Luego de las denuncias hechas por este semanario, los funcionarios del ente distrital reconocieron que la situación es de alto riesgo para las comunidades del sector.

"Ahora, el primer paso para esta familia es hacer una solicitud formal ante la Dpae para que en el transcurso de 15 días se haga una visita técnica específica en el hogar en riesgo. Allí se determinará si el núcleo debe incluirse en el programa de reasentamiento", aseguró el Dpae.

Este programa de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, está reglamentado por el Decreto Distrital 230 de 2003, hoy la primera norma jurídica a la que esta familia debe acogerse.

Este programa fue diseñado por el Distrito especialmente para vivienda de estratos 1 y 2.

Una vez se establece el riesgo inminente, la Caja de Vivienda Popular lleva a cabo el proceso de reasentamiento de la familia. Este proceso podría tardar de 3 a 6 meses.

La historia de esta familia se remonta a la década de los 90 cuando víctimas de constructores piratas, y ante la falta de una normativa clara por parte de Planeación Distrital para este sector, se hicieron al lote que hoy habitan. En esta zona hay al menos 80 predios en las mismas condiciones. Muchos ocupados por bodegas de reciclaje y otro porcentaje azotado por expendios de drogas. Sin embargo, la situación de los Medina es particular por encontrarse en la ronda del canal Córdoba.

"En esa época el paisaje era bonito y el sector muy sano", dice Zunilda Ramírez, la abuela de esta familia.

Según autoridades locales, un tema de propiedad privada ha retrasado la reubicación de la familia. Un tercero que asegura ser propietario del lote y quien tiene un pleito casado con el Distrito es la piedra en el zapato para una justa reubicación.

Sin embargo, la familia tiene a favor los más de 17 años ocupados en el predio. Tema que en su momento sopesará la Caja de Vivienda Popular.

La Personería de Suba es hoy la entidad local más comprometida con el caso Medina. "Hemos adelantado varias gestiones ante el acueducto local, que es el primer organismo que debe constatar el nivel de emergencia", aseguró Pedro Pablo Becerra, personero local.

Por otra parte, Lucas Olivella, gerente para la zona norte del Acueducto de Bogotá, no se refirió al tema puntual de los Medina y prefirió subrayar que en general la problemática de deterioro ambiental del canal Córdoba en este tramo tiene raíces sociales.

El nudo del asunto

En su momento, el Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), con base en los acuerdos No. 06 de 1990 y 02 de 1997 y el Decreto 190 de 2004, reiteró que el predio efectivamente se encontraba dentro de la ronda del Canal Córdoba. Hoy, sin embargo, al existir un supuesto propietario, para poder recuperar la ronda, el Acueducto debería pagar por los predios. Y una vez pagado el terreno a un tercero, la familia Medina no tendría derecho a reubicación alguna, salvo que el Dpae defina en la visita técnica, que la familia está en inminente riesgo y que debe ser reubicada por encima de cualquier litigio.