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El fiscal en su laberinto

El hombre que propone una constituyente y tiene una responsabilidad en el eventual acuerdo de paz.

FEDERICO ARANGO
Nació en Ibagué, fue un colegial revoltoso y un universitario introvertido. Hizo sus estudios de posgrado en Alemania y España, aportó en la redacción de la Constituyente de 1991 y, a los 40 años, fue viceprocurador. Es el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, un hincha del Deportes Tolima, de la música caribe y de Beyoncé. Es hijo de un abogado no titulado y nieto de campesinos. Un noctámbulo –fanático del capuchino–, que acepta haber optado por hacer públicas sus actuaciones en casos connotados, en lugar de haber escogido la “política del avestruz en el panorama noticioso”. El hombre que propone una nueva constituyente y que tiene encima buena parte de la responsabilidad de que un eventual acuerdo de paz se construya sobre cimientos sólidos.
No hay escándalo o controversia en torno al proceso de paz que no lo toque. Es el responsable de la política criminal del país y el gran jefe de la arquitectura jurídica del proceso. Este rol –que él considera, por ahora, ingrato– ha hecho crecer en varios folios su registro personal de contradictores: el procurador, Alejandro Ordóñez, dijo en noviembre que sus propuestas sobre la situación jurídica de los miembros de las Farc “están articuladas” con la postura que al respecto tienen los comandantes de esa organización. Pacho Santos, en Twitter, lo tildó de “Fiscal porrista”. La senadora liberal Sofía Gaviria, a finales del año pasado, declaró que su viaje a Europa no tenía otro fin sino buscar la “impunidad absoluta” para Timochenko y su gente.
Igual, persiste: más que el fin de la guerra, ve en los diálogos de La Habana la posibilidad de comenzar a construir un país más acorde con sus convicciones. Aquellas que acuñó como alumno predilecto de varios de los grandes referentes del derecho en Colombia, profesores suyos en la Universidad Externado de Colombia. Aunque sus estudios de posgrado fueron en Alemania y España, la huella de los ideales de la Revolución francesa, en particular de los derechos humanos –la misma que ha sido el sello de su universidad–, se ve a leguas en su discurso. Y de ahí se nutren sus convicciones.
Porque mucho hay de esta herencia en la Constituyente de 1991. Ha sido un firme defensor de ella, sobre todo cuando fue magistrado de la Corte Constitucional. Por cierto, pocos sabían que algo aportó en su redacción: fue asesor del conservador Hernando Londoño en la asamblea constituyente y en la Comisión de Justicia trabajó codo a codo con Álvaro Gómez para sentar las bases de la Fiscalía y de la Procuraduría.
Luego vino su primer viaje a Alemania, donde sin abandonar su especialidad, el derecho penal, comenzó a incursionar en el constitucional. Volvió para ser viceprocurador, nombrado por uno de sus grandes maestros: Jaime Bernal Cuéllar.
De ahí llegó, elegido como magistrado, a la Corte Constitucional. Su gran legado fue la senda que abrió para que esta pudiera detener los intentos de reformarla que tocan su nervio central. Esto no le impide insistir una y otra vez en que es hora de una constituyente limitada, para reformar la justicia y que de paso sirva para destrabar el proceso de paz, que hoy patina justamente en ese pantano. Es su obsesión del momento.
A su magistratura renunció antes de que se le cumpliera el período. Aunque muchos dicen que lo hizo tentado por la posibilidad de entrar en la terna para elegir al fiscal que reemplazaría a Luis Camilo Osorio, él lo niega y responde que lo hizo porque se le presentó la oportunidad de regresar a Alemania a seguir cultivando su lado B, el del esmerado académico.
Aquí comienza su pasado reciente, que es más conocido y que incluye haber sido comisionado por Álvaro Uribe para demandar a Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional, en plena efervescencia del conflicto con los vecinos, luego de la operación Fénix en la que murió Raúl Reyes. Al llegar a la Fiscalía se alejó de Uribe y prefirió ser gregario de Santos en el ascenso al brutal premio de montaña del acuerdo con las Farc.
Pero los dardos que le apuntan no solo tienen que ver con ese rol. También por el hecho de que la Fiscalía siempre tiene algo que decir en cada escándalo de temporada: los de quilates, como el protagonizado por el magistrado Jorge Pretelt por un supuesto soborno o la carta en la que sentó una firme posición junto con las cabezas de las altas cortes –salvo la Constitucional– contra la reforma al equilibrio de poderes, pero también los cotidianos. Desde el “Usted no sabe quién soy yo”, de Nicolás Gaviria –el mismo Montealegre anunció llamado a rendir indagatoria al díscolo joven–, hasta el de los manejos turbios en la Fifa –el ente acusador anunció que escarbaría en las cuentas de la Federación de Fútbol–, pasando por el robo del ejemplar de la primera edición de Cien años de soledad en la Feria del Libro, cuando el vocero de la entidad aseguró que al autor del latrocinio le esperaban veinte años tras las rejas.
En su defensa argumenta que solo está cumpliendo con sus funciones, que es el rol que le corresponde a un fiscal de estos tiempos. No entiende por qué le tememos a la confrontación de ideas.
Se refugia en su casa campestre en La Calera y en las pocas cátedras que puede todavía dictar. Está leyendo un libro de Pierre Michon que consta de nueve biografías de gente rural y sencilla. Una visita a sus orígenes.
Toma un capuchino tras otro y a cada respuesta la antecede un silencio en el que la ensambla cuidadosamente, de tal forma que no quede ni una sola palabra suelta. Torso rígido, canaliza todo el lenguaje corporal a través de las manos que mueve al compás de sus argumentos. Tal vez por eso es que, por momentos, parece tan impenetrable como su despacho en lo más alto del búnker al que se accede luego de superar cinco filtros. Ahora bien, quienes lo conocen aseguran que puede ser tan racional como visceral, esto último cuando la ocasión lo amerita. Sus respuestas a BOCAS les dan la razón.
Su cédula es de San Antonio de los Micos. ¿Por qué de allá?
Yo soy de Ibagué, pero mi cédula es de una población que está cerca de las montañas del sur del Tolima, San Antonio de Calarma, a la que también le dicen San Antonio de los Micos. Fui a hacerle una visita a mi hermana que estaba casada con un médico que estaba haciendo el año rural y aproveché para sacar mi cédula allí. Nunca se me olvidará que todas las puertas estaban pintadas de azul porque es un pueblo conservador.
Ya que pone el tema, ¿qué hay de cierto en lo que se dice sobre su militancia de juventud en la izquierda?
Filosóficamente soy un liberal de centroizquierda. Y liberal en el buen sentido de la palabra, entendido el liberalismo como una filosofía pluralista, de la inclusión del otro. Creo en la necesidad de la intervención del Estado, pero profeso un gran respeto a la economía de mercado; creo que lo ideal es, como dice esa frase, combinar la mano invisible del mercado con la mano visible del Estado. A mí me gusta la combinación de la Constitución del 91 que plantea una economía social de mercado. Soy muy liberal en el tema de derechos humanos; me gustan las sociedades abiertas. Tal vez fue mi trayectoria de vida, desde muy joven me eduqué en eso, en un colegio en Ibagué, el San Simón, que era muy pluralista, al que iban todos los sectores sociales. Eran los setenta, cuando había un gran fervor estudiantil, un gran compromiso de los estudiantes con los problemas del país.
Pero sus compañeros del Externado lo recuerdan con su ruana, introvertido, disciplinado…
Cuando llegué a la universidad abandoné la militancia, entre comillas, política estudiantil de colegio. Me dediqué fundamentalmente al estudio del derecho y me aislé de toda deliberancia o discusión política.
¿Qué siente cuando lo tildan de guerrillero?
Siento que en Colombia aún debemos trabajar por construir una cultura política que respete la diferencia y polemice con argumentos y no con prejuicios. Pero, además, debemos avanzar en la idea de que los argumentos no tienen color político. No podemos dejar, por ejemplo, que la guerrilla capture argumentos que cualquiera podría exponer. Mucho menos debemos silenciar argumentos por miedo a que nos confundan con un grupo en particular. En mi caso, si decir lo que pienso me lleva a coincidir en algunos temas con la guerrilla, o con quien sea, no veo en dónde está el problema.
¿Dónde entonces?
Por ejemplo, defender los derechos sociales no es una posición de la izquierda. Abogar por la participación política de todos es un deber de cualquier demócrata. No me molesta tanto que alguien pueda tildarme de guerrillero. Me genera más angustia pensar que por mis argumentos, o por los que cualquier persona exponga, pueda catalogarse a alguien de esa forma. La polarización del debate es lo más catastrófico que puede pasarle a una democracia.
Muchos lo recuerdan por su papel en la discusión de la constitucionalidad del referendo que llevó a cabo Uribe en su primer mandato y lo consideran un hecho clave en su vida profesional. ¿Qué nos puede decir de ese debate?
Ahí la Corte tomó una de las decisiones más importantes del derecho constitucional colombiano. Por primera vez en forma muy expresa sostuvo la tesis de que el Congreso tiene límites materiales al momento de hacer reformas constitucionales. Porque la Constitución establece que cuando se trata de una reforma constitucional, la Corte solamente puede ocuparse de los vicios de forma. Aquí la Corte entendió que hay unos límites materiales al poder de reforma. Es decir, que hay unos pilares fundamentales en la Constitución que la caracterizan, una fórmula política que le da su identidad y el Congreso no puede modificarla. Con base en esa tesis es que yo voy a presentar -como fiscal general de la nación- una demanda contra la Reforma al Equilibrio de Poderes, porque considero que ahí hay normas que pueden implicar la sustitución de la Constitución porque rompen ejes centrales y estructurales del modelo de la Constitución del 91.
¿Qué tiene de malo?
Hay una ruptura de la autonomía judicial, un aspecto básico de la Constitución. Si uno lo mira en su contexto integral, como sistema, están rompiendo totalmente el sistema de pesos y contrapesos. Lo que hay es un gran desequilibrio de poderes, el país no se ha dado cuenta de la gravedad de las normas que aprobó el Congreso de la República.
¿Cuál sería entonces su modelo ideal?
La teoría del Estado moderno no concibe que alguna rama del poder público esté por encima de las otras. Equilibrar los poderes significa diseñar mecanismos para que ninguna persona o institución tenga la posibilidad directa o indirecta de incidir, afectar o condicionar las decisiones de otra institución. En el fondo, son mecanismos para prevenir la arbitrariedad que garanticen que cualquier rama del poder público tenga la capacidad e independencia para tomar sus decisiones sin presiones de ninguna naturaleza. También, ese modelo debe erradicar de nuestra cultura política cualquier influjo o rezago monárquico que conciba a alguno de los poderes como todopoderoso. En esta reforma, el Congreso pone de rodillas a la justicia y quebranta su autonomía e independencia.
¿Qué enseñanzas le dejó esta reforma?
Muchas. Por ejemplo, que el protagonista de la famosa novela de Stevenson, El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, es un personaje que habita en algunos parlamentarios. Por ejemplo, en Claudia López. De día trata de “sanguijuela de alcantarilla” a un ilustre expresidente, y de noche pacta con el buen muchacho y gran parlamentario José Obdulio Gaviria. Miren la famosa foto del Hotel de la Ópera. Cuando escuché al ministro Cristo y su ronda de políticos dándole lecciones de ética a la justicia colombiana para defender la pobre reforma constitucional llamada “equilibrio de poderes”, me acordé de un fascinante ensayo de Mario Vargas Llosa titulado “La moral de los cínicos”.
Hay quienes creen que con sus antecesores lo une el ir de menos a más no solo en visibilidad, sino en protagonismo en el debate público. Comienzan el período con relativo bajo perfil y salen con aspiraciones políticas. ¿Cree que es inevitable?
Las especulaciones sobre mis aspiraciones políticas son un entretenimiento de algunos y no hay que pararle muchas bolas. La cábala, propia de la gran literatura hebrea, es en nuestro país algo muy distinto a lo que significa en la milenaria tradición judía: un pasatiempo de formadores de opinión desocupados. En el caso de quien ocupa o ha ocupado el cargo de fiscal general de la nación, son solo cantos de sirena. No tengo los sueños de quinceañera que en su momento invadieron a otros fiscales. Valdivieso construyó su aspiración presidencial al “tintineo de las esposas”, con órdenes de captura. Y como le tengo miedo al ridículo, no voy a hacer el oso de convertirme en precandidato eterno de un partido, como le ha pasado a Gómez Méndez, quien alcanzará la longevidad soñando con ser estadista.
Es que existe la percepción de que la Fiscalía siempre tiene algo que decir en cada escándalo mediático. ¿Son necesarios tantos anuncios?
En un país tan judicializado como Colombia, con una agenda pública llena de escándalos criminales, es inevitable, casi que imposible, que la Fiscalía General opte por la política del avestruz en el panorama noticioso. Aquí nos enfrentamos al dilema de explicar o no a la opinión pública qué gestiones está realizando la Fiscalía. Y hemos preferido hacer públicas nuestras actuaciones en casos connotados porque consideramos que evitar el hermetismo estimula el control ciudadano. El secreto en las investigaciones fue la característica principal del proceso penal medieval. El mundo moderno avanza hacia modelos cada vez más públicos.
En su gestión usted ha hecho énfasis en apuntarles a las grandes estructuras criminales. ¿Qué les dice a los que creen que por ocuparse de lo importante se ha descuidado lo urgente y que eso ha ayudado a que la gente crea cada vez menos en la justicia, no denuncie?
Combatir las grandes estructuras criminales es importante y urgente. Como también son urgentes e importantes los casos que afectan a los ciudadanos del común. Sobre estos problemas también diseñamos nuevos mecanismos de investigación criminal. No en vano en la modernización de la Fiscalía fortalecimos las regiones y creamos una dirección especial encargada de la seguridad ciudadana. Lo que proponemos es una forma distinta, más eficaz, de afrontar los problemas de criminalidad. Si a usted le preguntaran qué hacer, qué respondería: ¿seguir con el modelo de investigación caso a caso, disociado, que ha resultado ineficiente, paquidérmico y que sobresaturó a la Fiscalía al punto de hacerla ingobernable? ¿No es mejor, acaso, reorientar el modelo y redirigir nuestros esfuerzos no solo en perseguir al delincuente individualmente considerado, sino principalmente en ir detrás de la banda delictual? No es un secreto que los delitos del siglo XXI son principalmente delitos que se cometen a través de estructuras criminales. Incluso los delitos más simples involucran redes de apoyo. Por ponerle un ejemplo, el hurto de celulares y documentos personales, que tanto afectan al ciudadano en la calle, están mediados por bandas de delincuentes.
Ha insistido en su propuesta de una constituyente. ¿Cómo sería esta?
Propusimos una constituyente limitada. Pensamos en la propuesta de la comisión interinstitucional que esto es posible frente a la Constitución del 91 y así lo ha dicho la Corte Constitucional. Además, así podríamos hacer reformas estructurales a la administración de justicia, pero no solo frente a los problemas actuales, hay que reformular muchos elementos de la justicia transicional, darle desarrollos a lo que puede ser la justicia transicional producto de un acuerdo de paz y preparar al país para el posconflicto. Un proyecto más ambicioso que la modesta reforma Cristo para realmente tocar pilares fundamentales no solamente de problemas actuales, sino de las necesidades de la justicia en caso de un acuerdo de paz, pero, siempre, limitada.
Hablando de paz, usted dijo hace poco:
“Es que aquí todo el mundo quiere la paz y construir una solución negociada al conflicto, pero nadie quiere ceder absolutamente nada”. ¿En qué estaría dispuesto a ceder usted en términos personales?
¿Ha visto las encuestas?
Creo que he sido uno de los que con más claridad ha expuesto el pensamiento sobre el proceso de paz, aun a pesar del costo en términos de imagen y popularidad. ¿Ha leído y escuchado las permanentes agresiones verbales y escritas de los enemigos de la paz? ¿De los guerreristas? Es un costo alto que seguiré pagando en aras de una solución negociada al conflicto. Ahora bien, su pregunta me hace recordar un famoso ensayo de Hans Magnus Enzensberger titulado “Los héroes de la retirada”. Este escritor alemán nos muestra allí que el heroísmo del mundo de hoy no debemos buscarlo en la estruendosa victoria épica, en la gloria apabullante de los clásicos, sino en el discreto pero necesario coraje civil de la negociación, de la concesión y la renuncia.
¿Ve a esta sociedad preparada para todo lo que acarrea un posconflicto? ¿Qué aspecto ve más débil?
La sociedad está preparada, pero no puede descuidarse ningún flanco. Le escuché hace poco en una entrevista a “Iván Márquez” que, curiosamente, en muchos momentos de la negociación había sido más fácil entenderse con los militares, pues habían encontrado en sus contrapartes en la guerra muchas más cosas en común de lo que en un primer momento creían. A pesar de algunas mentiras un poco extendidas, yo creo que aquellas personas que conocen la guerra de primera mano, o quienes han sufrido personalmente su barbarie, son quienes mejor aprecian las bondades que traería la paz. Esa posición valerosa de los militares contrasta con la mezquindad de aquellos azuzadores de la guerra de escritorio. Hacer la guerra desde los clubes sociales de las grandes ciudades es muy fácil, cuando no son nuestros hijos los que mueren en los campos de batalla.
¿Aun así es optimista frente al proceso?
Mucho. Con el diseño de los elementos centrales de la Comisión de la Verdad hemos entrado en un punto de no retorno. Las Farc tienen que tener muy claro que no puede existir un proceso sin justicia, que no va a existir un proceso con impunidad, que los viejos modelos de procesos en América Latina que se han fundamentado en amnistías incondicionales frente a graves violaciones a los DD. HH. son insostenibles. Un acuerdo así no tendría ninguna legitimidad en el derecho interno ni pasaría los estándares internacionales, incluida la Corte Penal Internacional. Uno puede buscar fórmulas, instrumentos, pero ahí hay unos inamovibles como lo es el de que los máximos responsables tienen que ser condenados a penas privativas de la libertad por las graves violaciones a los derechos humanos y ahí sí se puede pensar en la alternatividad, pero sobre la base de que no sigan delinquiendo, de que desarticulen sus organizaciones criminales. Que se olviden las Farc de amnistías incondicionales.
¿Definitivamente se puede ir olvidando la gente de ver a los miembros del secretariado tras las rejas?
La Constitución permite un modelo de justicia transicional en el cual, aun frente a graves violaciones a los derechos humanos, se puedan imponer penas alternativas distintas a la privación efectiva de la libertad. Este es un proceso de paz con justicia, sin impunidad, porque la base es que los máximos responsables deben ser juzgados y condenados y se les tienen que imponer las penas privativas, que pueden ser de cincuenta años de prisión y tienen que existir esas condenas. Lo que acontece es que si se dan unas condiciones que establece la misma Constitución, esas penas se pueden suspender y se pueden imponer unas, alternativas, distintas a la privación efectiva de la libertad, pero reales.
¿Cuáles serían?
Restricciones fuertes a ciertos derechos fundamentales como que tienen que estar durante algún tiempo en ciertas zonas del país. No es la cárcel, pero es una restricción. El desminado como parte de la sanción, el trabajo social comunitario, esto se trata de una justicia en la cual, a la vez que se paga la pena, se restaure la confianza con la comunidad y con los afectados. Sistemas penitenciarios flexibles que impliquen arrestos de fin de semana o sistemas de trabajo diurno y arresto nocturno. Inclusive la reclusión en centros especiales fuera del país.
¿Qué opina de la Comisión de la Verdad?
Los colombianos no hemos valorado lo suficiente la importancia de ese acuerdo. Ahí hay un elemento muy importante, y es entender, y así lo entienden las Farc, que debemos pensar en un modelo integral de justicia transicional que no solamente pase por los temas penales de alternatividad penal, sino que implique un mecanismo de acceso de las víctimas a la justicia. Esta Comisión va a ser el mecanismo que les permitirá a todas las víctimas tener un acceso directo a la justicia sin perjuicio de otras herramientas de la justicia ordinaria, pero donde podamos reconstruir la verdad histórica de lo que ha sido el conflicto. Implica la aceptación de que no nos podemos centrar exclusivamente en los aspectos penales, sino que todos los actores tienen que ir allí, reconocer su responsabilidad, escuchar a las víctimas.
¿En qué se concentrará en los meses que le quedan de fiscal?
En impulsar los grandes casos de violación a los DD. HH. porque consideramos que avanzar lo más posible en las investigaciones, imputaciones y acusaciones de todos los actores del conflicto -guerrilla, fuerza pública y el entorno del paramilitarismo- es la mejor contribución que le podemos prestar a la paz del país y a la justicia transicional.
¿Qué pretende con eso?
Que si se firma un proceso de paz y si entran a funcionar unos nuevos mecanismos de justicia transicional, que pueden implicar tribunales mixtos entre colombianos y personas de otro país, que puede implicar la creación de fiscalías especializadas; que las grandes situaciones de violaciones a los DD. HH. estén al menos en una etapa de imputación y si se puede, de acusación.
¿Cuáles en particular?
En la guerrilla: desplazamiento forzado, reclutamiento de menores en el conflicto, secuestro, violencia sexual, utilización de medios y métodos ilícitos, toda la violación del DIH, la situación de confinamiento que ha producido el conflicto de ciertas reservas indígenas en el sur de Colombia, específicamente frente a los awas y la producida por medios ilícitos por parte de las Farc como instrumento de lucha armada: narcotráfico, lavado de activos. En el tema de fuerza pública tenemos que tomar definiciones, las que correspondan en derecho, frente a falsos positivos de altos oficiales. Y en materia del entorno del paramilitarismo estamos haciendo un filtro para impulsar los 13.000 casos que surgieron de justicia y paz, que son compulsas de copias que tienen que ver con financiamiento, vínculos con la clase política y miembros de la
fuerza pública.
¿Ya tiene planes para cuando termine su período?
Me iré a Alemania a estudiar y a leer. A reencontrarme con la academia. Luego ya veremos. Hay un viejo chiste, a propósito de una frase del conde Romanones, un político español, según el cual cuando un personaje público dice “nunca”, en realidad lo que está diciendo es “por ahora”. Por eso si me pregunta que si, una vez culmine mi período, planeo regresar en un futuro a la vida pública, yo le diría: nunca.
FEDERICO ARANGO
Fotos Juan Pablo Gutiérrez
FEDERICO ARANGO
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