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Motos y mototaxis: las ruedas sueltas

Entre el 2012 y el 2014 se registraron en el país 1,84 millones de motocicletas.

Colombia vive desde hace una década un crecimiento acelerado y sostenido del número de motocicletas, tan solo entre 2012 y 2014 se registraron 1.84 millones en el Runt. Si bien este auge, por una parte tiene amplios efectos positivos para los usuarios y el sector económico en cuestión, de otra tiene también muchos impactos negativos para la salud pública, el medioambiente, la ciudadanía y la movilidad sostenible.
No se conocen evaluaciones sobre los efectos de la motocicleta para los colombianos, solo el lobby de los ensambladores cuando anuncian, periódicamente, indicadores positivos relacionados con el incremento de sus ventas, pero no se ven las relacionadas con impactos negativos, como accidentes, muertes, mototaxismo e informalidad, entre otros.
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el número de victimas fatales creció un 13,4 % en una década, llegando a 2.754 en 2013, los cuales representan en promedio 7,5 motociclistas muertos por día.
Los impactos del incremento de las motos se extiende por el país, desde San Andrés a Leticia y en todo tipo de urbes, desde grandes capitales hasta pequeños territorios rurales. Durante la última década, para enfrentar este fenómeno las autoridades municipales han contado con muy pocos instrumentos de política pública nacional y  con medidas esencialmente restrictivas, como la prohibición del transporte de parrilleros y de la circulación de motocicletas durante ciertos periodos o días, e incluso en algunos sectores de la ciudad.
Los problemas derivados del incremento en el uso de motocicletas en las ciudades se ha convertido en una rueda suelta para los alcaldes, quienes los han tratado de acuerdo a su nivel de responsabilidad y liderazgo. De allí que la inmensa mayoría no los hayan aún enfrentado y tan solo un puñado de alcaldes competentes los hayan abordado.
Por ejemplo, Montería, con el decreto 0270 de septiembre 12 de 2006, creó un día sin motos todos los martes y sin parrillero todos los jueves, lo cual se realiza hasta la fecha; Valledupar, con el decreto 000396 de diciembre 29 de 2014, prohibió la prestación del servicio público de transporte en motocicletas y el acceso a estas en el centro en un espacio de 60 hectáreas; Pasto desde hace unos tres años tiene un decreto como el de Valledupar, pero además, prohíbe totalmente la circulación de la motocicletas durante el periodo navideño y de año nuevo, el último decreto fue el 0770 de diciembre 17 de 2014.
Hasta ahora los municipios han estado solos, con pocas herramientas y orientaciones por parte del Ministerio de transporte, que desde hace mucho tiempo debería haber impulsado una política nacional. Tan solo, en los últimos meses el nuevo viceministro de Transporte, Enrique José Nates Guerra, se ha interesado y pronunciado sobre el tema. Este momento parece estratégico puesto que, de una parte se está formulando un nuevo Plan de Desarrollo 2014-2018, y de otra, varias ciudades intermedias están implementando sus Sistema Estratégicos de Transporte Público -SETP-.
Los nuevos SETP en Armenia, Montería, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar son la acción más contundente del Gobierno Nacional, para mejorar e incluso recuperar el transporte público urbano. De allí, la necesidad de blindar estos sistemas, puesto que el panorama es muy complejo y difícil.
El crecimiento en ventas y uso de motocicletas no va a parar, por ende, el potencial de movilización de pasajeros en transporte público no solamente es reducido, sino lo que es peor, tiene tendencia a disminuir. Finalmente, la gestión del uso de la motocicleta en la ciudad es uno de los más grandes y crecientes retos de la movilidad de todas nuestras ciudades, el enfrentarlos no puede quedar como una rueda suelta que los alcaldes deciden o no frenar, son urgentes la orientación a corto y largo plazo por parte del Gobierno Nacional.
RICARDO MONTEZUMA
Urbanista experto en Movilidad Sostenible.
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