Quince paramilitares del bloque Bananeros, un testaferro que se hacía llamar Juan Uribe y un notario traído de Chigorodó se encargaron en 1996 de que 23 familias de la vereda Guacamayas de Turbo (Urabá antioqueño) en menos de una semana fueran desterradas y despojadas de los títulos de propiedad de sus tierras ganaderas y de cultivos de pancoger.

Carlos Páez, con 17 años fue el único que se negaba a darles las 200 hectáreas de la finca que forjó su padre. No tuvo opción tras 20 días de acosos. "No se por qué no me mataron", cuenta 13 años después mientras espera que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín acepte la solicitud de cancelación del título de propiedad que las Auc le quitaron con fraude a través de un de testaferro.

El de Páez está entre 19 casos de solicitud de restitución por parte de la Comisión regional de restitución de bienes en Antioquia a los magistrados de Justicia y Paz. Son 2.200 hectáreas en Apartadó, Turbo, Necoclí, Mutatá, Sopetrán y Sonsón, donde el Élmer Cárdenas, Noroccidente, Magdalena Medio y Bananero desterró a 95 personas.

"Hasta ahora la Comisión tiene 1.870 casos de reclamación de tierras, 218 son de ventas forzadas y falsificación de documentos y en 128 más las víctimas tienen el título pero no poseen la propiedad", dijo Gerardo Vega, coordinador en Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

La Comisión encontró casos donde se suplantó a los titulares del predio para configurar la venta falsa. Así ocurrió en 1997 en Sonsón (oriente) donde Hernando Cardona fue asesinado por 'paras' del Magdalena Medio y un documento de notaría certifica que vendió la tierra usurpada en 1999.

Otro caso es el de Tulapas, en Turbo, donde 409 hectáreas hoy aparecen legalmente a nombre de la esposa e hija de Carlos Castaño. Esos terrenos englobados en un solo título son reclamados por sus 105 familias que denunciaron su destierro. Además, Freddy Rendón 'El Alemán' ofreció en el 2007 al fondo de reparación parte de esas tierras.

"La Fiscalía dictó medida cautelar de embargo sobre ellas. Esperamos que los tribunales no los hagan parte de la reparación y se devuelvan a los verdaderos dueños", dijo Jennifer Mojica, de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) que coordina la restitución en Turbo.

Por lo pronto, estos primeros 19 casos de cancelación de títulos, si bien son competencia de la justicia ordinaria, fueron remitidos por la Comisión de restitución a Justicia y Paz como ruta excepcional y por la gravedad de los casos.

"Con estos primeros casos debe haber una ruta jurídica directa para su resolución", dijo Sandra Rojas, defensora regional del pueblo.

Los miembros de la Comisión esperan que haya una respuesta positiva de los magistrados de Justicia y Paz y sentar un precedente: no esperar que concluya el proceso penal de los desmovilizados para que las víctimas gocen de reparación.

También las familias despojadas esperan regresar a sus tierras a las que no volvieron pero saben que terceros, de buena o mala fe, explotan. "Ha pasado mucho tiempo, pero aún confiamos en que haya justicia y reparación", opina Carlos que espera volver a sus correrías en la finca en que su padre le enseñó a defender lo propio.

Juan Fernando Rojas
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
MEDELLÍN