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¿Qué puede responder la Comisión Interamericana?

El organismo podría solicitar que se haga respetar el debido proceso al que Petro tiene derecho.

El Gobierno analiza con detenimiento lo que podría ser el contenido de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le podría solicitar a Colombia aplicar para el alcalde de Bogotá.
Lo que pretende el Ejecutivo es prepararse política, jurídica e institucionalmente para proceder en caso de que el organismo internacional decida solicitarlas. (Lea también: Tres escenarios de Gustavo Petro frente a destitución del Procurador).
Aunque a juicio de varios expertos las medidas no son vinculantes para el Estado, Colombia siempre las ha aplicado siguiendo su tradición jurídica de respetar las instancias internacionales a las que está adscrita.
Pero, en este caso, dependiendo del contenido de las medidas y del impacto que puedan tener –escenarios que también analiza el Gobierno–, el Ejecutivo de Santos está obligado a tomar una decisión política sobre su aplicabilidad.
A juicio de los expertos, la CIDH tiene varias posibilidades. Por ejemplo, podría solicitarle a Colombia que haga respetar el debido proceso al que Petro tiene derecho, lo cual, según el propio Gobierno y el mismo Ministerio Público, se ha venido haciendo.
La decisión podría ir más allá y solicitarle al Estado que no aplique la destitución e inhabilidad que el procurador Alejandro Ordóñez decretó, hasta tanto se adopte una postura de fondo sobre todo el caso de Petro, en la Corte Interamericana.
El analista Jairo Libreros aseguró que este contexto implica una determinación política de Santos que, obviamente, debe estar sustentada jurídicamente.
“Aunque no es de obligatorio cumplimiento, pero siguiendo unas líneas jurisprudenciales, Colombia siempre ha respetado la decisión de la CIDH. Es decir, la haría cumplir”, afirmó.
Otro de los temas que podría incluir el organismo internacional en su respuesta es que le pida formalmente al Estado colombiano reformar su estructura constitucional en lo referente al funcionamiento y las facultades de la Procuraduría.
Esa opción sería una manera de reconocer que el problema no es responsabilidad del Gobierno ni un asunto de violación a la institucionalidad, sino un lío generado por un mal diseño de una figura del Estado. El mismo Gobierno ventiló esta posibilidad cuando el Ministerio Público tomó la decisión, y también ha sido planteada por distintos sectores políticos y de opinión. Incluso, el mismo Ordóñez se mostró dispuesto a dar el debate.
REDACCIÓN BOGOTÁ
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