A raíz del blog sobre Cero Papel, he recibido algunos correos consultando sobre el tema, especialmente en cuanto a normatividad, la realidad es que actualmente no contamos con una norma que reglamente específicamente el tema, en el año 1999 se expidió la ley 527, llamada de comercio electrónico, la cual dio unos avances sobre el tema al darle valor legal y especialmente probatorio al uso de mensajes de datos y establecer la firma electrónica.

Posteriormente el Gobierno Nacional mediante el programa Gobierno en Línea se encuentra promoviendo a iniciativa cero papel, en el manual 3.0 del mencionado programa y donde se promueve la aplicación de políticas cero papel en la administración pública, pero no se reglamenta en detalle la forma de aplicar tal política.

Un último avance normativo encontrado, es la ley 1437 de 2011 que corresponde al nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que empezará a regir en julio del 2012, dicho código establece la realización de trámites, suministro de información y en general el manejo de la relaciones estado-ciudadano por medios electrónicos, es decir, reglamenta la utilización de medios que se enmarcan dentro de la búsqueda del cero papel. 

Tengo entendido que algunas entidades, como Bogotá y el Archivo General de la Nación, se encuentran trabajando en reglamentaciones que involucran el "cero papel", la primera para aplicación por las entidades del Distrito y la segunda entidad para efectos del manejo del archivo de las entidades públicas. La DIAN igualmente ha hecho algunos avances en el tema, como la presentación de declaraciones electrónicas por parte de los contribuyentes autorizados para ello, pero no ha solucionado el tema de fondo, es decir la necesidad de tener originales y/o copias impresas de todos los soportes contables y tributarios.

Aún cuando lo anterior evidentemente no corresponde y, no pretende corresponder a un estudio profundo, encuentro que aún falta mucho camino por recorrer para llegar a ese mundo cero papel. En este momento no hay normatividad expresa que obligue a reducir el uso del papel, las iniciativas del sector privado se basan en el compromiso ambiental (y posiblemente un análisis de costos), pero con el riesgo que genera la falta de una normatividad clara sobre el tema, especialmente a nivel de soportes contables, tributarios y probatorios contenidos en medios electrónicos.

Imagen tomada de Getty Images.

María Beatriz Jaimes Acevedo

Asesora jurídica - Programa Conexión Total

Corporación Colombia Digital

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