En menos de 15 días se sabrá quien es el distribuidor de los licores del departamento

Foto: Rodolfo González Prieto/Boyacá 7 días

En 15 días se sabrá si el departamento recupera el negocio de producción y comercialización de licores.

El equipo jurídico del departamento estudia si es conveniente retomar el manejo de la Industria Licorera de Boyacá.

Las 'papas calientes' que tiene que manejar el gobierno departamental de Boyacá

En menos de 15 días el departamento tomará una determinación sobre si debe dejar la producción de licores en manos de la empresa a la que se la entregó Miguel Ángel Bermúdez o si retoma el negocio de producción y comercialización de los licores de Boyacá.

Hace cuatro meses el Consejo de Estado profirió un fallo mediante el cual le dijo al Gobierno regional que puede dar por terminado ese contrato de concesión, pero el Gobernador de Boyacá ha decidido actuar con cautela.

Rozo dice que se está realizando un estudio jurídico y financiero para determinar si eso es lo más conveniente para los intereses de Boyacá o si es mejor dejar las cosas en su actual estado, previniendo nuevas equivocaciones.

Fernando Acevedo, quien recibió la concesión por parte de Bermúdez, ha dicho que el Gobernador actual debe actuar con prudencia y que no puede ser irresponsable, pues es necesario esperar decisiones de un Juzgado administrativo y del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá.

Rozo habló con Boyacá 7 días del tema del Parque Temático, de la Licorera y de las demandas de pensión por parte de los ex trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas.

¿Cómo se está actuando en el caso del mandamiento de pago por el caso del Parque Temático?

No vamos a dejar desplumar al departamento. Hemos presentado todos los recursos para defender a Boyacá, incluyendo una acción de nulidad ante el Tribunal Contencioso.

Insistimos en que la decisión del Consejo de Estado que libra mandamiento de pago se tomó sin tener en cuenta que las ordenanzas que autorizaron la creación de esa Corporación ya habían sido derogadas.

Ya pedimos que las providencias donde se derogan las ordenanzas sean tenidas en cuenta. El Tribunal debe derogar la decisión y el Consejo de Estado ya tiene esos documentos.

¿Pero qué tal que esos embargos efectivamente se produzcan y terminen afectando al departamento?

No porque hay unos términos para que el Tribunal resuelva la acción de nulidad y eso se vence el martes o miércoles próximos.

¿Ustedes han contemplado la posibilidad de dialogar o conciliar con la Corporación Parque Temático?

No. Al departamento no se le puede esquilmar de esa forma y la ley está con nosotros. Insistimos en que no hay piso jurídico para la decisión que tomó el Consejo de Estado.

¿Qué pasaría si se producen los embargos. ¿Qué tanto va a afectar las finanzas públicas?

Eso sería gravísimo pero eso no va a ocurrir. La Oficina Jurídica está muy atenta.

¿Qué pasa con las acciones Acerías Paz de Río?

Nosotros tenemos un grupo jurídico que no está asesorando. Nos preocupa que haya detrimento patrimonial. A medida que pasen los días hay ese detrimento porque las acciones van bajando de precio.

Tenemos un equipo estudiando cuál debe ser la salida e incluso se determinará se es necesario conciliar con Productividad.

¿Quiénes están interesados en comprar esas acciones?

Hasta el momento no está determinado porque primero debemos saber si se pueden vender sin que se genere ningún riesgo.

Nosotros queremos vender. Si se puede hacer ya sabremos quienes nos quieren comprar.

No pasó proyecto de concesiones y peajes

Otro tema bastante candente y sensible para las diferentes regiones es el de la concesión de vías y el cobro de peajes para su mantenimiento.

Un proyecto de ordenanza en este sentido fue presentado por el Gobierno regional en el último periodo de la Asamblea, pero los diputados se abstuvieron de aprobarlo.

Solamente fue aprobado por la Asamblea el proyecto para entregar en concesión de la pavimentación de la carretera Duitama-Charalá, que sería ejecutado por una firma particular. Esa empresa se encargaría de recuperar su inversión mediante el sistema de peajes.

Los diputados se abstuvieron de aprobar los sistemas de concesión para las carreteras Puente Camacho-Jenesano-Garagoa-Las Juntas; para la Troncal de la Esmeralda (en el occidente de Boyacá) y un trayecto vial del norte del departamento, entre otras, pero el Gobernador dice que se insistirá con esta iniciativa.

Esta es la fórmula que tiene el Gobierno de Boyacá para garantizar que esas vías tengan el mantenimiento adecuado en el futuro.

Rozo dice que para la instalación de peajes, si el proyecto es aprobado por la Asamblea, se realizarán los estudios económicos para no generar gran impacto en la comunidad, pues el Gobierno es consciente que muchos de los usuarios de estas vías son campesinos y pequeños mineros.

Según lo que está señalado inicialmente, el costo de esos peajes es mucho menor que el de los peajes que se conocen en la vía hacia Bogotá.
En el caso de la carretera Duitama-Charalá, el Gobernador dijo que cinco firmas ya han expresado su intención de hacerse cargo de la vía por concesión.

Óscar Ramírez, secretario de Infraestructura de Boyacá, sostiene que la pavimentación de esta vía puede costar más de 150 mil millones de pesos.