A propósito de cumplirse el próximo 18 de agosto del año en curso veinte años de la muerte del político liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento, las investigaciones han tomado un giro inesperado. Pero, estos últimos acontecimientos sobre el caso, que además está próximo a prescribir como lo ha advertido la Procuraduría General de la Nación, no despiertan extrañeza en el pueblo colombiano. Desde que se dio el magnicidio en contra del dirigente las investigaciones han sido errada. Los desatinos en el manejo del caso han dejado al descubierto una serie de irregularidades que hasta ahora la Procuraduría, en cabeza del nuevo procurador, ha puesto de conocimiento a la opinión pública.

Esos funestos hechos ocurridos en Soacha, Cundinamarca, ese 18 de agosto de 1989 dejó anonadado al país, el cual no salía del estupor al ver en directo a través de la televisión cómo el candidato a la presidencia de la república era ultimado con ráfagas de ametralladoras. Aún, 20 años después, las imágenes recuerdan a la Colombia violenta. Esas imágenes han entrado a engrosar las paginas dolorosas de la historia política colombiana. Esas imágenes son un recordatorio de cómo algunos personajes sin respaldo popular violentan la democracia para usurpar el poder que les es negado por el pueblo colombiano.

La muerte de Galán fue anunciada con bombos y platillos por los interesados en torpedear el sentir del pueblo. Las amenazas días antes de su muerte arreciaron. Su regreso al partido liberal después de 8 años por fuera, tiempo en el que fundó el Nuevo Liberalismo, fue con el propósito de participar en la consulta interna del liberalismo para escoger el candidato a la presidencia de la república en las elecciones de 1990. Sobre los presuntos implicados, los órganos de investigación han cometido todo un "collar" de desaciertos. La justicia colombiana ha sido inoperante en las investigaciones. Tanto es así que muchos de los detenidos por el magnicidio han quedado en libertad por faltas de pruebas.

Al colombiano del común siempre le ha causado suspicacia la forma cómo se ha querido mantener en la más absoluta impunidad a los autores intelectuales del crimen. El pueblo colombiano entiende que no se necesita ser un experto en investigaciones judiciales ni criminalisticas para saber que la justicia colombiana ha errado en las investigaciones de manera alevosa. Detrás de estos yerros hay una intención sórdida de ocultar la verdad.

El pueblo colombiano se pregunta: ¿Además de los narcotraficantes de la época a quiénes en la política beneficiaría la muerte de Galán?

El anterior interrogante surge porque hay que recordar que desde 1979, año en que fundó el Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán fue el antagonista más fuerte que tuvo el liberalismo hasta el día de su muerte. Es decir, el dirigente liberal se había convertido en la piedra en el zapato para los que pretendían ocupar el Solio de Bolívar por ese partido. En la baraja de candidatos por el partido liberal, Galán era el obstáculo insuperable. Al interior del Partido Liberal, el dirigente inmolado se granjeó la animadversión de sus copartidarios. El colombiano del común recuerda cómo la colectividad roja perdió las elecciones de 1982 cuando en un acto tozudo de la dirigencia liberal llevaron de candidato al ex presidente López. Éste perdió la presidencia de la república ante Belisario Betancur. Sin lugar a dudas, esto sólo fue posible porque Luis Carlos Galán aspiró por fuera del liberalismo. La llegada de Virgilio Barco a la presidencia, quien obtuvo una victoria contundente, se debió a que Galán declinó su candidatura a favor del candidato de su partido. Se supone que tal acción fue el producto de algunos acuerdos sobre quién debía ocupar el lugar en la linea de sucesión al interior del partido, tan es así, que el ex presidente Turbay, quién siempre mantuvo una postura antagónica con López, lo llamó a la consulta interna del partido para las elecciones de 1990.

Para la época en que fue acribillado Luis Carlos Galán el partido liberal estaba fraccionado. Dos posturas no concordantes al interior de la colectividad eran evidentes. Una, representada por el ex presidente López, y la otra, representada por el ex presidente Turbay. Cada bando tenía su propia linea de sucesión y el rifirrafe por mantener a su candidato en la punta se tornaba más agresivo. Días previos al congreso interno del partido para decidir si se acogía la formula de la consulta interna o un candidato de consenso exacerbó los ánimos de los miembros de ambos bandos.

El giro en las investigaciones anunciado por el Procurador, y en la que se trae a colación la participación directa de varios dirigentes liberales en el magnicidio, ratifican que la dirigencia liberal de la época pudo estar incursa en el asesinato. Basta con recordar la manera cómo estaban conformados los dos bandos y quiénes eran los candidatos a suceder a Virgilio Barco para coincidir con las afirmaciones hechas por la Procuraduría en el sentido de que algunos de estos dirigentes liberales están fallecidos.

El colombiano del común se pregunta: ¿Qué hubiese pasado si la tesis del bando del ex presidente López hubiese vencido a la del ex presidente Turbay, es decir, escoger un candidato de consenso en el congreso liberal?

En las toldas del bando de López el candidato era Hernando Durán Dussán, quién contaba con toda la maquinaria política del partido. Entre los que respaldaban a este candidato se encontraba quién posteriormente sería Presidente de la República y sobre el cual se cerniría el escándalo político y penal más vergonzoso de los últimos tiempos en Colombia por sus supuestos vínculos con el Cartel de Cali: Ernesto Samper Pizano.

Lo anterior tiene conexión con dos eventos importantes que han sucedido recientemente y que alteran dramáticamente el curso de las investigaciones; el primero, ocurrido en octubre de 2008 con la decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Cundinamarca que benefició a Alberto Santofimio Botero; y el segundo, en donde dos testimonios involucran directamente al candidato de la época Durán Dussán. En el caso de Santofimio, aunque se haya querido distraer la atención sobre los verdaderos autores intelectuales, la evidencia en contra de él era solamente su amistad con Pablo Escobar. Aún más, se podría decir que este pudo ser usado posiblemente para obtener del capo recursos que permitirían financiar algunas campañas de los miembros de este bando al interior del partido liberal.

Lo grave del segundo evento ocurrido hace poco es que involucra a otro dirigente liberal del más alto nivel que hacía parte del bando de López y Samper: Víctor Renán Barco.

Al colombiano del común le surge este interrogante: ¿Si los nombre recientes pudieron haber estado desde el principio vinculados a las investigaciones, por qué hasta ahora son tomados en cuentas?

Hoy, vemos cómo la justicia, la cual hace alarde de su probidad, en estos casos tan graves se hace la ciega. Curiosamente, el ex presidente Samper, quién debió ser llamado a rendir declaración para que dijera la participación que pudieron haber tenido los encartados en el magnicidio, debido a su estrecha relación con ellos, es uno de los que más apoya a la Corte Suprema de Justicia en sus ataques en contra de la figura presidencial. ¿Por qué? : ¡Averígualo Vargas!

La ñapa: Los falsos positivos, como se les conoce a las desapariciones y muertes de algunas personas, han sido usados con el propósito de desprestigiar las Fuerzas Armadas Colombianas. Cuán lejos están al pensar los ideólogos y financistas de esta macabra acción que el pueblo colombiano va a creer que esto obedecía a una política de la institución. La justicia debe investigar a los capturados, para que estos digan quiénes están interesados en torpedear la política de seguridad democrática.