$ 24.000 millones se pagó por sacar tuneladoras sepultadas

$ 24.000 millones se pagó por sacar tuneladoras sepultadas

Las máquinas quedaron abandonadas a su suerte hace 7 años en medio de un litigio.

Tuneladoras

Esta es la parte delantera de una de las tuneladoras que bloquearon por siete años la continuidad de las obras para descontaminar el río Bogotá.

Foto:

César Melgarejo / ELTIEMPO

23 de enero 2018 , 08:41 p.m.

Con un overol embadurnado de aceite, grasa, polvo y salpicado por las esquirlas de la soldadura, Nelson Moreno, de 48 años, se aferra a su arnés, a la Virgen y a Dios para sumergirse en el vacío, a 70 metros de profundidad.

Él y otros 60 trabajadores, entre electricistas, mecánicos, ayudantes y soldadores, bajan todos los días a las entrañas de la tierra en el sector de Canoas, al suroccidente de Bogotá, a un lado de la variante que conecta a Mondoñedo con Soacha, para desarmar, pieza por pieza, las dos poderosas tuneladoras, una especie de taladros gigantes, que estuvieron sepultadas por cerca de siete años.

Hoy, esos aparatos aún bloquean el avance de las obras de la primera fase de la descontaminación del río Bogotá.

Las máquinas habían sido abandonadas a su suerte luego de las discrepancias técnicas y jurídicas que se presentaron entre los directivos de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) y el consorcio Canoas –polémica en la cual participaba la firma Odebrecht–. La obra había avanzado en un 95 por ciento, pero todo se enredó a última hora.

Sacarlas de ese sitio, como lo ordenó el Consejo de Estado, más la realización de obras de adecuación para conectar esos dos túneles –los cuales son ductos de emergencia para que en caso de una calamidad se puedan evacuar por ellos las aguas residuales del 70 por ciento de los bogotanos– le costó a la ciudad 24.000 millones de pesos.

En administraciones anteriores, la EAAB y el contratista no llegaron nunca a un acuerdo que permitiera establecer cuál era el mecanismo para bajarle la velocidad al agua contaminada que iba de un túnel de 4,2 metros de diámetro a otro de 3,2, es decir, más angosto.

Aunque solo faltaba el 5 por ciento para terminar el trabajo, como suele suceder en este tipo de situaciones en que hay millonarias inversiones públicas, la decisión de qué era ‘mejor’ para bajar la velocidad y dar el salto entre los túneles pasó a un tribunal de arbitramento. Así, entre papeleos y discusiones, el contrato se liquidó, y allí quedaron enterradas las tuneladoras.

Las irregularidades de todos los manejos e intereses que hubo detrás de esta maniobra están en manos de la Fiscalía. En todo caso, el perjuicio aún no se ha calculado, pero por el tamaño de las cifras y el tiempo perdido ya se habla de un posible detrimento patrimonial que puede superar los 50.000 millones de pesos.

Para tener una idea de la operación que se realiza en Canoas, la grúa que se utiliza en esta tarea es la única que existe en el país y tuvo que ser transportada desde uno de los puertos que operan en la costa Atlántica hasta Soacha para ponerla al servicio de esta labor. Se calcula que solo el disco que aparece en esta fotografía pesa 400 toneladas y su tamaño es de unos cuatro metros, el mismo de un túnel.

En realidad, por decirlo de alguna manera, los túneles son desagües. Fueron construidos con esas tuneladoras para que en caso de una emergencia, por ejemplo una falla en el bombeo de la estación elevadora, problemas en la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar Canoas) o por algún desastre natural como un terremoto, se puedan abrir las compuertas para la evacuación de todo lo que sale de los sanitarios, duchas, lavadoras, comercio, etc., y evitar una catástrofe sanitaria.

60 operarios a toda máquina

El túnel más largo tiene 8,9 kilómetros de extensión y va paralelo al río Bogotá. El que viene del otro lado y que está por debajo es de 2,2 kilómetros. Los expertos de la EAAB dicen que no es que los túneles se deban encontrar uno con el otro, sino que deben tener esa característica. Abajo hace calor. Los 60 operarios repartidos en turnos de 24 horas son trabajadores, en su mayoría de la zona de operación: Soacha, Ciudad Bolívar, Bosa, entre otros, cuya labor es desarmar esos aparatos que jamás habían visto en su vida. Tampoco la inmensa mayoría de los bogotanos sabían que esos ‘fierros’ que tienen unos 100 metros de largo (como 4 buses biarticulados de TransMilenio) y pesan todas las toneladas del mundo estaban prácticamente sepultados.

Hoy por hoy no es claro quién es el dueño de todas esas piezas que están siendo depositadas en el mismo lote por donde se está efectuando la extracción, un reguero de piezas sueltas que por lo que vimos, son desarmadas de forma cuidadosa por los obreros.

¿Y quién va a pagar los daños?

En estas circunstancias, la administración del alcalde Enrique Peñalosa analiza toda la situación técnica y jurídica para repetir, es decir, cobrar a quien corresponda tanto la sacada de esos aparatos como el tiempo perdido. Incluso ya se habla de quién va a responder por dejar esos materiales en el espacio público en terrenos que, entre otras circunstancias, ni siquiera son de propiedad del Distrito.

La gerente de la EAAB, María Carolina Castillo, dijo que la extracción de las tuneladoras “es un paso más en el propósito de sanear el río Bogotá, proyecto en el que está comprometido todo el gobierno de Enrique Peñalosa, quien en el último año logró el cierre financiero por 4,5 billones de pesos para la construcción de la Ptar Canoas, obra prioritaria que le devolverá la vida al río y lo convertirá en el eje de desarrollo de la ciudad”.

La idea es que a finales de mayo, el camino esté despejado para poder continuar con los trabajos de las otras dos fases.

Lo que sigue entonces después de dejar libres esos túneles es, de forma paralela, la construcción de la estación elevadora, es decir que saque esas aguas contaminadas hasta la superficie, una obra que ya tiene cierre financiero para iniciar su construcción antes de finalizar el 2018 y cuyo costo es de 393.000 millones de pesos.
Luego viene la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar Canoas), en que el Distrito Capital aportará 2,94 billones de pesos; la Corporación Autónoma Regional (CAR), 1,5 billones y la Gobernación de Cundinamarca, 61.000 millones. La salida de la licitación se espera a final de año.

Al final de cuentas, y ese es el sueño de muchos ciudadanos, se espera que para el año 2025, Bogotá ya cumpla con la orden de descontaminar el río Bogotá.

HUGO PARRA GÓMEZ
EL TIEMPO@hugoparragomez

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