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Prescribieron investigaciones contra Cemex y Asocreto por losas de TM

Tribunal Administrativo de Bogotá declaró la prescripción del proceso.

BOGOTÁ
No valieron las 10 comunicaciones de la magistrada Patricia Rodríguez Torres sobre el vencimiento de términos al que se avecinaba el proceso contra las firmas Cemex y Asocreto por la ruptura de las losas en las vías de TransMilenio en la autopista Norte y la avenida Caracas.
El lunes, el magistrado José del Carmen Rodríguez Cárdenas, del Tribunal Administrativo de Bogotá, declaró la prescripción del caso, sin que se determinara la responsabilidad de ambos privados en una de las fallas de infraestructura que más han afectado la movilidad.
Por este caso, la ciudad perdió 14 años de batalla jurídica y 300.000 millones de pesos que corresponden al costo que, según el Distrito, tendrían las obras de reparación de la troncal.
De hecho, ya se han invertido unos 60.000 millones en arreglos, entre el 2003 y el 2015, sin que el problema de fondo se haya resuelto. Solo durante esta administración se han invertido 2.700 millones de pesos en obras.
El magistrado Rodríguez pidió que se investigara la actuación del juez 51 Penal del Circuito, para determinar si facilitó la prescripción o si dio margen a los abogados de Cemex y Asocreto para las maniobras que el Distrito ha tildado de ‘dilatorias’.
La solicitud es respaldada por el abogado de la Administración, Francisco Sintura, quien pide extender la investigación a todos los funcionarios que han participado o conocido el proceso. Tanto Sintura como la Fiscalía han dicho que la responsabilidad por los daños en las losas es de las concreteras, que suministraron el relleno fluido.
¿Por qué los daños? Según las pesquisas, las características del relleno fluido sobre el cual se apoyan las losas son inadecuadas, lo que las hace vulnerables a fracturas por la vibración, ante el paso de buses.
Mientras la lentitud de la justicia dejó el caso sin resolver, solo un funcionario se encuentra en la cárcel, el exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Andrés Camargo, cuya condena quedó firme en septiembre del 2014.
Camargo paga desde el año pasado una condena de cinco años que ha sido controvertida por académicos y exfuncionarios de la alcaldía de Enrique Peñalosa, que defienden su honestidad y señalan que el fallo genera una incertidumbre jurídica para quienes aspiren a cargos públicos.
En febrero de este año, el caso que contra él cursaba por los daños en el Eje Ambiental fue precluido, pues la Fiscalía consideró que el exfuncionario “actuó en consonancia con la buena fe contractual”. 
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