No soy afecto a las noticias judiciales que atraen tan favorablemente la atención de los lectores, pero la enormidad del asunto me obliga a tratarlo aquí. Publicada hace apenas dos días en El Tiempo, la noticia decía que 15 sujetos condenados en juicio por el brutal asesinato de sus esposas están en turno para obtener rebaja de pena, porque existe la posibilidad legal de que lleguen a preacuerdos con la Fiscalía y los jueces y a negociaciones de culpabilidad que, de ser aceptadas, los liberarían de casi la mitad de los años de cárcel.

No se trata, pues, de una noticia cualquiera que se registra y nada más. Estamos ante una especie de prueba reina de la descomposición de la justicia, un extremo impensable al que se está llegando en la corrupción del sistema penal, una verdadera atrocidad jurídica. Nada extraño en medio de la jungla legal y de la descomposición  del aparato judicial, revelada con toda su intensidad con la fallida reforma que acabamos de padecer por cuenta de un buen grupo de políticos, magistrados y gobernantes.

Lo llamativo de la noticia es que algunos de los condenados argumentan que en realidad mataron por amor, porque querían demasiado a sus víctimas, y lo dicen y se quedan tan tranquilos, confiados en que las troneras del sistema, la congestión de las cárceles, los jueces condescendientes y sus acuciosos abogados se encargarán del resto para que ellos puedan volver a la "normalidad". El nuevo lema que ampare estos horrendos crímenes tendría que ser: "Ame y mate" que si usted, después de ser condenado y negar su delito, se arrepiente y reconoce tardíamente su crimen, no se preocupe que siempre hay posibilidad de lograr una buena rebaja de la pena.

Podríamos traer a cuento, con toda su carga de ironía profunda, el aforismo clásico: "el máximo derecho es la máxima injusticia". El sistema legal diseñado para castigar a los culpables, y así resarcir de algún modo a las víctimas, se puede convertir en un medio para castigar a estas y para premiar a aquellos. El mundo al revés, podríamos pensar, pero eso es lo que estamos viviendo en una sociedad donde las lágrimas están reservadas a los victimarios, no a las víctimas. Exageración dirán unos, alarmas innecesarias, afirmarán otros. Y no faltará quien diga "pobrecitos criminales, ellos también son personas que tienen derecho a rehacer sus vidas, ayudémoslos". Sinceramente me aterra pensar que convirtamos en normal lo que es, a todas luces, una enorme anormalidad.

La contundencia de los crímenes, la evidencia de las pruebas,  el daño irreparable a las familias y a la sociedad, pasarían a un segundo plano. Un familiar de una de las víctimas, refiriéndose a ese proceso de rebaja de penas, dijo que equivalía a legitimar que cientos de hombres más asesinen  a sus esposas. No le falta razón. En este caso, como en el del crimen de Rosa Elvira Cely, la amenaza se cierne sobre las mujeres, que sí que tienen motivos de sobra para elevar su clamor de protesta ante semejante expectativa. Ahí le gustaría a uno ver  en pie a todas las organizaciones feministas y no feministas comprometidas en la más loable de las causas, el respeto a la vida y a la dignidad de la mujer.

De un lado observamos progresos en la conciencia e importancia que tiene la protección de los derechos humanos de todos o los ciudadanos. Pero, de otro, paradójicamente,  vemos avanzar la aplicación de mecanismos que, a la hora de la verdad, los dejan desprotegidos.