Siempre han participado. Tanto capital político han amontonado en
sus casi 50 años de presencia entre nosotros, que se han dado el lujo de
pegarle el pastorejo definitivo a las últimas tres contiendas presidenciales en
Colombia.
La primera vez, lo hicieron en su propio beneficio, al obtener,
cuatro días antes de la segunda vuelta de 1998, la promesa de Andrés Pastrana
de desmilitarizar San Vicente del Caguán en el Caquetá y otros cuatro municipios del departamento del Meta. La segunda
vez, las Farc habían empujado al país en brazos de quien parecía tener el
coraje y las condiciones para borrarlas del mapa: ¨Si no es Uribe, ¿quién?¨ Y
en la tercera, añadidura de la segunda historia, llegó Juan Manuel Santos a la
Casa de Nariño, premiado por haber ejecutado desde el Ministerio de Defensa la
parcial derrota militar de ese grupo, y con el mandato de totalizarla. Si los
presidentes pudieran decir la verdad, los discursos de posesión de estos tres
hubieran reconocido que sin los miembros del Secretariado nada de esto hubiera
sido posible.
El siguiente punto de la negociación del proceso de paz en La
Habana es la participación de las Farc en política, ya que el domingo pasado
las delegaciones lograron un acuerdo parcial sobre el primer punto, el de la distribución de
la tierra y su explotación. En este momento hay sectores en Colombia que
conciben como un exabrupto el solo hecho de que se discutan condiciones para que
ex miembros de esa organización pudieran candidatizarse para elecciones
populares, ocupar cargos públicos y organizarse como partido. Otros sectores
aspiran a que un día las Farc actúen en el escenario político nacional,
respetando nuestras leyes y apropiándose de ellas. En este forcejeo, seguramente
los enemigos del segundo punto de la agenda pueden llegar a frustrar esa aspiración; lo que sí nadie puede
impedir es que, pulverizando las reglas que nos ordenan, las Farc se metan a
empellones y salgan en la foto de nuestra realidad. La guerrilla en Colombia
tendrá una opción política, con legitimidad o sin ella.
Ahora, para Colombia existen dos opciones: quedarse donde está o
trasladarse a un estado diferente de interacción política. Es decir, puede
seguir en guerra o comenzar a vivir en paz. Por eso se habla de transición: ¨las medidas transicionales¨, ¨la
justicia transicional¨, ¨la transición colombiana¨... Porque nuestra condición
colectiva es indigna y necesitamos superarla. Tenemos que ser capaces de
convertirnos en algo más que un país que le pone balde a la gotera de sangre
antes de salir a posicionarse en uno de los primeros puestos de la lista de los más felices del mundo. El asunto
es que no vamos a ser nada diferente de lo que ya somos, creyendo que nuestra
paz puede consistir en quitarles los fusiles a los 8.000 combatientes que tienen
las Farc, con el objetivo de silenciar la estridente explosión de la pólvora y sin
ofrecerles otra alternativa para impactarnos. El tipo de transición que
Colombia puede emprender no es la modalidad clásica de transición política, por
la cual un país se quita de encima un régimen dictatorial para perseguir el
ideal de la democracia liberal. Nosotros ya tenemos una democracia que está en
conflicto y, por lo tanto, la transformación que nos corresponde, como lo explica
Rosario Figari en su libro El rol de la
Justicia transicional en medio de conflictos armados en curso: El caso de
Colombia, radica en ¨sustituir por competencia política la confrontación
violenta.¨
Desmovilizar a un grupo levantado en armas en contra de la
autoridad estatal y cerrarle toda posibilidad de competir por el poder no es
hacer las pases sino someter al enemigo. Imaginémonos esa Colombia en donde el
Estado, por fin, ha recuperado el monopolio de las fuerza y las Farc ya no
están en capacidad de disputarlo:
Hablamos de un país con una población de decenas de miles de ex
combatientes participantes en la economía legal (digamos que así sucediera),
desde la base del mercado laboral puesto que muchos de ellos a duras penas
saben leer y escribir, pero sin voz en las deliberaciones públicas. Produciendo
riqueza para el país, pero sin poder decidir sobre ella. Viviendo unas vidas
determinadas por el resto de nosotros, al obedecer unas leyes que determinan
los aspectos más cruciales de su cotidianidad, sobre las cuales no tienen
injerencia significativa. Gobernados sin poder gobernar sobre nada ni nadie. Podrán
tener otros derechos civiles más básicos, como el voto, la libre asamblea y la
protesta pacífica pero, si la mayoría de ellos no tienen permiso de pisar la
arena política e intervenir de cuerpo presente en la toma de decisiones, ¿de
dónde nos vamos a sacar que sus intereses están presentes en la democracia
colombiana? Sería un país en donde una minoría es gobernada por una mayoría,
puesto que no tiene permiso para representarse a sí misma. Ese país no sería un
pueblo pacificado.
El resultado previsible de una situación tal es que el grupo
oprimido luche cada día de su existencia para recuperar el acceso a las armas y
así liberarse. Entonces, ¿cuál es la transición? La sociedad que he descrito es
la consabida serpiente que se muerde la cola. En ese escenario no hay perdón,
no hay reconciliación, no hay integración, no hay futuro compartido y, por lo
tanto, no hay una nación. Sería una mentira llamar ¨colombianos¨ a un grupo de
gente cuya ciudadanía no se puede movilizar hasta sus últimas consecuencias
políticas. Por todo eso, la exclusión de las Farc en la política colombiana es
una garantía de repetición de la violencia. Por eso fue que, en un principio,
se rebelaron. Porque los habíamos excluido.
Nada de esto conduce a que al país le convenga admitir a cualquiera
de los ex combatientes de las Farc como legítimo contendor por el manejo de las
instituciones públicas. A mí también me espanta pensar en lo que puede pasar
por el corazón y la cabeza de una víctima que viera por televisión a un miembro
del Secretariado rodeado de luces, cámaras y micrófonos en el Congreso. Entonces,
no creo que empoderar a los últimos responsables de los más siniestros crímenes
de esa organización, que seguramente son los miembros de la dirigencia con la
que estamos negociando en La Habana, vaya a hacer de Colombia un país más digno
de su propio respeto. El dilema entre nuestro compromiso con las víctimas y la
necesidad de comprometer a los poderosos de las Farc con el éxito del proceso
de paz quizás sea el desafío más abrumador de nuestras generaciones. Sólo
quiero argumentar en favor de un principio desde el cual dudo mucho que el país
ya esté dispuesto a partir hacia la selección de los desmovilizados que deben
ser admitidos: El principio de que, de alguna manera, las Farc tienen que
participar en la política legal de este país para que cese la horrible noche.
Twitter: @veronica_ucros ]]>
