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Colmenares: con juicio congelado, completa 5 años de total impunidad

Sus padres no saben quién lo mató. Laura Moreno vive en casa incautada; Jessy Quintero, escoltada.

El juicio contra Laura Moreno y Jessy Quintero, las supuestas cómplices del crimen contra el estudiante Luis Andrés Colmenares, completa 36 días congelado.
El juzgamiento a las universitarias arrancó en abril del 2014, tres años y medio después del crimen, registrado la noche del 31 de octubre del 2010, tras una fiesta de Halloween. (Lea: Discusiones y choques en audiencia del caso Colmenares)
Pero ha sido frenado en siete oportunidades. Según la Fiscalía y la defensa de la familia Colmenares, se debe a maniobras dilatorias de los abogados de las universitarias. Sin embargo, estos dicen que es culpa de la Fiscalía por ocultar evidencia clave que debió ser descubierta en las audiencias preparatorias.
De hecho, el único avance real que ha tenido el caso es establecer que a Luis Andrés sí lo asesinaron. Así lo determinó el fallo del Tribunal de Bogotá en el que se absolvió a Carlos Cárdenas, inicialmente acusado de ser el autor material de un asesinato que estremeció al país.
De la U al Buen Pastor
La demora en resolver este crimen no solo se traduce en cinco años de impunidad y dolor para la familia Colmenares. También les ha cambiado la vida a las sindicadas. (Además: ¿Qué ha pasado con el caso Colmenares?)
Tanto Laura –expareja de Colmenares– como Jessy pasaron de las aulas de la Universidad de los Andes a prisiones temporales.
“Ambas estuvieron 5 días en un calabozo de la Sijín y trapeaban el piso para que les permitieran una llamada adicional a sus familias”, asegura un allegado de las universitarias. (Además: Exfiscal del caso Colmenares sería declarado reo ausente)
Y agrega que las 12 horas que alcanzaron a estar en la cárcel de mujeres de El Buen Pastor las marcó para siempre. Incluso, admiten que los 13 meses que estuvieron en prisión domiciliaria fueron una pesadilla.
Laura frenó sus estudios y su padre tuvo que alquilar una casa en las afueras de Bogotá porque, dicen, la joven empezó a ser víctima de una especie de matoneo cuando volvió a salir a la calle. Ahora, viven en una casona incautada al narcotraficante Fernando Álvarez Meyendorff, de 1.400 metros cuadrados. La casa, que cuenta con piscina y gimnasio, les fue alquilada por la vieja Dirección de Estupefacientes por 15 millones de pesos al mes.
“Solo hasta hace unos meses Laura retomó sus estudios y ahora asiste a la universidad en donde ha encontrado solidaridad. Los primeros tres años fueron muy difíciles pero está intentando retomar su vida”, dijo un allegado. (Lea: El limbo de los casos judiciales más sonados)
Jessy, por su parte, se graduó en marzo de ingeniera mecánica con énfasis en administración. Pero aún no se ubica laboralmente y su familia decidió contratarle un guardaespaldas porque hasta en misa le intentaban sacar fotos.
Ambas familias han invertido cuantiosos recursos en defender a las jóvenes de un episodio que, para ellos, no fue más que un accidente desafortunado, viciado por falsos testigos de la Fiscalía. Y aunque han buscado apoyo profesional para que ambas retomen sus vidas, Laura y Jessy tendrán que presentarse de nuevo a los tribunales a finales del año o principios del 2016.
‘Sí fue un crimen’
Para esa época se espera que el Tribunal Superior de Bogotá decida si la evidencia que supuestamente no destapó la Fiscalía –en su mayoría testimonios e informes– puede ser admitida dentro del juicio.
Fue ese mismo Tribunal el que determinó, el 7 de octubre del 2014, que sí se trató de un crimen, y no de un accidente como insiste la defensa de las universitarias. Y señaló que en el testimonio de Laura hay al menos siete contradicciones de fondo.
De hecho, la principal conclusión de los magistrados es que, al ser Laura la última en ver con vida a Colmenares, debería saber quién le causó las lesiones que, según el Tribunal (y la Fiscalía) desencadenaron su muerte y “fueron causadas por terceros, en varios momentos, con elementos y fuerzas diferentes”.
También recalcaron que la joven ha dado dos versiones sobre la caída de Colmenares al caño El Virrey.
Primero dijo que fue accidental y luego, que se lanzó de forma voluntaria. Y en ambas versiones insiste en que, aunque estaba ebrio, corrió y saltó al canal.
No es razonable asumir que una persona que por su estado de embriaguez solicitara que le ayudaran a bajar escaleras, solo momentos más tarde aparezca corriendo, saltando una baranda y haciendo una especie de salto olímpico para arrojarse a un canal”, se lee en el fallo. Y agrega que la joven indicó tres diferentes sitios de la caída, “incluido uno que no queda frente al canal y otros dos entre los que existe una distancia de 53 o 55 metros”.
Ese fallo llevó a la defensa de Laura a jugarse una polémica carta: entutelar al Tribunal para que borrara el nombre de su clienta de una sentencia que nada tenía que ver con su caso y que no le permitió defenderse de los señalamientos. La solicitud fue rechazada y luego hubo un confuso intento de llevarla a revisión a la Corte Constitucional.
La demora en el juicio no ha sido propiciada por la defensa. La Fiscalía ha escondido mucha evidencia y dejó por fuera a seis testigos claves que estaban con Jessy en el momento de los hechos y que estaban dispuestos a dar fe de su plena inocencia”, dicen allegados al proceso.
Lo cierto es que, si el caso sigue al mismo ritmo, es posible que el veredicto en el juicio de Laura y Jessy se conozca en el 2017. Y aún faltaría por establecer quién fue el asesino.
“Solo pido justicia. Nada más pero tampoco menos. Hoy mi hijo tendría 25 años, título de ingeniero y de economista y una vida promisoria por delante”, aseguró Luis Colmenares, padre de Luis Andrés.
‘Para la gente, Carlos es culpable’
El 7 de octubre del 2014, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo absolutorio a favor de Carlos Cárdenas, expareja de Laura Moreno y señalado autor del crimen. Pero según su abogado, Mario Iguarán, ahí no terminó el caso para Carlos.
A pesar de la absolución la gente en la calle lo señala de ser el responsable de esa muerte. Esos señalamientos son más duros que la cárcel”, explicó. Y agregó que Carlos abandonó los estudios y no ha podido conseguir empleo debido a su vinculación con el caso.
“Le ayuda a sus padres en una empresa familiar. Pero han pensado sacarlo del país para que pueda retomar su vida y terminar sus estudios”.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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