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Se agudiza la batalla por los cerros orientales

Pese a un fallo del Consejo de Estado, el futuro del principal pulmón de Bogotá no es claro.

EL TIEMPO
La más reciente disputa pública entre el gremio de los constructores (Camacol) y el alcalde Gustavo Petro puso en evidencia no solo las profundas discrepancias ideológicas sobre el futuro de los cerros orientales de Bogotá, sino que destapó la incertidumbre jurídica que sigue rodeando a la principal reserva forestal de la ciudad.
Cuando todos daban por sentado que existiría claridad a raíz del fallo del Consejo de Estado, que tras ocho años de estudio produjo una sentencia de 319 páginas en el 2013, lo que ahora persiste son las dudas sobre qué va a ocurrir con los más de 50 proyectos que se piensan levantar en la llamada franja de adecuación, que extiende a lo largo de 973 hectáreas. (Lea también: Alcaldía local ratifica que Cerro Verde ejecutó obras antes de 2006)
Este espacio es el límite entre la reserva forestal, de 15.000 hectáreas y donde quedó totalmente prohibida cualquier construcción, y la ciudad ya edificada. (Vea: La batalla por los cerros orientales en Bogotá)
Aquí las posturas tanto de los constructores como de la Alcaldía de Bogotá son diametralmente opuestas a la hora de definir qué se debe hacer en esa franja, donde algunos constructores obtuvieron sus licencias antes de 1977, cuando por primera vez el Ministerio de Agricultura delimitó la reserva y donde se ha venido construyendo tanto legal como ilegalmente, principalmente desde los años 90.
A la hora de defender sus posiciones frente a los cerros, y si bien es cierto que el debate es eminentemente técnico, ha aflorado un tufillo político entre las partes implicadas. De un lado, Petro ha revivido su vieja pelea contra los constructores, con quienes ya ha chocado en el pasado, y ahora ha dicho incluso que Camacol quiere “destruir la ciudad” al pedir “urbanizar los cerros”. Y fue más allá, pues anunció que en los cerros “no se pondrá ni un ladrillo” sin que se conozca aún el estado de las licencias otorgadas en el pasado.
De paso, el Alcalde los volvió a acusar de ser los promotores de la suspensión de la reforma del Plan de Ordenamiento Territorial –donde radica su animadversión–, la nueva hoja de ruta para construir en la ciudad y que está pendiente de una decisión en el Consejo de Estado.
Desde la otra orilla, el gremio de los constructores, aglutinados en Camacol, ha dejado entrever que hay una persecución y un debate más político e ideológico que técnico desde la propia Alcaldía, que a su juicio no está respetando el fallo del Consejo de Estado.
“Esta posición de polarizar a la opinión con un tema que es absolutamente técnico y no permitir que la ciudadanía se informe como debe, es absolutamente adverso para los intereses de todos”, advirtió la gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, Martha Moreno.
“El fallo del Consejo de Estado ratifica la decisión de respetar los derechos adquiridos de las licencias en la franja de adecuación –agregó la dirigente gremial–. Estamos solicitando que se acate. Jamás vamos a tolerar que se construya de ninguna manera en la zona de reserva; ese es el pulmón de la ciudad”.
Según señaló, “la Alcaldía no va a permitir el desarrollo de ninguna licencia en la parte de los cerros. Obviamente, la franja de adecuación hace parte de los cerros, pero la franja no es zona de reserva. Ahí se puede construir, pero la Alcaldía dice que no”.
Un lugar privilegiado
La batalla no es menor. En una ciudad en la que cada día hay menos espacio para construir, esa franja es sin duda apetecida por los constructores, algunos de los cuales piensan levantar urbanizaciones de lujo, con apartamentos valorados en miles de millones de pesos.
Pero también el panorama ambiental de hoy no es el mismo de hace 25 años, cuando a través del Acuerdo 6 de 1990 del Distrito, parte de los cerros quedó como suelo suburbano y se permitió edificar allí. Entre ese año y el 2005 se solicitaron cerca de 24 proyectos de urbanismo en esa área, el mayor número en toda la historia de la reserva, y muchos de los que hoy están en disputa con el Distrito.
“No es un problema simple. No se trata de menos edificios y más árboles, sino de un problema de qué va a hacer este altiplano a 2.600 metros de altura para asegurar la sostenibilidad ambiental”, opina Gerardo Ardila, secretario de Planeación, quien insiste en que la franja de adecuación debe ser para recuperar lo que ya se le ha quitado a la montaña y no para hacer un “cinturón duro” lleno de edificios.
Sin embargo, el funcionario aclaró que el constructor que demuestre que tiene los permisos y cumplió y entregó las obras para que su licencia estuviera vigente antes de la delimitación de los cerros podrá seguir adelante con sus proyectos. “Ahora, los dueños de terrenos también pueden contribuir con parques privados que también tienen una retribución alta”, añadió.
Amigos de la Montaña, el grupo de caminantes y defensores de los cerros –que llamó la atención de la opinión pública en diciembre del año pasado por las obras del proyecto Cerro Verde– insiste en que construir urbanizaciones en los cerros es destruir el principal elemento de identidad de los bogotanos. “Es invadir el más importante y más hermoso espacio natural de integración ciudadana”, le escribió a este medio Andrés Plazas, vocero de la organización.
En medio de la pelea, Camacol no solo señala que desde el Distrito se está “desinformando a la ciudadanía”, sino que temen que den “instrucciones a los curadores para que no se renueven y autoricen las licencias que estuvieron suspendidas y que le den también órdenes a la Policía para que impidan el desarrollo de las inversiones”.
Las polémicas más recientes surgidas en torno a los proyectos Cerro Verde y Monterrosales son apenas una muestra de la confusión que aún reina y frente a la cual no se le puede aplicar el mismo rasero, pues cada proyecto tiene una historia distinta.
Según la primera identificación que realizó Planeación Distrital, hay cerca de 60 planos que constituyen 52 proyectos urbanísticos en la franja de adecuación, a la que ya solo le quedan libres 560 hectáreas.
Pero no todos son predios edificados. La maratónica tarea a la que se enfrenta hoy el Distrito es revisar cientos de cajas con expedientes para verificar si las licencias urbanísticas cumplen con los requisitos y alegar entonces que tienen derechos adquiridos, como los avaló el fallo del Consejo.
Esa revisión es clave para que a final del año la franja pueda contar con un plan de manejo, donde se podría establecer cómo debe ser la relación de los barrios colindantes con la reserva, qué espacios se pueden adecuar y, en definitiva, cómo se puede proteger el patrimonio natural de los bogotanos.
Mientras tanto, la disputa jurídica y técnica entre el Distrito y los constructores, que podría tomar varios meses, opaca por el momento la preocupación de fondo: ¿cuál será el destino del borde que protege el pulmón más importante de Bogotá?
¿Qué definió el fallo?
En el fallo del 2013, la Sala Plena del Consejo de Estado determinó que hacia el futuro no se podrán conceder nuevas licencias de construcción en los cerros orientales de Bogotá, pero también respetó los derechos adquiridos de quienes obtuvieron licencias de construcción o construyeron legalmente en la franja de adecuación y en la zona de recuperación ambiental antes de la delimitación que hizo el Ministerio de Ambiente en abril de 2005.
Esos son los “derechos adquiridos” que tanto recalcan las constructoras de sus licencias urbanísticas, que pueden ser de obras de urbanismo o de construcción. Las primeras se expiden para adecuar terrenos con la creación de espacios públicos, construcción de vías y redes de servicios públicos. Las segundas como tal sí se refieren al levantamiento, en el caso de los cerros orientales, de las viviendas.
Pero el Consejo también advirtió que no se reconocerán los derechos adquiridos si se demuestra que, a pesar de no existir una anotación registral dentro de la historia del terreno, el propietario del inmueble conocía de la afectación que causaba a la reserva.
Este sin duda es el punto más álgido de las revisiones que está haciendo Planeación: ¿cómo probar que un constructor sabía que estaba ocupando parte de la reserva?
Según explicaciones de Armando Lozano, director de Norma Urbana de Planeación, una querella que, por ejemplo, haya respondido algún constructor en donde se le haya especificado que está en zona de reserva, puede ser considerada como prueba de que sí sabía el impacto que estaba causando, aunque en el folio de su terreno no esté notificado el área de reserva.
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