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Petro conocía los líos jurídicos del hospital San Juan de Dios

Consultor le advirtió que era mejor aclarar la propiedad con la Gobernación y Beneficencia.

BOGOTÁ
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, estaba advertido sobre los líos jurídicos de la titularidad de los inmuebles del complejo hospitalario San Juan de Dios y que, antes de hacer la compra, era mejor aclarar la propiedad con la Beneficencia y Gobernación de Cundinamarca, y depurar previamente los registros correspondientes.
Así lo conceptuó el exmagistrado Edgardo Villamil, quien fue consultado por el Distrito para valorar esta situación y emitir un concepto, antes de que adquiriera el Distrito el complejo hospitalario, en noviembre del 2014, por 150.280 millones de pesos. (Lea: Estudian recusación contra registrador, por caso del San Juan de Dios)
Dada la duda sobre el propietario de los terrenos de la Fundación San Juan de Dios, con sus 24 inmuebles, resultaba menos problemático concertar con la Gobernación de Cundinamarca esa compra, opinó Villamil.
Además, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, informó que estudia si acepta o no la recusación del liquidador de la Fundación San Juan de Dios, Pablo Leal, contra el registrador de Instrumentos Públicos Zona Sur de Bogotá, Édgar José Namen, por supuesto impedimento para que este despacho decida sobre el proceso de traspaso. La decisión de si procede o no esta recusación tendrá que tomarla el superintendente a más tardar este jueves.
Esto surge tras el análisis que viene haciendo la oficina de Registro sobre quién es el verdadero dueño. Según la Superintendencia de Notariado, el traspaso se viene estudiando “conforme a la documentación existente frente a los títulos de propiedad del hospital San Juan de Dios”.
Precisamente, como lo informó EL TIEMPO, el traspaso al Distrito se enredó por el lío jurídico, por cuanto hay dudas sobre quién es el propietario: la Fundación San Juan de Dios, hoy en liquidación, o el hospital San Juan de Dios, que recibió legalmente los inmuebles hace 90 años, del asilo de personas con problemas de salud mental, que pertenecía a la Gobernación de Cundinamarca.
A lo anterior se suma que a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos le han llegado cinco solicitudes de objeción contra la Fundación como titular del derecho de dominio de estos predios.
Por ahora, el Distrito solo tiene los inmuebles en arrendamiento, el cual le cuesta mensualmente 750 millones de pesos.
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