Según denuncias de Carlos Fernando Galán la construcción actual no sirve para el tranvía.

El recién inaugurado puente vehicular de la carrera 7a. con calle 26 de Bogotá, que tuvo un costo de 3.700 millones de pesos, dejó enfrentados este martes a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

En una carta enviada al alcalde Gustavo Petro, el secretario de Transparencia, Carlos Fernando Galán, advirtió -basado en un concepto de la interventoría de esa obra- que el puente construido "no posee las características necesarias" para que por allí pase un tranvía. (Vea las imágenes del polémico puente de la carrera séptima con calle 26).

Según dijo Galán, esta situación "podría generar un serio detrimento patrimonial", ya que habría que derribar el puente y hacer uno nuevo para el paso del tranvía, lo que demandaría una inversión adicional que podría alcanzar los 8.000 millones de pesos.

"Resulta preocupante que las obras se adelanten sin tener clara su destinación específica", anotó Galán.

Sin embargo, la directora del IDU, María Fernanda Rojas, sostuvo que esa discusión técnica se planteó cuando se inició la construcción de la obra. "La estructura del puente que existe se va a conservar. Dependiendo del tipo de tranvía, se puede dejar la obra tal como está o hacerle un reforzamiento", explicó.

Así mismo, la directora del IDU recordó que la actual Administración recibió dicho contrato adjudicado. "Al momento de iniciar la construcción del puente, no era responsable decir qué tipo de tranvía íbamos a construir ni se podía suspender esa obra, vital para el funcionamiento de la troncal de TransMilenio por la calle 26", puntualizó.

REDACCIÓN BOGOTÁ