Debido a una desatención de los funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) en las obras de TransMilenio por la calle 26, la Secretaría Distrital de Ambiente abrió una investigación administrativa sancionatoria en contra de la directora de esa entidad, Liliana Pardo, por la presunta violación de las normas ambientales.

La causa de esta determinación la reveló EL TIEMPO el 14 de mayo: el consorcio Infraestructuras Urbanas S.A., contratista del IDU, rellenó los vallados y las zonas verdes de los separadores de la calle 26 sin tener el permiso para hacer las intervenciones.

Estas obras se realizaron en el sitio donde se instalará la estación Portal de Occidente, entre la avenida Ciudad de Cali y la carrera 97.

En este caso, explicó la directora legal de la Secretaría de Ambiente, Alexandra Lozano, el contratista no esperó a tener el permiso positivo e incurrió en una irregularidad, por no tener en cuenta las instrucciones técnicas para el manejo ambiental.

El proceso sancionatorio sigue en curso y se resolverá en un plazo de 3 a 5 meses. Según Lozano, "podría concluir una multa económica en contra del IDU o del contratista o una pena administrativa para los funcionarios responsables o el constructor, que quedaría inhabilitado para volver a contratar con el Estado".

La autorización para la ocupación de cauces había sido solicitada por el IDU el 30 de enero del 2009. Pero, sin esperar la resolución del permiso, el contratista inició las obras sobre los vallados. Estos funcionan como drenajes naturales en más de 44.600 metros cuadrados a lo largo de la calle 26 o avenida Eldorado.

Algunos directivos del IDU consideraron que el trámite del permiso se había dilatado en los escritorios de la Secretaría de Ambiente.

Pero apenas el 6 de abril el IDU presentó ante Ambiente la justificación técnica para la intervención y la eliminación de los cauces de aguas lluvias.

Obras suspendidas

De la mano de la investigación sancionatoria, la intervención de los vallados debió ser suspendida por orden de la Secretaría de Ambiente. Esta medida se aplicó durante dos semanas, a partir del 18 de mayo.

Después de conocer la medida de Ambiente, el IDU cumplió con los requerimientos para obtener el permiso de intervención.

"Verificamos que la afectación causada al vallado se había subsanado y el 3 de junio expedimos el permiso de ocupación de cauces", declaró Lozano.

El subdirector técnico de Obras del IDU, Aldemar Cortés, contó a EL TIEMPO que "desde que surgió la controversia alrededor de los vallados no se hicieron más intervenciones en la zona afectada". Incluso, dijo que la suspensión no perjudicó los demás trabajos que se realizan ese tramo de la troncal.

"Ahora, con el permiso, tenemos mayor margen de maniobra para intervenir los vallados y adecuar los desvíos para manejo de tráfico que nos exija la Secretaría de Movilidad", agregó Cortés.