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MARTÍNEZ APELA E LA DESTITUCIÓN

El ex alcalde de Valledupar, Aníbal Martínez Zuleta, apeló la decisión de destitución fallada en su contra por la Procuraduría Regional del Cesar, al tiempo que defendió el manejo de los auxilios durante su administración. Martínez, a través de su apoderado Julio César Torrente, interpuso recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, argumentando que no hay dolo en la contratación adjudicada a Rafael Montero Crespo, representante del Concejo ante la junta de licitaciones, para la construcción de una glorieta al norte de la ciudad.

Redacción El Tiempo
Se establece, además, que cuando se firmó el contrato, Martínez Zuleta no sabía de la supuesta inhabilidad de Montero Crespo, ni tampoco recibió beneficio económico.
La Procuraduría del Cesar sancionó con destitución a Martínez Zuleta, mediante la resolución 088 de diciembre de 1992, tras considerar que violó el régimen de contrataciones municipales al suscribir contrato con Rafael Montero Crespo, quien estaba inhabilitado por ser representante del Concejo ante la junta de licitaciones entre 1990 y 1992.
Al igual, abrió averiguación contra el ex alcalde por irregularidades en el pago de auxilios el 19 de diciembre de 1991, violando disposiciones constitucionales.
El recurso de apelación establece, en uno de sus partes, que Montero Crespo, por ignorancia o en el afán de conseguir el contrato, indujo en error de hecho al alcalde, quien firmó el contrato partiendo de la base de la buena fe, ya que allí se le estaba diciendo, bajo juramento, que no existía inhabilidad alguna, que el contrato ya venía revisado por la entidades encargadas de su elaboración... .
De confirmarse el fallo de la Procuraduría y agotar todas las instancias, el dirigente liberal se vería obligado a alejarse de la vida pública por cinco años.
Sobre los auxilios, Martínez Zuleta dijo que durante su administración solo se pagaron tres cuentas al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) correspondientes a la administración de Rodolfo Campo Soto en 1989.
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