa que dejó por fuera a cerca de 40 empleados de planta, la nómina pasó de 162 funcionarios en el 2006, a 187 en el año pasado y que mientras en el 2006 el municipio no contaba con funcionarios por contrato en el 2007 se reportaron 39 personas contratadas.

La depuración de la información suministrada arrojó como resultado igualmente que Duitama tiene la planta de personal más alta del departamento con 226 personas, le sigue Sogamoso con 197 y Chiquinquirá con 176 funcionarios.

En Puerto Boyacá no solo se dejaron de ejecutar 1.436 millones de pesos, sino que la nómina de empleados pasó de 2.201 millones en el 2006, a 3.155 millones el año pasado, a pesar de que el número de funcionarios se redujo de 336 en el año 2006 a 146 para el 2007.

Un caso similar se encontró en Ciénega donde pasaron de pagar 308 millones en el 2006 (25 funcionarios) a cancelar 573 millones en el 2007 (17 empleados).

Para el caso de municipios como Berbeo y Busbanzá el pago de mantenimiento vehicular se disparó hasta en un 300 por ciento.

En Busbanzá por ejemplo por ese rubro pasaron de pagar 8 millones en el año 2006 a cancelar 28 millones 500 mil pesos el año pasado.

La Contraloría además adelanta la auditoría a la Gobernación de Boyacá y los diferentes entes descentralizados del departamento. El informe se conocerá hacia mediados de octubre próximo.

A finales de este año en las 532 entidades que audita la Contraloría de Boyacá se implementará el Sistema Integral de Auditorías (SIA).

Con ese software la rendición de cuentas se hará por internet con una clave que el ente de control le entregará a cada una de estas entidades.