Solo bajo el supuesto de que el dueño era un grupo armado ilegal se podía explicar que en los nueve años que llevan allí como invasores nadie los hubiera instigado a que desocuparan, pero sabían que el día iba a llegar.

El silencio terminó en octubre del 2007, cuando se apareció una abogada de unos 30 años, baja, algo robusta y de cabello crespo; tomó fotos y dijo que era de Representaciones Guval, una firma bogotana que había adquirido los derechos, y que si se querían quedar, cada uno debía pagar 2'300.000 pesos por el derecho.

Las personas con las cuales habló EL TIEMPO no recuerdan su nombre, sólo que la acompañaba un hombre mayor que ella.

"Le contestamos que cómo íbamos a comprar lo que ya era de nosotros", contó Óscar Molina, habitante del sector y abogado que ahora representa a la comunidad.

Lo curioso es que ante la negativa de la gente a sus pretensiones, la abogada desapareció y jamás se volvió a hablar del asunto, hasta el hace una semana, cuando un grupo de uniformados de la Fiscalía inició las diligencias para la extinción de dominio.

Ahí se reveló que Guval era filial de DMG, la empresa con la que David Murcia Guzmán defraudó a más de 260.000 personas de todo el país.

La sorpresa fue grande, pero no han podido enajenar nada, por lo menos hasta el momento, porque en vez de un terreno de engorde, las autoridades hallaron cerca de 150 casas, levantadas por autoconstrucción y habitadas por unas 500 personas humildes.

El problema ahora será balancear los derechos de los ahorradores de DMG que están a la espera de que les devuelvan lo que invirtieron después de que el Estado recupere los bienes del conglomerado empresarial, con la necesidad de la gente pobre que vive en el sector y que difícilmente estaría dispuesta a abandonar lo único que tiene.

Campiñas de San Fernando queda a cuatro cuadras del parque de Amagá, por una cuesta que finaliza en el coliseo municipal. En la única vía pavimentada que le sirve de límite se destacan diez casas con chambrana roja, producto de un proyecto de vivienda de 1996; también son las únicas con escrituras; las demás están sobre tres calles en tierra, no cuentan con títulos de propiedad y la mayoría sigue en obra negra.

En catastro de Amagá está identificado con la matrícula 033-0008548. Era parte de un lote más grande, de propiedad de Tomás Nieto, un hombre del que poco se sabe en el pueblo porque al parecer hace años se fue.

En 1993 él le vendió una parte a Alejandro Londoño y a otros inversionistas, cuya intención era sacar adelante un proyecto de vivienda, según el relato de los pobladores. Ese mismo año se constituyó una hipoteca con Concasa, pero la pagaron en 1995.

El siguiente titular, Constructora Los Balsos, lo compró en 1996 por 70 millones de pesos y empezó a impulsar una urbanización con 130 casas que se ofrecían sobre planos a 35 millones de pesos. Para financiarse se hipotecó con el Banco Granahorrar.

En 1999 el Municipio embargó a Los Balsos en un cobro coactivo de los impuestos que debía y desde ese mismo año los trabajos quedaron paralizados. Solo habían alcanzado a hacer las primeras diez casas.

Al año siguiente Granahorrar enajenó el lote para pagarse lo suyo, y en el 2007 se lo traspasó a Guval, empresa de la que no se sabía nada en Amagá hasta la aparición de la abogada.

Entre tanto, los banqueros y jueces debatían la propiedad legal del predio, de todo Amagá y otros municipios del suroeste antioqueño aprovecharon que éste no contaba con doliente y decidieron resolver por sí mismos su falta de techo metiéndose sin  permiso o comprándoles a otros invasores.

José María Lopera, quien preside la Acción Comunal, cuenta que él, por ejemplo, vivía en Fredonia, un pueblo vecino, cansado de pagar arriendo. En el 2001 adquirió un lote por un millón de pesos, luego otro por 2'600.000 y otro por 3,5 millones, sólo que  se trataba apenas del traspaso de un derecho de posesión, porque por acá nadie contaba con escrituras.

La alcaldesa de Amagá, Auxilio del Socorro Zapata, recuerda que, tras ser electa, en diciembre del 2007 la visitó en su casa la abogada de Guval con la intención de presentar sus credenciales sobre el terreno de San Fernando, pero no la volvió a ver más  después de que le insistió en que todavía no se posesionaba y por tanto el tema debía tratarlo con el mandatario en ejercicio.

"Ya en este momento se sabe que hay que esperar -aunque no nos consta que el dueño sea ese señor (David Murcia)- que esto pueda quedar del Gobierno, que nos paguen la posesión o nos saquen a la fuerza", dijo José Ortiz, un morador de Campiñas de San Fernando.

Por lo pronto, se nota confianza en el ambiente del barrio, con todo y el revuelo por la diligencia del CTI de principios de esta semana.

En su sitio continúan los colgandejos de costal a manera de guirnalda y el resto de los adornos que hicieron con la colaboración de todos. Tres abogados, que a la vez son habitantes del sector, preparan sus argumentos.

AMAGÁ (Suroeste antioqueño)