Sin pelear, 29 familias salieron de predio público en Bogotá

Sin pelear, 29 familias salieron de predio público en Bogotá

Habían ocupado ilegalmente el terreno, de propiedad del Acueducto, por donde pasará la ALO.

Sin pelear, 29 familias salieron de predio público

A las familias que accedieron a los programas del Distrito les conceden una ayuda para reubicarse temporalmente en arriendo.

Foto:

Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

31 de julio 2017 , 10:02 p.m.

Los últimos habitantes que quedaban en el predio Las Palmitas, de la localidad de Kennedy, de propiedad del Acueducto de Bogotá y por donde en unos años pasará la ALO, salieron de sus viviendas informales el lunes, sin que se presentaran enfrentamientos con las autoridades.

Esto sucedió así porque, desde noviembre del año pasado, las entidades del Distrito realizaron cerca de cinco visitas a la zona para informarles a los ocupantes no solo que debían irse, sino que podían acceder a unas ayudas del Gobierno para formalizarse en viviendas de otras zonas de la ciudad.

La primera notificación llegó el 30 de noviembre del año pasado, y desde entonces 131 familias de las 167 que estaban allí abandonaron el predio gradualmente, para desplazarse a apartamentos que arrendaron con ayuda de la Caja de Vivienda Popular.

No fue una tarea fácil, según recuerda Mayerly Hernández, una joven recicladora de 26 años que tiene dos hijos y quien, junto con su esposo, vivía en uno de los cambuches improvisados, pero se fueron de allí en marzo.

“Cuando aceptamos la ayuda, salimos a buscar un apartamento que nos iba a pagar por unos meses el Distrito, pero no nos querían arrendar porque éramos de la invasión, nos decían que de allá no aceptaban gente”, recordó.

Uno de los propietarios del barrio Las Acacias, ubicado junto al predio Las Palmitas, aceptó recibirlos, y allí llevan cinco meses. Hoy, Mayerly y su familia solo esperan que una constructora les entregue su vivienda de interés prioritario (VIP) en Flandes, Tolima, la cual lograron comprar con el subsidio que les dio la Caja de Vivienda Popular luego de que abandonaron el predio.

Otro fue el caso de Leonor, una recicladora y madre de tres menores, a quienes lleva al colegio al mediodía en una bicicleta. Ella fue una de las últimas personas que desocuparon su asentamiento ilegal el lunes, como parte del operativo.

“En noviembre, el Distrito dejó una notificación en mi casa, pero yo estaba trabajando y no alcancé a verla. Y las veces que vinieron no estaba”, señaló la mujer con cara de preocupación.

Aunque todo el día estuvo en ese estado, dando vueltas por los predios buscando asesoría, al final del día accedió a realizar su trasteo y acogerse a los programas del Distrito.

Iván Casas, subsecretario de Gestión Local, recordó que esta es la última fase que les quedaba para recuperar el predio, pues en septiembre del año pasado hicieron el censo, en noviembre notificaron, y desde entonces han venido acompañándolos.

Indicó además que no es cierto que los asentamientos estuvieran desde hace más de una década: “La ocupación creció desde los últimos meses de la administración anterior, y hoy lo que estamos haciendo es recuperándolo”.

Por su parte, algunos habitantes del barrio Las Acacias manifestaron su satisfacción por el desalojo, porque aseguraron que el predio se había convertido en un foco de inseguridad.

“Los atracos aquí eran constantes. Unas personas que vivían en un cambuche se metieron a mi casa a robar, pero no pude reclamarles porque era exponer mi vida, señaló uno de los habitantes del barrio.

Las claves del desalojo pacífico

A diferencia del operativo adelantado en el barrio Bilbao, de Suba, a finales de abril y que se planeó en dos meses, en el de el lunes, en Las Palmitas, Kennedy, se tardaron más de ocho meses en entrar con policía al barrio. Desde finales de noviembre, los habitantes fueron notificados de que debían abandonar la zona, y se realizaron cinco jornadas de reubicación y entrega de información para las ayudas que da el Distrito en estos casos.

Con ello, las familias fueron saliendo de a poco, y para el operativo de desalojo solo eran 29 de las 167 las que quedaban.

Otra de las claves fue el cumplimiento con el pago de arriendo para las familias que accedían a salir, pues esto generó confianza entre las que aún no habían accedido.

MICHAEL CRUZ ROA
Escríbanos a miccru@eltiempo.com

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