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Procurador Ordóñez inhabilitó por 15 años al mandatario de la capital

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El alcalde anunció que apelará la decisión. Sus seguidores se concentran en la Plaza de Bolívar.

En primera instancia, la Procuraduría General de Nación destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Es la segunda vez, en dos años, que la capital del país se queda sin mandatario por irregularidades en su gestión, tras la suspensión de Samuel Moreno Rojas.

El fallo en contra de Petro puede ser apelado en una segunda instancia, que será resuelta por el procurador Alejandro Ordóñez.  (Lea las cinco razones de la Procuraduría para destituir a Gustavo Petro)

De hecho, se conoció ya que el Alcalde se tomará todo el tiempo que le da la ley, que es de unos 20 días, para apelar la decisión de destitución del procurador Ordóñez. El anuncio fue hecho por uno de sus abogados, Julio César Ortiz, quien calificó como una “extralimitación en sus funciones” el fallo divulgado este lunes por el Procurador. “No se cometió ninguna irregularidad”, dijo Ortiz, quien advirtió que “el alcalde está muy tranquilo” y lo único que le preocupa es la tranquilidad de la ciudad.

Tras la decisión de la Procuraduría, el Alcalde Mayor ha llamado a la ciudadanía a congregarse en la Plaza de Bolívar para protestar de forma pacífica. En el lugar se concentran varios manifestantes con pancartas de apoyo a Gustavo Petro y arengas en contra del procurador Alejandro Ordóñez. (Vea aquí fotos de la situación en la Plaza de Bolívar)

La Procuraduría calificó de gravísimas, a título de dolo, sus actuaciones en la puesta en marcha de un nuevo esquema de aseo en la ciudad, que arrancó el 18 de diciembre del 2012 y que tuvo serios problemas en sus inicios y que llevaron a la Administración a contratar nuevamente con las empresas privadas. (Lea también: Alcalde dice que sanción es golpe de Estado y pide movilizarse en paz)

La Procuraduría determinó que Petro, "de manera libre, consciente y voluntaria ordenó asignarle la prestación el servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad". Esto dio como resultado "la grave emergencia que afrontó la ciudad para los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012". (Lea también: Las reacciones del fallo)

Añadió la Procuraduría que también hubo "deliberada improvisación en la compra y alquiler de compactadores nuevos y usados" que generaron detrimento al Patrimonio y obligó a que el distrito volviera a contratar a los operadores privados, "de quien, dijo el Alcalde, pretendía descartelizar".

En esa oportunidad, cuando la Alcaldía apostó porque el servicio lo prestara exclusivamente la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, la ciudad se sumió en un caos, debido a que durante varios días no se recogieron los residuos en varias localidades de la ciudad. (Lea también: Las basuras, el talón de aquiles de Petro)

En su acusación, el Ministerio Público cuestionó que Petro improvisó y no planeó la implementación del esquema y la inclusión de la población recicladora de la ciudad, tal como se lo ordenó la Corte Constitucional.

Entre los reparos fue expedir normas -pocos días antes del comienzo de la implementación- que limitó solo a las entidades del Distrito la aplicación del esquema que, para la Procuraduría, no estaban preparadas para asumir el proceso.

De igual manera, para el procurador delegado Juan Carlos Novoa Buendía, quien llevó la investigación, las fallas que se cometieron pusieron en riesgo el medio ambiente y la salud de los bogotanos.

En sus descargos, la defensa de Petro afirmó que la Procuraduría no es competente para destituir a un funcionario elegido en elecciones, negó que haya improvisado y que se le violó el debido proceso.

De hecho, a finales de octubre, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una persecución de la Procuraduría General en contra del alcalde de Bogotá.

REDACCIÓN ELTIEMPO.COM

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