En Bogotá se detectó una organización que participa en cada una de las fases de la cadena.

Este año 41 personas han muerto electrocutadas, pegadas a un poste de la luz o del teléfono cuando robaban cable. La cifra tiene en alerta a las autoridades, que han dedicado un grupo especial de la Policía para desarticular la mafia que se mueve detrás del hurto de cable para la extracción de cobre.

Uno de los puntos de partida de la Dijín es la pregunta del porqué si Colombia no es productor de cobre sí aparece en la lista de exportadores de este metal.

Las primeras investigaciones arrojaron que entre el material exportado a países como China, Corea, Taiwan y Estados Unidos estas redes estarían camuflando en contenedores legales cobre hurtado, especialmente en Bogotá, Medellín y Cali, donde está concentrado este delito.

Por eso, las investigaciones están dirigidas a seguir la trazabilidad del metal reciclado y que es vendido en el exterior. "El objetivo es establecer si el material que es exportado proviene de actos delictivos", señaló el general Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la Policía.

En el caso de Bogotá, la Policía tiene detectada una organización compuesta por 10 personas que participa en cada una de las fases de la cadena criminal. Cuentan con receptadores (ladrones que se dedican a conseguir el cobre), limpiadores (los que extraen el metal y lo convierten), comercializadores y transportadores.

La red, de acuerdo con el expediente, recluta a ladrones que usan uniformes de empresas de servicios públicos para aparentar arreglos eléctricos, cuando en realidad están dedicados a robar miles de metros de cable. Además, tienen contacto con chatarrerías que cumplen con la función de recaudar el cableado para "reducirlo", extraer el metal y convertirlo. 

También estas mafias aprovechan el material que indigentes roban y que luego son vendidos a las chatarrerías, que a su vez tienen contacto con estas redes para traficar el metal por la Costa Atlántica.

"Un habitante de la calle puede vender a 8 mil pesos el kilo de cobre, lo que le alcanza para subsistir en un día. A ese precio lo compra el chatarrero, que luego lo vende en promedio a 22 mil pesos", señala la Policía.

En lo corrido de este año 186 personas han sido capturadas por este delito y han sido incautados 92 mil metros de cable. Lo que se pretende ahora es "cortar la cadena criminal" desde el hurto.

La Dijín trabaja en establecer cuánto del material exportado hace parte de las cifras de robo, y la estrategia es detectar la trazabilidad del cobre en las fundas del metal, pues allí aparecen códigos que permiten detectar de dónde proviene el metal.

"Estamos trabajando en neutralizar un delito que utiliza el mercado internacional para comercializar un material hurtado y que pone en riesgo la vida de decenas de personas", concluyó el general Palomino.

REDACCIÓN JUSTICIA
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