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ARMONIZAN EL CONTROL SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La Contraloría General de la República, a través de una circular enviada a todos sus dependencias en el país y a las contralorías territoriales, estableció que las únicas normas que podrán seguir a la hora de desarrollar control fiscal sobre empresas de servicios públicos con aportes o participaciones estatales, son las determinadas en las resoluciones 4572 de 1998 y 4812 de 1999.

Así, el organismo de control echó atrás toda la reglamentación establecida hasta el momento por las contralorías departamentales, distritales y municipales para realizar tales labores.

Esta decisión se toma a causa de la polémica que se ha venido presentando en los últimos meses por la falta de claridad sobre los criterios y procedimientos de vigilancia fiscal que deben desarrollar las contralorías territoriales en este tipo de empresas.

El contralor general Carlos Ossa Escobar explica, en la circular, que ni las entidades vigiladas ni las contralorías podrán modificar las reglas establecidas en estas resoluciones.

Entre los aspectos más importantes de que tratan las resoluciones está el relacionado con la obligación de las empresas de servicios públicos que tengan aportes estatales, de entregar a la contraloría regional que corresponda, antes del 15 abril de cada año, sus informes financieros.

La resolución 4572 de 1998 igualmente señala que los organismos de control pueden pedir aclaraciones y adiciones sobre los mecanismos, actos y procedimientos que condujeron a la obtención de los resultados presentados en los documentos entregados.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Economía
Fecha de publicación
13 de mayo de 1999
Autor
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