Las obras se aprobaron sin tener en cuenta servicios públicos y zonas de reserva forestal, dice la la Contraloría Distrital.

Más de 300 viviendas que empezaron a construirse en esos sectores desde hace siete años, están en el ojo de las autoridades. Cada proyecto le costó a su propietario alrededor de 450 millones de pesos.

Así lo advierte una auditoría hecha por la Contraloría Distrital a las 5 curadurías de Bogotá, en la que encontró anomalias en algunos documentos expedidos del 2001 en adelante.

Entre las licencias irregulares figuran las de los conjuntos Torremolinos y Camino de Arrayanes (Suba) y una ubanización en Chapinero Alto.

La contraloría ya le pidió a Planeación Distrital revocatoria de sus licencias.

No había disponibilidad para la adecuación de servicios públicos, dijo el organismo de control en el caso de Torremolinos. El entonces curador No. 4 habría aprobado la licencia para construir esas viviendas sin ese requisito.

Cuatro años después, en el 2005, la misma Curaduría, volvió a dar el visto bueno para la construcción de una segunda torre, que tampoco contaba con esta obligación.

El lugar en el que se construyó la urbanización corresponde a un área de reserva forestal regional, donde está prohibido urbanizar.

El contralor Miguel Ángel Moralesrussi aseguró que solo hasta el año pasado los constructores realizaron la solicitud para que les autorizaran el alcantarillado. "Al revisar -dijo el funcionario- nos encontramos con que las licencias de estos conjuntos no cumplen los requisitos de las normas urbanísticas. Por eso solicitamos la revocatoria", aseguró Russi.

El caso de Arrayanes, un conjunto ubicado en la calle 213 con carrera 114, sucedió algo similar: la licencia fue aprobada sin que existiera la aprobación de los servicios públicos. Y el área donde se encuentra no podía ser urbanizable, pues el terreno esta declarado como suelo de protección.

"En Chapinero, las zonas que los constructores cedieron para parques son prácticamente una pendiente; no se puede construir nada. Algunas ni siquiera cuentan con acceso vehicular", dijo el contralor. La situación es tan crítica que incluso los mismo residentes dicen sentirse engañados por los constructores.

Germán Castañeda, de Camino de Arrayanes, asegura que esos terrenos eran rurales y que al momento de entregar las licencias no existían reglas claras sobre su urbanización. "Nos vendieron sin conocer los verdaderos problemas que tenía el conjunto", dijo.

Constructores se defienden

Ante las denuncias, el secretario de Planeación, Óscar Molina, aseguró que su despacho empezará el análisis técnico y jurídico del caso para adoptar las medidas pertinentes.

Los constructores de las urbanizaciones de Suba se sorprendieron al conocer la solicitud de revocatoria de las licencias. Un vocero de la constructora Pijao, responsable de la quinta etapa de Torremolinos, aseguró que su licencia fue obtenida de forma legal.
"Tenemos todo en regla. Hicimos todos los trámites como lo señala la ley y según los requisitos de la curaduría urbana", dijo.

Algo similiar dijo Daniel Pombo, diseñador del proyecto Camino de Arrayanes. "Creo que hay una mala lectura porque sí tenemos servicios públicos. Tampoco es cierto que sea suelo de protección, pues hay una resolución de urbanismo que autoriza nuestra construcción".