El Batallón Paraíso, una equivocada gobernanza Barranquilla

El Batallón Paraíso, una equivocada gobernanza Barranquilla

Experto recomienda a la Alcaldía conseguir recursos a través del impuesto a la plusvalía urbana.

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En este espacio en el nororiente de Barranquilla se contempla la construcción de un megaparque ecológico y un plan de vivienda social.

Foto:

Archivo particular

06 de noviembre 2016 , 01:41 a.m.

La Administración Distrital viene sosteniendo que no existen suficientes recursos para adquirir el terreno que ocupa el Batallón Paraíso y convertirlo en un gran parque público como quiere la ciudadanía y lo necesita la ciudad. Y en su defecto, plantea una actuación urbanística que entrega a Constructora Bolívar una tercera del predio para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario.

Pero existe en Colombia, buenos ejercicios fiscales donde se podría aprender cómo se gestionan recursos locales para la financiación y construcción de espacios públicos. Veamos:

El 14 de diciembre de 2009, el municipio de Bello (Antioquia), de tan solo 458.173 habitantes, le cobró a las Empresas Públicas de Medellín por impuestos a la plusvalía urbana, la suma de 89.000 millones de pesos al permitirle construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en un terreno de 46 hectáreas, ubicados en la llanura aluvial del municipio, cuando en virtud del Plan de Ordenamiento territorial la Administración modificó el uso del suelo, que anteriormente era dotacionales, a uso comercial.

Esa suma de dinero recibida por el municipio de Bello, equivale al doble de la inversión al debe, que hizo en adecuación de parques en la ciudad, la pasada Administración Distrital de Barranquilla.

El municipio de Gachancipá, de tan solo 14.442 habitantes, fue destacado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) como uno de los municipios que más ha recibido ingresos por plusvalía en Cundinamarca, durante los últimos años.

En efecto, entre el 2010 y 2014, de los 21.880 millones de pesos de ingresos corrientes que tuvo el municipio, el 67 por ciento han estado asociados a uso de suelo. Por predial, en el 2015, se recogieron 1.121 millones, lo que equivale al 5,1 por ciento. Mientras que por plusvalía los recursos superaron los 13.557 millones.

El caso Montería

Sin ir muy lejos, en nuestra Región Caribe, el municipio de Montería, a través del acuerdo nº 20 del 2004 y el decreto nº 0054 del 2015, reglamentaron debidamente el cobro del impuesto a la plusvalía, y desde entonces se ha convertido en el gran musculo financiero del desarrollo urbano de la ciudad, con sus grandes inversiones en espacio público, vivienda de interés social, restauración del patrimonio, tal como lo exige la ley 388.

De esta transformación fiscal y urbana, dan fe, el exalcalde Carlos Eduardo Correa, y el dos veces alcalde Marcos Daniel Pineda García. La visión de estos alcaldes y el correcto manejo del impuesto a la plusvalía le ha permitido disminuir la pobreza en Montería en un 10 por ciento y hacer de la ronda del Sinú, el espacio público por excelencia visitado por toda la población.

Al fin y al cabo todos son iguales en el espacio público, y si este se incrementa y se mejora su calidad ambiental se fomenta la equidad social, indispensable para construir una verdadera democracia.

Comportamiento

Pero por otro lado, en Barranquilla,, en octubre del 2013, la Contraloría General de la República realizó un informe de control excepcional sobre los recaudos por contribución de plusvalía generada vigencia 2009 a 2012 a solicitud presentada el 10 de abril del 2013 por la Corporación Cívica Amor por Barranquilla para que se investigara el “porqué no se ha hecho efectivo el cobro del impuesto de plusvalía a los inmuebles ubicados en la zona urbana de Barranquilla”.

Pues bien, a pesar de los alegatos que presentaron los abogados de la Alcaldía, la Contraloría concluyó que hubo falta disciplinaria (CGR- DVF-CDGPIF) puesto que no se cumplió con los principios de eficiencia y eficacia, al no haberlos cobrados, incluso señaló que después de 5 años de aprobación por el Concejo dicho recaudo, ni siquiera se había considerado su ingreso en el presupuesto del distrito.

Si tenemos en cuenta que el Concejo Distrital mediante el Acuerdo nº 0014 del 29 de septiembre del 2004 ya había aprobado el cobro de ese impuesto, se puede concluir que ha presentado un deterioro del patrimonio público del Distrito durante doce años y no ha permitido hacer las inversiones en VIS, obras de recreación y espacio público, fomento de la creación cultural y el mantenimiento del patrimonio de municipio tal como lo estipula el artículo séptimo de dicho Acuerdo.

Ni el Movimiento Ciudadano, ni Cambio Radical, las dos agrupaciones políticas (ideológicamente opuestas) que ha detentado el poder municipal en Barranquilla, desde que se instituyó el cobro de la plusvalía urbana, desarrollaron ni las competencias administrativas, ni han tenido la voluntad política para implementarla.

Ambas administraciones, dejaron pasar por alto, el cobro de la plusvalía generada por el incremento en la edificabilidad en Alto Prado en los últimos años, o el efecto que tuvo en el valor de las tierras distritales los planes parciales de ‘La Cordialidad Circunvalar’, ‘Centro empresarial y de negocios Puerta de Oro’, ‘Villas de San Pablo’, ‘Villa Caribe Verde’, entre otros. Suficientes recursos se obtendría para construir el ‘Parque Paraíso’ y tal vez otros más.

A ver ejemplos

Una comisión del alto gobierno de la Alcaldía Distrital debería visitar a los municipios de Bello, Gachancipá o Montería a fin de que observen como lo están haciendo estos municipios.

Lo sucedido con el desarrollo urbano de Barranquilla en los últimos doce años deja serias dudas sobre el discurso de equidad que esgrimen los alcaldes de Cambio Radical que la han gobernado; entre otras porque la financiación del modelo de ciudad que promocionan grava a todos por igual. Verbigracia el ilegal impuesto local a la telefonía celular.

En cambio ha habido una desidia cómplice en implementar de veras este tributo sobre la plusvalía urbana, haciéndose los de la vista gorda para que no les sea cobrada a los dueños del suelo urbano que se benefician de la valorización. Que entre otras cosas, tienen poderosos vasos comunicantes con el concejo y la alcaldía, propiciando un manejo acomodado de las decisiones públicas en favor de sus intereses inmobiliarios. 

Carlos Bell Lemus, es doctor en arquitectura de la Universidad Nacional. Magister en Proyectos de Desarrollo Social. Exdirector de Planeación Distrital .1993.

CARLOS BELL LEMUS (*)

BARRANQUILLA

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