Antes de 1991, el sangriento asalto terrorista contra el Palacio de Justicia, financiado por el cartel de Medellín y ejecutado por el M-19, era visto como un homicidio colectivo, producto de la ceguera de los asaltantes y la descoordinada respuesta del Estado, en el que por circunstancias del momento, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se vieron forzadas a recuperar por medio de las armas, la soberanía nacional, la integridad del Estado y el imperio de la ley.
Es evidente que las instituciones armadas actuaron sin la dirección ni la responsabilidad del presidente Belisario Betancur, quien carente de liderazgo y de capacidad de orientar la respuesta a la situación de crisis, estuvo a punto de ceder a las exigencias de los terroristas, y luego, obligado por la obcecada terquedad de los delincuentes acorralados, a rehuir de la responsabilidad de encabezar la recuperación del palacio, de la forma menos violenta posible.
La explicación para dicha conducta del inepto mandatario es muy sencilla. Igual que sus antecesores y sucesores, ni estaba capacitado, ni tenía la formación estratégica, ni la visión de estadista para orientar los esfuerzos encaminados a ganarle la guerra al comunismo; ni el liderazgo ni la credibilidad suficiente, dentro de las Fuerzas Armadas, que siempre lo vieron como un bohemio, ególatra, ansioso de ser premio Nobel de paz, intrigante, e incapaz de convencer a los terroristas para que se desmovilizaran Así lo demostró la cronología de los sucesos del 5 y 6 de noviembre de 1985.
Meses antes del sangriento episodio, el terrorista Andrés Almarales, presidió una multitudinaria manifestación en la Plaza de Bolívar. A pleno pulmón le gritó “Belisario usted es un manzanillo “ Y no se equivocaba el vehemente orador subversivo, cuyos subalternos y compinches ya estaban ingresando pertrechos a la edificación, pues presumían que de no contar con la presencia del presidente para someterlo a un “juicio popular, habría un encarnizado enfrentamiento armado.
De lo contrario no hubieran llevado tantas municiones, ni avituallamientos para sobrevivir por un largo periodo dentro del Palacio. El ataque terrorista contra la Palacio de Justicia inició con la incursión violenta y el asesinato de un vigilante. Esa sola acción ya demandaba una respuesta contundente del Estado.
Lo que sucedió allí, a partir de ese momento, ha sido materia de conjeturas y desfiguraciones de la verdad, pues ha primado el interés politiquero sobre la veracidad de los hechos. Se dice que Almarales asesinó a sangre fría al magistrado Echandía, que una guerrillera con una ametralladora sostuvo el combate desde el cuarto piso, que los terroristas metieron a los secuestrados a un baño y que luego en una orgía de sangre y horror, los asesinaron, que los servicios de inteligencia militar desaparecieron a algunos sobrevivientes, etc, etc.
Pero en medio de tantas conjeturas tinturadas de politiquería y de intereses de la izquierda, ni se ha establecido la verdad total, ni se ha condenado por igual a todos los responsables de la horripilante carnicería. A partir de 1991, con la promulgación de la nueva constitución y la rendición del M-19 convertido en grupo político, la concepción de lo sucedido en noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia, comenzó a variar de manera sesgada.
Mientras los militares responsabilizados por acción o por omisión de lo que se presume sucedió mediante excesos de fuerza, durante la recuperación del Palacio, son enjuiciados, vilipendiados y condenados por anticipado; los terroristas que participaron o que hacían parte de la agresiva agrupación izquierdista, se convirtieron en moralistas, son jueces de lo bueno y lo malo y además niegan cualquier nexo con los criminales que entraron a sangre y fuego al Palacio, y con su actitud generaron la hecatombe.
Por su parte el presidente Belisario Betancur, se ha hecho el de la vista gorda, jamás ha explicado su conducta, nunca ha aclarado porque no se hizo presente en el lugar delos hechos para asumir como Presidente de la República la responsabilidad del desalojo de los terroristas y “ponerle la cara” al problema, ni tampoco convocó un comité permanente de crisis, ni un consejo de ministros, ni generó alguna solución salida de su despacho.
Sus vagas declaraciones del 6 de noviembre por la noche y su genial “cabezazo” de transmitir por televisión un partido de fútbol de tercera categoría para disipar la atención de la conmovida nación, demuestran la poca seriedad del señor Betancur frente al grave asunto, así como su hasta ahora no aclarada responsabilidad política, histórica y política en torno al espeluznante suceso.
En ese orden de ideas, también debieran ser investigados y responsabilizados el entonces Procurador General de la Nación y los miembros en pleno del Congreso que rehuyeron a su función constitucional de investigar la conducta del presidente frente a los hechos, que 22 años después siguen sin ser aclarados.
Pero en aras de la justicia, sui generis en este caso, que se ha abierto y reabierto, mas con fines políticos que jurídicos, además de los militares y policías que salvaron la república y quizás se excedieron en el cumplimiento del deber, deben ser sentados en el banquillo de los acusados, los terroristas del M-19 que ahora osan de ser moralistas, el presidente Betancur, sus ministros de Gobierno, Justicia y Comunicaciones; sus secretarios y todos aquellos que por su investidura, tenían responsabilidades en los campos administrativo, penal y político, frente al trágico suceso.
Si solo se opta por investigar, enjuiciar y “crucificar” a los militares que pudieron haber incurrido en delitos, con el paso del tiempo, los resultados de dicha investigación serán similares a los de la muerte de Gaitán: Un presidente falto de carácter que obedeció a los impulsos circunstanciales, unas Fuerzas Armadas, salvando la república y restableciendo el orden mas allá de sus propias funciones debido a la ausencia de liderazgo político; y una sociedad incrédula y desprotegida que seguirá desinformada, con el obvio sacrificio de la verdad.
Más que oportunismo politiquero, esta nueva etapa de la voluminosa investigación, exige verdad y justicia, para todos los responsables de lo que pudo haber sucedido aquel noviembre negro. No mas sesgos contra la s instituciones militares, tendientes a fortalecer al Polo Democrático y a la eventual candidatura presidencial, de uno de los dirigentes que en esa época integraban el grupo terrorista que inició la tragedia, desde el momento que comenzó a preparar el asalto e ingresó al Palacio asesinando a un humilde vigilante.
Si los terroristas no hubieran asaltado el Palacio, naturalmente, no habría desencadenado la tragedia, pero además si el señor Belisario Betancur, hubiera asumido las responsabilidades que le correspondían acorde con el juramento que hiciera dos años antes, las cosas talvez, hubieran sido distintos. Si el presidente de la república es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, también es responsable de lo que hagan o dejen de hacer sus hombres. Y en este caso mayúsculo, no puede quedar excluido de tal responsabilidad. Ni mas ni menos.
Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
www.luisvillamarin.co.nr
Analista de asuntos estratégicos