Campo Verde se volvió una zona de batalla legal

Campo Verde se volvió una zona de batalla legal

Mientras se analiza si hay tradición indígena, vecinos quieren vender y otros buscan terreno.

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09 de agosto 2016 , 09:55 p.m.

Tras el fallo del Consejo de Estado que ordenó al Ministerio del Interior y al Distrito verificar si en la zona de Campo Verde en Bosa hay presencia indígena, lo que quedó en evidencia es que también hay una ancestral pelea entre vecinos por los terrenos que hoy están proyectados como zonas de expansión de vivienda.

Por eso, pobladores del sector se pronunciaron, unos a favor y otros en contra de la decisión del alto tribunal. De un lado hay quienes sostienen que allí no hay presencia ancestral de indígenas y que si bien existe una comunidad que fue reconocida a finales de los 90, esta no es un resguardo ni hay rituales o ceremonias que así lo certifiquen.  (Lea también: La polémica por el proyecto de vivienda Campo Verde en Bosa)

Al menos eso es lo que afirman vecinos como Jairo Tunjo y Yeni López, quienes no comparten las decisiones del Consejo de Estado por considerar que ellos no fueron tenidos en cuenta en esta decisión.

Afirman que lo peor que le puede pasar al sector es que se frenen los planes parciales y que no puedan vender sus terrenos.

“Quedamos a merced de los delincuentes y de los invasores ilegales”, dice López, preocupada por su situación, pues asegura que su familia tuvo que salir de la zona ante la amenaza de grupos que los asaltaron y los obligaron a irse a pagar arriendo.

“Y ahora no podemos ni vender, ni cultivar ni vivir”, afirma.

Campo Verde hace parte de siete planes parciales en Bosa para la construcción de vivienda de interés social e interés prioritario, sobre todo para familias víctimas de la violencia.

En la actualidad hay dos constructoras que levantan 6.129 viviendas, las cuales deben suspender obras durante ocho días, mientras se aclara la situación real de la zona. (También: 'Campo Verde es un proyecto seguro': Elsa Noguera)

Pero para la gobernadora del cabildo indígena de Bosa, la ingeniera de producción Sandra Cobo –habitante del barrio Bosa La Paz y quien se declara víctima de la expansión de la ciudad–, a su papá le fue expropiado el predio donde cultivaba maíz, trigo, tabaco y hortalizas para permitir el paso de la ciclorruta Alameda El Porvenir, que cruza el suroccidente.

Ella afirma que otros miembros de su comunidad corrieron una suerte parecida por un fenómeno de origen urbano: el microtráfico.

Precisamente, Cobo es la vocera de la comunidad indígena que el Consejo de Estado ordenó verificar si tiene presencia o no en la zona del proyecto urbanístico de Campo Verde, donde en julio pasado las constructoras Bolívar y Marval, con el aval del Distrito y del Ministerio de Vivienda, iniciaron la construcción de las viviendas.

“El desarrollo de la ciudad fue el que llegó a los territorios de Bosa y Suba”, dice, y agrega: “Hay una idea general de que tenemos un asentamiento, pero no parten de que Bogotá tenía tres resguardos indígenas (en Usme, Fontibón y Soacha; en Engativá y en Suba) y que nosotros somos producto de la disolución de esos resguardos”.

Por eso, la líder indígena considera el fallo –que además ordena adelantar la consulta con la comunidad del sector del plan parcial El Edén-El Descanso, también en Bosa y a cargo de Metrovivienda– como una oportunidad para reivindicar a los muiscas. “Tenemos derecho a permanecer en el territorio y a tener un buen vivir”, insiste.

Asegura que esos derechos no solo deben ser para la comunidad indígena, sino también para quienes habitan las construcciones que se levantaron en los territorios que reclaman y que han estado olvidadas. (Además: Los trinos del Ministerio de Vivienda a favor del proyecto Campo Verde)

“Hay zonas que no tienen servicios públicos –y aún existen casas en madera y bahareque–, donde las construcciones de los nuevos barrios están por encima de los niveles de nuestras casas”, concluye.

Pero López y Tunjo advierten que Cobo lo que busca es que le den un terreno.

‘No hay presencia indígena’

La Constructora Bolívar señaló en un comunicado que aunque en Campo Verde “no existe presencia indígena”, “respetuosos de las instituciones y la legalidad se suspenderán por ocho días todas las actividades”.

La constructora Marval se abstuvo de pronunciarse, al igual que la Secretaría de Hábitat.

Entre tanto, la oficina de Consulta Previa del Ministerio del Interior convocó para el 22 de agosto a Metrovivienda y a la comunidad indígena muisca al ‘Taller de análisis, identificación de impactos y manejo del tema’.

BOGOTÁ

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