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La sentencia que pondría a tambalear el POT de Petro

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Plan de Ordenamiento Territorial

El Plan de Ordenamiento Territorial define las pautas urbanísticas para el desarrollo de Bogotá.

Pronunciamiento de Consejo de Estado dejaría sin fundamento expedición del decreto por el Alcalde.

Una sentencia del Consejo de Estado podría poner en aprietos la polémica decisión tomada por el alcalde de Bogotá, Gustavo de Petro, en el sentido de modificar por decreto el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la hoja de ruta que define el desarrollo de la ciudad.

Durante una rueda de prensa en Ciudad Bolívar, el pasado martes al mediodía, el mandatario explicó el soporte jurídico que lo llevó a tomar esta medida, duramente cuestionada por los gremios y el Gobierno Nacional.

Ese día, Petro leyó apartes de la Ley 810 del 2003 y explicó que dicha norma lo facultó para expedir el POT por decreto.

“Si el Concejo no aprueba en 90 días calendario la iniciativa, lo podrá hacer por decreto el alcalde”, señala textualmente el artículo 12.

La tesis que sostiene el Distrito en relación con este artículo es que el Concejo, evidentemente, no aprobó las modificaciones del POT –pues el proyecto fue negado por la Comisión del Plan el pasado 7 de junio– y por esa razón Petro lo expidió por decreto.

Sin embargo, una sentencia del Consejo de Estado del 11 de febrero del 2010, con ponencia de la consejera María Claudia Rojas Lasso, difiere de la interpretación dada por Petro al artículo 12 de la Ley 810 del 2003.

En esa ocasión, sobre un pleito por el POT de Ubaté (Cundinamarca), el alto tribunal reiteró que los alcaldes solo pueden adoptar los planes de ordenamiento territorial por decreto si el Concejo no adopta alguna decisión durante 90 días luego de presentado el proyecto por la Administración.

Es decir, la decisión de Petro podría afrontar problemas si se tiene en cuenta que el Concejo sí tomó una decisión al negar la iniciativa.

Eso obligaba al Distrito a radicar nuevamente las modificaciones del POT para ser debatidas por el cabildo durante las sesiones ordinarias.

En su defensa, el Distrito señala también que el artículo 12 de la Ley 810 del 2003 modificó una norma anterior: el artículo 26 de la Ley 388 de 1997.

Esa norma decía que los POT podrían expedirse por decreto si, luego de 60 días, el Concejo no había adoptada ninguna decisión.

El miércoles, la concejal María Victoria Vargas, del Partido Liberal, recordó que los exalcaldes Enrique Peñalosa y Antanas Mockus expidieron sus respectivos POT por decreto porque “el Concejo no se pronunció. Hoy, la situación es distinta, pues el cabildo sí tomó una decisión al respecto”.

Tras ser consultada sobre la sentencia del Consejo de Estado, la concejal Vargas informó que, precisamente, el pasado 4 julio le elevó una consulta al Consejo de Estado, a través del Ministerio del Interior, para que dirima la interpretación del artículo 12 de la Ley 810 del 2003, que hoy soporta la polémica decisión de Petro.

‘No hay doctrina’

En diálogo con EL TIEMPO sobre la sentencia del Consejo de Estado, Petro dijo: “Es muy difícil sustentar que nosotros violamos la ley”. Señaló que “no hay doctrina jurídica sobre el tema”. “Indudablemente, iremos con el POT de Bogotá a una clarificación jurídica”, añadió.

‘Van a ganar menos’

En entrevista con EL TIEMPO, el secretario de Planeación, Gerardo Ardila, explicó los alcances del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.

Si el Concejo no avaló el POT que había presentado la Administración, ¿por qué se podía sacar por decreto?

Lo pudo hacer porque hay una norma que lo permite, que es la Ley 810 del 2003, que dice que, cuando el Concejo no aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial, el Alcalde lo puede adoptar por decreto.

¿Hoy qué podría hacerse con ese POT?

Podemos hacer proyectos de vivienda en las áreas centrales con mayor facilidad. En segundo lugar, construir equipamientos de todo tipo en los barrios populares: casas de justicia, juzgados, fiscalías, centros de salud, escuelas y jardines infantiles, que no se podían hasta el día de ayer; y en tercer lugar, la densificación de la ciudad cambia.

¿Qué tanto afectará a los constructores?

Hablando con toda sinceridad van a ganar menos, pero hicimos ejercicios que compartimos con el Gobierno y siempre las tasas de retorno, es decir, la ganancia, están alrededor del 15 por ciento. Todo el mundo sabe que un negocio que pasa del 10 por ciento es un buen negocio, de manera que ya no van a ganar el 30 ni el 25, pero de todas maneras ganarán decentemente.

¿Es norma absoluta o es posible ajustarle cosas?

Creo que se pueden hacer ajustes en el futuro. Estamos haciendo una simplificación normativa, que, en la medida en que disminuye tiempos de gestión, aumenta las facilidades del negocio.

YESID LANCHEROS
REDACTOR DE EL TIEMPO
yeslan@eltiempo.com

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