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IVA A LOS JABONES DE USO INDUSTRIAL

Favor indicarme si los jabones y detergentes de uso industrial se encuentran gravados a la tarifa especial del 10 por ciento al tenor del artículo 44 de la Ley 488 de 1998.

Respuesta El artículo 44 de la Ley 488 de 1998 mediante el cual se adiciona el Estatuto Tributario con el Artículo 468-1, indica que: A partir del primero de enero de 1999, estarán gravados con la tarifa del 10 por ciento los jabones, y los productos comprendidos en las siguientes partidas arancelarias .

Así las cosas, para determinar los bienes que califican como jabones, creemos necesario analizar, de conformidad con el Arancel Armonizado, la partida Nandina que los describe y que por tanto indica cuáles productos deben ser considerados como tales.

Revisado el Arancel encontramos que los jabones se encuentran clasificados en la partida arancelaria No. 34.01 y sus correspondientes subpartidas. Dentro de estas se encuentran los jabones y productos orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barra, panes o trozos, o en piezas troqueladas. Incluye la subpartida 34.01.11.00.00, los de tocador, incluso los medicinales y los demás jabones en otras formas de la partida 34.01.20.00.00.

De acuerdo con lo anterior, los jabones clasificados en la partida arancelaria 34.01 serían los gravados a la tarifa especial del 10 por ciento.

De otro lado, se considera que los detergentes industriales que se hallan clasificados en la subpartida arancelaria 34.02.90.10.00 estarían sujetos al IVA a la tarifa general del 16 por ciento en su importación y comercialización precisamente por no estar clasificados dentro de la partida de los jabones según la clasificación arancelaria.

Pregunta Una sociedad limitada se encuentra en estado de disolución, sus únicos activos consistían en unos bienes inmuebles que fueron enajenados y no existen pasivos con terceros ni con los socios. Por razones comerciales la sociedad no se puede liquidar inmediatamente.

1. Se podría dar dinero a los socios a buena cuenta de la liquidación, sin que esto origine intereses presuntivos? 2. Se podría contabilizar la revalorización del patrimonio, luego proceder a disminuir el capital y entregárseles dinero en pago de dicha disminución? Respuesta 1. De conformidad con las normas comerciales, disuelta una sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. La liquidación de las sociedades es un procedimiento de imperativo cumplimiento, expresamente regulado por la Ley.

Durante el estado de disolución, los únicos actos que podrá realizar la sociedad son aquellos necesarios para la realización de sus activos y el pago de sus pasivos, no pudiendo iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto.

Así, todas las determinaciones adoptadas por la Junta de Socios y los actos del liquidador deberán tener directa relación con la liquidación de la sociedad.

Como quiera que los préstamos a socios en este estado de disolución no tendrían directa relación con el fin buscado, se estaría extralimitando la capacidad de la sociedad en dicho estado.

Ahora bien, como la consecuencia lógica de un estado de disolución es la liquidación de la sociedad, sólo en desarrollo de dicho proceso la norma comercial permite la distribución anticipada de activos sociales a los asociados siempre que se hubiese cancelado todo el pasivo externo o cuando dichos activos excedan el doble del pasivo inventariado y no cancelado al momento de hacerse la distribución. No obstante, esta norma no incluye la distribución del remanente que no corresponde a activos sociales.

En consecuencia, no es posible reemplazar el procedimiento liquidatorio previsto en la Ley, con otra medida como sería entregar dinero a título de préstamo a los asociados, ya que esto contravendría normas de derecho público.

Sólo después de aprobada la cuenta final de liquidación, se entregará a los asociados el remanente que les corresponda a título de reembolso de capital y otros conceptos del patrimonio social.

2. De conformidad con lo anteriormente expuesto, y bajo el entendimiento que una sociedad que se encuentra en estado de disolución únicamente puede realizar actos tendientes a lograr su liquidación, tampoco resultaría viable realizar la capitalización de la cuenta de revalorización del patrimonio para posteriormente disminuir el capital de la sociedad, entregándole dinero en pago de dicha disminución a los asociados.

Pregunta Para obtener el beneficio de auditoría en las declaraciones de renta de 1998 cuando estas se presenten cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley 488 de 1998, se entendería que quedan en firme una vez transcurridos los 6 meses siguientes a su presentación, puesto que la norma hace referencia es a dentro de los 6 meses siguientes ? Respuesta La ley 488 de 1998 otorgó un beneficio especial de firmeza de la liquidación privada del impuesto de renta y complementarios del año gravable 1998 para aquellos contribuyentes que incrementen el impuesto neto de dicha declaración por lo menos en un 30% frente al impuesto liquidado el año inmediatamente anterior.

Así las cosas, realizado el incremento y cancelado el valor a cargo por dicha vigencia dentro de los plazos establecidos, la declaración quedará en firme dentro de los 6 meses siguientes a su presentación oportuna.

La expresión dentro de los 6 meses siguientes ha sido utilizada con anterioridad en las normas fiscales, tanto es así que el Artículo 714 del Estatuto Tributario establece: La declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial También quedará en firme la declaración tributaria, si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, ésta no se notificó .

De esta forma e interpretando las normas tributarias en su conjunto, se concluye que el beneficio de firmeza otorgado por la Ley 488 de 1998 se obtendría una vez hubiesen transcurridos los 6 meses siguientes a la fecha de su presentación, pues este plazo correspondería al término que tienen las autoridades fiscales para expedir requerimientos y objetar la liquidación.

En otras palabras, la actuación fiscalizadora con la que cuentan las autoridades de impuestos para proferir requerimientos, pliegos, emplazamientos y demás actos relacionados con la declaración presenta, se reducirá a sólo 6 meses.

No obstante, si dentro de dicho término la Administración de Impuestos notifica Requerimiento Especial para efectos de modificar la liquidación privada presentada por el contribuyente, esta actuación oficial suspenderá el beneficio otorgado debiendo sujetarse al procedimiento señalado en los términos establecidos de forma general por el Estatuto Tributario.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
1 de marzo de 1999
Autor
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