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SALUD: REFORMA TRAMPOSA

A finales del año pasado y en ejercicio de las facultades que concedió la Constitución de 1991 al Gobierno para modernizar la administración pública, éste expidió el Decreto 2148 de 1992, por el cual se reforma el Instituto de Seguros Sociales. El decreto convierte al Instituto en una empresa industrial del Estado, con lo cual se facilita su gestión y se permite que sea administrado con criterios de rentabilidad y eficiencia privados. Se aplaude el deseo del Gobierno de tratar de introducirle esos criterios a una institución conocida por su desgreño administrativo, teñido de corrupción en tantas ocasiones. Pero una cosa es reducir costos, mejorar el servicio y ampliar cobertura en un país en el cual el 80 por ciento de la población carece de garantías mínimas en materia de salud, y otra es introducir por la puerta de atrás, sin discusión pública, y de una manera tramposa, un cambio fundamental en la concepción del papel del Estado en el campo de la salud.

Existe una diferencia fundamental entre la salud como una garantía social, y los seguros de salud. En el primer caso hay solidaridad entre el rico y el pobre, el joven y el viejo, y el enfermo y el sano, solidaridad que se traduce en la obligación de cotizar todos a un fondo común, en proporción a sus ingresos, para recibir servicios de salud en proporción a sus necesidades. Obviamente que en este esquema los pobres, los viejos y los enfermos terminarán subsidiados por los ricos, los jóvenes y los sanos.

En el caso de los seguros de salud, cada persona paga una contribución en función directa a sus niveles de riesgo, lo que lleva a las aseguradoras a establecer el criterio de las enfermedades preexistentes, cuyo tratamiento queda excluido del seguro. De lo contrario, esta sería una operación ruinosa para las aseguradoras. El artículo 15 del decreto introduce el concepto de tiempos de espera en los servicios de salud del ISS, con lo cual se pierden las posibilidades de los colombianos de clase media y pobres, o sea la vasta mayoría de nosotros, de que las enfermedades congénitas o adquiridas antes de vincularse a la fuerza de trabajo cubierta por el ISS, puedan ser atendidas, debido a la aplicación del concepto de preexistencia disimulado como tiempos de espera.

En efecto, se ha convertido por este mecanismo al ISS en una aseguradora, por el momento estatal, que actúa con criterios de rentabilidad privada. Ello no solamente deja desguarnecidos los problemas de preexistencia atrás mencionados, sino que en la práctica elimina la razón de los ricos para cotizar al ISS, y entrega este sector de alta rentabilidad a las aseguradoras privadas, en el momento en que haya libre elección para cotizar. El resultado inevitable será que el ISS terminará siendo la aseguradora de los pobres, con una calidad de servicio muy inferior a las de los ricos, al perderse el criterio básico de solidaridad.

Corresponde al Congreso, en momentos en que se discute la reforma de la seguridad social, corregir la tremenda inequidad cometida por el Gobierno con el Decreto 2148, y crear un sistema mixto en el cual exista competencia y eficiencia, pero se sigan garantizando los derechos de los pobres, los enfermos y los viejos a unos servicios de salud a su alcance económico y de alta calidad.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
4 de abril de 1993
Autor
ANTONIO J. URDINOLA

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