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¿Bogotá está lista para plan de Petro contra las drogas?

Propuesta del Alcalde desata debate. Gobierno reclama evidencia científica de sus bondades.

La propuesta del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de construir centros para el consumo controlado de drogas, en las zonas con mayor índice de criminalidad, abrió este lunes un debate sobre la viabilidad de la iniciativa, en momentos en que se cuestiona la eficacia mundial de la lucha contra ese flagelo.
Expertos, líderes políticos y el Gobierno coincidieron en señalar que, pese a las buenas intenciones, este plan requiere una explicación a fondo y estudios serios que sustenten plenamente su eficacia. (Lea: Petro propone despenalizar las drogas en ciertos sectores).
El proyecto de Petro, según su explicación inicial, consiste en crear los Centros de Atención Médica para Adictos a las Drogas (Camad) con el fin de tratar al adicto mediante el consumo regulado.
Este lunes, bajo el calor de la polémica, el mandatario agregó que esto iría acompañado de "rehabilitación voluntaria y prevención". De esta manera, sostuvo, las 'ollas' y la cadena del microtráfico se podrían quedar sin clientes y, con ello, habría menos criminalidad. Aunque no dio detalles ni el tipo de drogas que se suministrarían, Petro anunció que las dosis se garantizarían con "las incautaciones".
"Los adictos sin dinero no tendrían que buscar plata y no entrarían en contacto con el microtráfico. Y si el microtráfico disminuye, su demanda se debilita", le dijo Petro a EL TIEMPO.
El Gobierno sentó su posición y le pidió al Alcalde entregar la evidencia sobre su propuesta y trabajar más en la prevención, tras recordar que no todos los consumidores son delincuentes.
Discusión de coyuntura
Este debate surge en un momento ideal, ya que el Gobierno sancionó, el pasado 31 de julio, la Ley 1566 de 2012. Dicha norma obliga al Estado a atender de manera integral a los drogadictos y a verlos como pacientes, y no como delincuentes. A ello se suma la voz del presidente Santos, que, en la Cumbre de las Américas, planteó la necesidad de abrir la discusión sobre la despenalización de las drogas.
Por ahora, se sabe que cada Camad costará unos 500 millones de pesos y tendrá un componente de asistencia móvil en las calles, afirmó Rubén Darío Ramírez, del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia. Su funcionamiento será como el de un centro de salud.
El psiquiatra Rodrigo Córdoba, expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, calificó esta propuesta de "audaz". "Opta por el mejor camino para manejar el problema: el de tratarlo como un asunto de salud y no policivo", aseguró.
Sin embargo, la presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, Beatriz Camaño, añadió que "no hay que reducir solamente los riesgos en el consumo de las drogas, sino el consumo como tal".
En el mismo sentido se pronunció la excandidata a la Alcaldía Gina Parody. "Lo que Petro ha planteado es un centro de consumo controlado y lo que Bogotá necesita es una política de rehabilitación y prevención. No hay un hospital que cuente hoy con una política pública amplia para esto", recordó Parody.
Por su parte, la Policía no le cerró las puertas a la idea de Petro y el director de la institución, general José Roberto León Riaño, subrayó que hay que mirarla como una "opción" dentro de "las estrategias que ayudarían a disminuir el consumo en el país". (Lea cuál es la posición de la Policía frente al tema).
Al terciar en la polémica, el exalcalde Antanas Mockus recordó que Bogotá, en el 2003, al final de su segunda administración, trató al adicto como un enfermo y calificó la idea de "coherente con la discusión internacional".
Relación con inseguridad
Hoy, lo cierto es que hay un vínculo entre la droga y el delito. Al menos así lo refleja una reciente encuesta realizada por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, de la Facultad de Economía de la U. de los Andes, que muestra que el 52,8 por ciento cree que hay una relación directa entre el consumo de marihuana y el delito. En esa encuesta, el 80,5% dijo que los drogadictos deben ser tratados como "enfermos", frente a un 4,2% que los ve como "criminales".
Sobre las ventajas de este plan en materia de seguridad, el analista Jairo Libreros, docente de la U. Externado, dijo que esta estrategia "alteraría el triángulo tenebroso de las 'ollas', el narcomenudeo y la corrupción policial. Las experiencias demuestran que las víctimas del consumo de drogas que son asistidas se convierten en colaboradoras de las autoridades para identificar a los responsables de los expendios, a los jíbaros y a los policías cómplices".
Petro fue claro en señalar que su idea solo se concretaría si tiene el visto bueno del Gobierno. Mientras se conoce un apoyo o rechazo, el debate quedó servido.
Con reportería de Federico Sánchez Rucinque
Gobierno Nacional lanzó advertencia
La ministra de Salud, Beatriz Londoño, advirtió en la noche del lunes que "en el marco del sistema de las Naciones Unidas, el Estado no puede suministrar drogas ilícitas a sus ciudadanos".
"Al Ministerio le interesa conocer la propuesta del Alcalde y la evidencia sobre la que está fundada. Debe ser estudiada y amerita revisar proyectos similares a nivel internacional. No me cabe duda de la intencionalidad positiva del Alcalde, y para el Gobierno es claro también que el consumo y la adicción deben ser manejados como un problema de salud, pero falta evidencia de cómo puede operar una medida así en personas adictas a sustancias psicoactivas distintas a la heroína", dijo la ministra.
Lo que se ha hecho en el mundo
En algunos países europeos, los gobiernos han enfrentado el problema de la drogadicción, especialmente con las llamadas 'drogas duras', con alternativas como las salas de consumo supervisado en las que se les suministran a los pacientes heroína u otras sustancias bajo ambientes controlados en materia de higiene. Más que un problema de seguridad, el criterio es de salud pública.
Dichas salas, también llamadas narcosalas, cuentan con supervisión profesional donde los adictos pueden consumir bajo estrictos controles, a cambio de que puedan tener asistencia profesional. Allí hay médicos, enfermeros, psiquiatras y psicólogos que al mismo tiempo que supervisan, por ejemplo, que cambien sus jeringas, puedan dar terapia.
La idea es alejar a los adictos del entorno sórdido y delictivo del mercado negro para acercarlos a tratamientos de rehabilitación y considerarlos enfermos, no delincuentes.
En la actualidad se estima que hay más de 60 salas de consumo en países como Holanda, Suiza, Alemania, España, Australia y Canadá.
Así mismo, hay varios proyectos para llevar este modelo a países como Francia, Dinamarca y Portugal, y adicionalmente varios académicos de todo el mundo analizan sus posibilidades y viabilidad en el abordaje de problemas de drogodependencia y en la prevención de transmisión de enfermedades como el VIH, las hepatitis virales, así como las muertes por sobredosis.
No siempre las iniciativas corren de la mano de los gobiernos, pues en algunos casos, bajo el consentimiento, autorización y supervisión estatal, organizaciones privadas adelantan este tipo de tareas, incluso en países de América y Asia.
Yesid Lancheros
Redactor de EL TIEMPO
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