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Fallo vuelve a ordenar descongestión de URI

Se dio un mes de plazo. Defensoría busca que Corte haga revisión para dar soluciones de fondo.

EL TIEMPO
Por segunda vez en ocho meses, un fallo de tutela les ordena a las autoridades acabar con el hacinamiento en las unidades de reacción inmediata (URI) y estaciones de Policía de Bogotá, en un plazo de un mes no prorrogable.
Cincuenta internos fueron trasladados a la cárcel La Modelo por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por instrucción del consejo seccional de la judicatura de Bogotá. Ahí continuarán su proceso jurídico, según indicó la entidad.
La orden, que favorece una demanda de la Defensoría del Pueblo, pide el traslado de todos los detenidos con medida de aseguramiento de detención preventiva y las condenadas que se encuentren en las URI y estaciones.
“En diciembre presentamos una tutela y ordenaron descongestionar, pero meses después seguimos viendo el hacinamiento, especialmente en Kennedy y Engativá, donde tienen personas esposadas afuera, en parques o unidades móviles, ocupando espacio público y dando mal ejemplo. Eso sin contar con las malas condiciones que atropellan la dignidad de los reclusos”, señaló William Augusto Suárez, defensor del Pueblo Regional de Bogotá.
De hecho, vecinos de la URI La Granja, en la localidad de Engativá, soportan con frecuencia que los juegos del parque sean usados por las autoridades para esposar a los detenidos y dejarlos ahí por horas, sin acceso a baños ni techo y a la vista de niños y familias que se abstienen de usar ese espacio público.
“Las URI son sitios de paso. Ahí, una persona que ha cometido un delito o infracción no puede permanecer más de 36 horas, según la ley, pero algunos son condenados y llevan hasta 4 meses en ellas. Hasta hay mujeres embarazadas”, agregó Suárez.
Ante situaciones como esta, hace más de dos semanas el defensor delegado para la política criminal y penitenciaria, José Manuel Díaz, presentó una nueva acción de tutela que fue fallada a favor suyo nuevamente, lo que dio lugar a los nuevos traslados que se iniciaron este martes.
Según el Inpec, la primera URI por descongestionar es la de Engativá que a corte del 17 de julio tenía a 38 detenidos en unidades móviles con medida de aseguramiento, por no tener espacio suficiente en las celdas.
También es crítica la situación en Kennedy, donde no solo tiene un sobrecupo de 5 personas en sus celdas sino que tiene a 14 personas más en varios vehículos que están estacionados en la vía pública, según informó a la Defensoría el Coordinador de Fiscalía de esa URI.
La Sijín de la Policía, por su parte, tiene 122 personas recluidas en Puente Aranda, con lo que supera la capacidad de sus instalaciones en 42 detenidos.
De acuerdo con el fallo, además del Inpec, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la Secretaría de Salud, Caprecom, el Ministerio de Salud y la alcaldía de Bogotá también son responsables en el fallo por la calidad de las condiciones en las que se encuentren los detenidos.
En ese sentido, el fallo de las magistradas Martha Inés Montaña y Olga Fanny Pacheco les ordena a esas entidades “adoptar las determinaciones necesarias, prioritarias y efectivas para conjurar la grave situación que afrontan las personas privadas de la libertad”.
Un problema estructural
Para el Defensor Regional de Bogotá, William Suárez, los traslados no deben darse a la cárcel La Modelo, como lo anunció el Inpec, en vista de que ese centro penitenciario tiene hoy problemas de hacinamiento.
“Lo idóneo es que no se vaya a causar hacinamiento en otro lado. Esa entidad tiene que analizar a dónde los va a llevar. La Modelo está al tope, con sobrecupo. Hay que ver los espacios en otros municipios”, anotó.
Suárez reconoció que el problema carcelario en el país es estructural: “En Colombia hacen falta cárceles y mientras eso no se solucione, seguiremos en las mismas. No es solo un problema de la Nación, sino también de la Alcaldía, porque esos detenidos son responsabilidad de las autoridades locales”.
Ante la persistencia del problema pese a los fallos judiciales, Suárez le pedirá a la Defensoría que solicite a la Corte Constitucional la revisión del fallo para que ordene soluciones de fondo, por la vulneración de derechos fundamentales.
Por su parte, el Inpec señaló en un comunicado de prensa que tomarán medidas para descongestionar o minimizar el impacto del hacinamiento, no solo en Bogotá sino en todas las URI del país.
EL TIEMPO
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