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Gremios se unen para demandar el POT decretado por Petro

El alcalde Petro dice que los empresarios "atacan que la ciudad pueda conseguir espacio público".

YESID LANCHEROS
Por considerarlo ilegal, los principales gremios de Bogotá instauraron una demanda contra el polémico Decreto 364, expedido por el alcalde Gustavo Petro y que modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la hoja de ruta que traza el desarrollo urbano de la capital del país.
Se trata de una acción de nulidad que ya está en manos del Juzgado Quinto Administrativo desde el pasado lunes, según una copia obtenida ayer martes por EL TIEMPO.
La demanda fue instaurada por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Fenalco y la Lonja de Propiedad Raíz. (Lea también: Los cinco puntos clave y polémicos del nuevo POT)
Además de dichos gremios, entre los demandantes figuran la Asociación de Residentes de Santa Ana Oriental, el concejal Julio César Acosta, de Cambio Radical, y cuatro arquitectos del Centro de Estudios Urbanos de la Universidad de los Andes: Juan Manuel Camacho, Luis Eduardo Barbosa, Francisco Pardo Téllez y Benjamín Gaitán Villegas.
La demanda pide que se declare la “nulidad total” del Decreto 364, firmado por Petro el pasado 26 de agosto, y menciona violaciones a la Constitución, a las leyes y a decretos distritales. (Desde el Congreso le piden a Gustavo Petro que derogue decreto del POT)
Pero no solo eso. También radicaron una solicitud para que dicho decreto sea suspendido provisionalmente.
“El Alcalde Mayor no tenía competencia para adoptar mediante decreto la modificación excepcional de las normas urbanísticas del POT a la luz de lo establecido en el artículo 313 de la Constitución, el artículo 12 de la Ley 810 del 2003 y el artículo 8 del Decreto nacional 4002 del 2004”, se lee en la demanda, de 49 páginas, presentada por el abogado Juan Manuel González Garavito.
Este jurista es el mismo que ha instaurado unos 30 procesos contra Planeación Distrital en los últimos siete años, que sumarían casi un billón de pesos.
En la demanda se recuerda que el proyecto de modificación del POT fue votado de manera negativa en la Comisión del Plan del Concejo, el pasado 7 de junio.
“El Alcalde actuó sin competencia, toda vez que esa prerrogativa únicamente nace a la vida jurídica si el Concejo no emite pronunciamiento alguno frente al proyecto de normatividad urbanística puesto a su consideración, lo que no sucedió en la situación bajo estudio”, argumentan los demandantes.
Recuerdan que la Contraloría Distrital, la Personería y la Veeduría “también pusieron de presente la ilegalidad, falta de planeación, ausencias de sustentos técnicos e inconveniencia de la propuesta de modificación”.
La demanda señala que, con la modificación del POT, no se cumplieron las exigencias de “participación democrática” y se omitieron las etapas de concertación y consulta ciudadana.
El alcalde Petro responde a demanda
Este miércoles, el alcalde Gustavo Petro afirmó en su cuenta de Twitter que los empresarios están atacando a la ciudad. “Cuando gremios atacan que la ciudad pueda conseguir espacio público en su construcción, atacan lo común, la posibilidad de convivencia”, manifestó el alcalde.
También, dijo que el abogado que demanda el POT a nombre de Camacol, según él, aspira quitarles a los bogotanos un billón de pesos a favor de los constructores y agregó que el POT baja los precios de la tierra. “Que residentes de Santa Ana Oriental demanden el POT que permite que juventud de Engativá tenga espacio público, no muestra más que egoísmo social”, sostuvo el alcalde.
La votación que se dio en el Concejo
Los demandantes se refieren en detalle a la decisión del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de modificar por decreto el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), pese a que el Concejo votó negativamente el proyecto en la Comisión del Plan. “El pretender que la única posibilidad que tiene el Concejo Distrital frente a un proyecto de modificación excepcional del POT es aprobar o someterse a los designios de la Administración, sin que su pronunciamiento negativo tenga efecto o incidencia alguna, es arbitrario”, dicen.
El alcalde Petro ha señalado que actuó conforme a la ley al expedir la modificación del POT por decreto.
YESID LANCHEROS
REDACTOR DE EL TIEMPO
YESID LANCHEROS
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