Juan Ricardo Ortega se vio envuelto ayer en un juicio público en el Concejo de Bogotá, por cuenta de las multas que le colocaron en 1998 y 1999 por violar la restricción de pico y placa.

El 21 de abril del 2008 Ortega tramitó ante el Fondatt, de la Secretaría de Movilidad, la exoneración de las multas para quedar a paz y salvo y poder importar un vehículo.

Transcurridos más de cinco años sin haberlos pagado, según el mandamiento de pago que le envió el Fondatt en junio del 2005, el funcionario solicitó -como lo puede hacer cualquier ciudadano bajo esta condición- la prescripción del cobro.

El 22 de abril, el Fondatt aprobó la petición del Secretario de Hacienda.

El concejal Orlando Parada ventiló el tema en el Cabildo.

"Esta no es la conducta que debe tener el Secretario de Hacienda de Bogotá, que utiliza atajos para evitarse el pago de dineros a la ciudad. Él tiene una obligación moral con los bogotanos", criticó Parada.

Por infringir el pico y placa, en 1998, a Ortega le correspondía pagar 34 mil pesos y, en 1999, 39.500 pesos. Pasado el tiempo, el total de la deuda habría llegado a 147 mil pesos.

En su defensa, Ortega respondió que sí efectuó el pago de las sanciones. Incluso mostró un recibo del 28 de septiembre de 1998 por 17 mil pesos -la mitad del valor del comparendo-.

Ortega argumentó que en ese entonces no tenía tiempo para ocuparse de ese tipo de trámites y designó a su chofer para ello. "Claro que cumplí, pero en este país a uno le siguen cobrando a pesar de que haya pagado", dijo.