Comunidad jesuita dice que la educación de calidad depende de la confluencia de recursos.

Si el Gobierno insiste en que el Colegio Mayor de San Bartolomé se acoja al decreto 4207 del 2011 que lo obligaría a no recibir ningún aporte económico de los padres de familia por ser beneficiario de un subsidio del Estado, estarían avocados a cobrarles pensión a los 1.525 alumnos de estratos 2, 3 que cursan sus estudios allí, a partir del 2013.

Mientras el Mineducación señala que la decisión es de las directivas del colegio, la comunidad jesuita dice que la educación de calidad depende del aporte de todos los actores: padres, Estado y fundación. Luis Felipe Gómez, vocero de la comunidad religiosa habló con EL TIEMPO.

¿Cómo venía funcionando el colegio?

Es un colegio privado que tiene una contratación especial con el Estado en virtud de la Ley 72 de 1983.

¿Cómo se financiaba la educación de los niños?

Una parte la ponían los jesuitas, otra los padres de familia con un pago único de matrícula y gastos académicos y otra parte era un subsidio del Estado. Teníamos una financiación tripartita. Así operó hasta el año pasado. Pero este año nos tocó devolverles el aporte a los padres.

¿Por qué?

El Ministerio nos dijo que para que el Estado nos siguiera dando el subsidio teníamos que devolver el dinero que habían dado los padres en virtud del decreto 4207 del 2011, que es muy bueno, pero que trae un parágrafo que se convirtió en la guillotina de los colegios que funcionan con confluencia de recursos. Dice que donde haya recursos del Estado no se les puede cobrar a los padres.

¿Y cuánto les tocó devolver?

Mil millones de pesos. Eso nos generó un gran déficit. Necesitamos de esos recursos porque nuestra educación es de mejor calidad.

¿Por qué defienden tanto su modelo de educación?

Es un colegio muy superior en el Icfes, generamos más oportunidad de becas y ayudas educativas por parte de universidades privadas. Averigüe en dónde están nuestros egresados. Nuestra pastoral forma niños con conciencia social sobre fenómenos como el desplazamiento o la violación de los derechos humanos, no solo es ir a misa. La dimensión de fe está ligada con la justicia. Formamos jóvenes críticos comprometidos con la transformación del país.

¿En qué anda el proceso?

La parte jurídica está actualmente en la sala de consulta del Consejo de Estado. Queremos que se nos permita contratar, que no nos apliquen a rajatablas el decreto de gratuidad. La Constitución dice que los padres de familia están en libertad de escoger la educación que quieren para sus hijos.

¿Qué dicen los padres de familia ante el riesgo?

Ellos quieren que sus hijos sigan teniendo una educación de calidad. Pero tuvimos que decirles que solo podemos hablar de escenarios. Les dijimos que si el Estado no nos permite la confluencia de recursos la fundación no podría sostener el proyecto.

¿Si hay acuerdo, cuánto pagarían los padres?

380.000 pesos de matrícula, 39.000 por sistematización de informes, por material de apoyo 194.000 y por biblioteca 183.000. En total son como unos 800.000 por todo el año.

¿Si no hay acuerdo, sería un hecho la privatización?

Sí; a partir del 2013. Pero estamos seguros de que puede haber alguna solución. La Compañía de Jesús pone 400 millones para el próximo año. Hay que entender que los buenos profesores valen.

¿Cuánto pagarían los padres mensualmente si no hay acuerdo?

Una mensualidad de 380.000 pesos. Ahí iría todo incluido.

El Ministerio de Educación informó que garantiza el sostenimiento de los estudiantes y que aceptar o rechazar estos recursos públicos depende exclusivamente de las directivas de la institución. Aclaran que "ningún colegio oficial ni privado, que atienda niños y jóvenes subsidiados por el Estado puede realizar cobro alguno a los padres de familia". La cartera anunció que la respectiva partida presupuestal para la vigencia 2013 ya se encuentra prevista. 

Este jueves el Ministerio sostenía una reunión con las directivas del colegio, para buscar un mecanismo que permitiera mantener la prestación del servicio sin afectar las finanzas del colegio y manteniendo la política de gratuidad.

CAROL MALAVER
Redactora de EL TIEMPO