La institución deberá pagar 283 millones de pesos y ofreció disculpas por el hecho

La Policía Nacional indemnizará con 500 salarios mínimos (unos 283 millones de pesos) a la familia del menor Wílmer Alejandro Bernal, de 15 años, quien murió ocho días después de haber sido incinerado a manos de dos exintegrantes de la institución, en la localidad de Suba.

Así quedó establecido tras una audiencia de conciliación, presidida por la Procuraduría General de la Nación, en la que, además, la Policía presentó excusas a los familiares del adolescente y a la sociedad por los hechos ocurridos el 6 de febrero bajo un puente del barrio Jaime Bermeo.

Ese día, el expatrullero Carlos Díaz y el exintendente Carlos Danilo Posada, en ese entonces adscritos a la estación de policía de Suba, realizaban labores de vigilancia en el marco del 'plan social' y, tras rociarlo con gasolina, le prendieron fuego a una especie de cambuche, en el que estaba el menor de edad.

El joven fue trasladado de urgencias al Hospital Simón Bolívar con quemaduras en el 50 por ciento del cuerpo, pero murió una semana después.

Tras una investigación interna, la Policía destituyó a los uniformados, que quedaron luego a disposición de la justicia. Así mismo, ambos fueron inhabilitados por 20 años -la máxima sanción interna de la Policía- para ejercer cargos públicos.

Los exmiembros de la institución, que permanecen en la cárcel La Picota, serán llamados en los próximos días a la audiencia de condena, que podría superar los 40 años de prisión.

La Policía tiene un plazo de 18 meses para pagar la suma a la familia del muchacho y además debe publicar copias del acta de conciliación en lugares visibles de todas las estaciones de la Policía Metropolitana.

De acuerdo con la coronel Liliana Ramírez Tabima, inspectora delegada especial de la Policía Metropolitana de Bogotá, este año 84 uniformados han sido destituidos por violar algún punto del régimen disciplinario de la institución (Ley 1015 del 2006 y Ley 734 del 2002).

Igualmente, se han abierto 3.026 investigaciones contra miembros del organismo desde el 2010. Solo este año se han resuelto 350 casos.