La frontera caliente entre Bogotá y Soacha

La frontera caliente entre Bogotá y Soacha

Urbanizaciones ilegales, expendio de droga, limpieza social y líos territoriales entre autoridades.

Frontera caliente

Este es uno de los barrios ubicados en Cazucá, en la frontera entre Soacha y Ciudad Bolívar.

Foto:

Mauricio León / EL TIEMPO

18 de mayo 2018 , 07:43 p.m.

Las diferencias entre la alerta temprana emitida por la Defensoría de Pueblo, sobre la presencia y accionar de bandas criminales organizadas, disidencias de las Farc y células del Eln en Ciudad Bolívar (en Arborizadora, Lucero, Perdomo, El Tesoro y Jerusalén) y la posición de la Administración Distrital y algunas autoridades de seguridad, respecto a que en estos territorios no operan este tipo de organizaciones estructuradas, sino grupos delincuenciales dedicados al microtráfico, no alcanzan a reconocer el problema territorial complejo que existe desde hace muchos años en la frontera entre Bogotá y Soacha.

La Defensoría limita el problema a cuatro unidades de planeamiento, les deja las responsabilidades de solución a las autoridades distritales y algunas pocas del orden nacional, y las autoridades distritales de seguridad reducen el problema al accionar de pequeños grupos dedicados a microtráfico.

Se debe reconocer que los problemas de violencia y delincuencia cubren el amplio territorio conurbado de la frontera entre Bogotá (Ciudad, Bolívar y Bosa) y Soacha (comunas 4 Cazucá, 5 San Mateo y 3 Despensa); que las dinámicas de distintos grupos delincuenciales organizados vienen desde el siglo pasado, con diferentes intensidades y actores; que solo es posible comenzar a solucionarlos con la participación de las alcaldías de Bogotá y Soacha, de la Gobernación de Cundinamarca y del Gobierno Nacional, y que estos problemas requieren una intervención integral territorial, con la que además del trabajo de los organismos de seguridad y justicia, son necesarias diversas subintervenciones de desarrollo social.

Ciudad Bolívar, en la historia de la violencia en Colombia, ha estado presente como un territorio intraurbano con graves problemas, quizá no tan complejos como en otros lugares, pero desafortunadamente en el imaginario colectivo permanece desde el siglo pasado con una imagen de territorio violento, de la cual no se ha podido desprender, como es el caso de Urabá, Magdalena Medio, Aguablanca en Cali, algunas comunas en Medellín, entre otros.

Ciudad Bolívar, al igual que muchos barrios de Bosa y Soacha crecieron en gran parte de la mano de los urbanizadores piratas que aprovecharon la llegada a estos territorios de muchas familias desplazadas por la violencia política, económica y social del país.

En los años 80 y particularmente en los 90, esos territorios eran disputados por urbanizadores piratas, entre los que se destacó el exconcejal Mariano Porras, quien fue juzgado y condenado por esta actividad ilegal; había presencia del M19 en ese territorio y tras su desmovilización en 1991, algunos de sus miembros se dedicaron a esta actividad, junto con Provivienda del Partido Comunista, que promovía la invasión y construcción ilegal de vivienda. Este amplio territorio era utilizado además como un corredor estratégico de las Farc desde Sumapaz hasta Bogotá, Sibaté y la zona de Fusagasugá.

En medio de esta situación, y ante graves problemas de inseguridad como los atracos, expendio y consumo de drogas, disputas por linderos y propiedad de lotes, y sin la presencia de las autoridades de seguridad y justicia, apareció la mal llamada ‘limpieza social’ en los barrios de la parte alta de Ciudad Bolívar y Soacha, como Perdomo, Jerusalén, Potosí, Santa Bibiana, Sierra Morena y Vistahermosa, al igual que en Altos de Cazucá en el municipio de Soacha. ‘Estructuras de seguridad’ organizadas por comerciantes y juntas de acción comunal para hacer frente a la delincuencia, contratando otros delincuentes para eliminar ladrones, consumidores de drogas problemáticos y todo aquel que consideraran un enemigo de la comunidad.

Hay que resaltar que la permanencia de estas organizaciones se ha alimentado y reciclado

A comienzos de este siglo llegaron los paramilitares con el objetivo de cerrar este corredor estratégico de las Farc y como cabeza de playa para sus actividades ilegales en la ciudad, en los sanandresitos, las zonas de repuestos y de tolerancia, Corabastos, y, en general, para promover la venta de drogas y garantizar la seguridad y tránsito de estos productos hacia otras ciudades del país. Bloque Capital y, luego, las organizaciones de Martín Llanos y Miguel Arroyabe hicieron presencia y se disputaron estos territorios.

Además de estas actividades delincuenciales en el sector y en la ciudad, estas organizaciones asesinaron a los líderes comunitarios que los denunciaban y oponían, y además asumieron las estructuras ilegales de ‘seguridad’ a cambio de una ‘contribución voluntaria’ de los vecinos. Con la desmovilización de los paramilitares en 2004, parte de sus miembros siguieron en estos territorios realizando las mismas actividades, como negocios propios o como parte de las nacientes bandas criminales.

Hay que resaltar que la permanencia de estas organizaciones se ha alimentado y reciclado con algunos desplazados que desde su lugar de origen ya tenían vinculación con grupos armados al margen de la ley o con organizaciones vinculadas con el narcotráfico, y que hallaron en este amplio territorio de frontera con quién aliarse para seguir delinquiendo, en algunos casos utilizando el nombre de las organizaciones a las que pertenecían, lo que les sirve para lograr cierto control territorial a través del miedo.

Tras los diálogos y desmovilización de las Farc, en Bogotá, donde había presencia de las Milicias Populares, incluido este territorio, no se registró desmovilización de estas estructuras, pero tampoco ha sido evidente que permanezcan como disidencias de esta organización. La presencia del Eln en este territorio es reciente y se ha limitado al reclutamiento.

Presencia institucional y propuestas

En la parte alta de Ciudad Bolívar y Soacha, en materia de seguridad, existen dos unidades militares: La Fuerza de Tarea Dragón y el Batallón de Policía Militar, puestas allí a finales de los 90 para controlar el paso de las Farc. Estas unidades se complementan con el primer Batallón de Alta Montaña, que se puso en funcionamiento a comienzos de este siglo en el páramo de Sumapaz.

En materia de Policía y Fiscalía, los límites jurisdiccionales de estas dos instituciones en la amplia frontera de Bogotá y Soacha no han permitido un trabajo coordinado y de contexto territorial, mientras los delincuentes actúan sin importarles los límites territoriales de estas dos ciudades.

Ante esta situación, se debe plantear un trabajo en equipo entre Bogotá, Soacha, la Gobernación de Cundinamarca, las autoridades de seguridad y justicia y el Gobierno Nacional; la Policía Metropolitana de Bogotá debe avanzar y asumir la seguridad de Soacha, hay que construir una subestación de policía en Altos de Cazucá; la Fiscalía y la Policía deben crear grupos especiales para investigar y poner a disposición de la justicia a los delincuentes que operan en este amplio territorio limítrofe; en conjunto, los gobiernos deben crear comisarías de familia, inspecciones de policía y unidades de mediación de conflictos, instituciones que deben atender a los ciudadanos sin importar a qué municipio pertenezcan; se deben diseñar y poner en ejecución programas de atención a la población vulnerable asentada en este territorio, etc. En términos generales, hay que contar con un plan territorial de convivencia, seguridad e inversión social que se ejecute sin importar las jurisdicciones territoriales.

Cabe recordar que, en el 2002, el alcalde Antanas Mockus propuso algo similar, con Bogotá a cargo de la seguridad de la frontera compartida por medio del fortalecimiento de la Policía y la Fiscalía que operaba de lado y lado, una propuesta que ni el alcalde de Soacha ni el gobernador de entonces aceptaron.

HUGO ACERO
Especial para El Tiempo

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