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LA LEY 100: CAMBIOS Y REFORMAS QUE AFECTAN LA SALUD

A casi cuatro años de haber sido dada a luz la Ley 100 de 1993, esta norma está a punto de constituirse en una de las más perfeccionadas de este país, habida cuenta del casi centenar de decretos reglamentarios que la han venido modificando y que da en promedio uno cada 15 días, dando lugar a que todos sus críticos la consideren un borrador de lo que finalmente ha de llegar a ser.

Sin embargo para estar a tono con los incesantes llamados a la reconciliación que proliferan por todo el país hay que darle una tregua a lo que al fin de cuentas es la reforma más importante en materia de seguridad social en el país y se debe despejar la mente de opiniones tales como que la ley en cuestión fue una improvisada respuesta al llamado de la comunidad mundial para participar en el proyecto Salud para Todos en el Año 2000.

También de debe despejar la tendencia a juzgar como erráticos los análisis que se hicieron para definir las coberturas del nuevo Plan Obligatorio de Salud y sus períodos de carencia, no se debe seguir pensando que fueron definidos en base a los subregistros existentes en el antiguo modelo de seguridad social el cual debido a su regular calidad nunca cubrió realmente a toda la población afiliada, ya que la mayoría optaba por otras alternativas dando la sensación de que lo existente era suficiente para los que sí lo utilizaban.

Y aunque algunos postulados de la nueva legislación en salud chocan constantemente con los principios constitucionales como el derecho a la vida y han generado un sinnúmero de tutelas, hay que considerar que todo ello hace parte del normal proceso de un proyecto que a medida que avanza se evalúa y somete a modificaciones según los resultados obtenidos, lo que científicamente correspondería a la trilogía ensayo-error-corrección. Se espera que la jurisprudencia que está resultando de lo anterior sea la base de una reestructuración de los contenidos del POS y en consecuencia de los presupuestos que se le asignan a las EPS las cuales están recibiendo por cada afiliado una suma que no contempla la cobertura de los derechos que se tutelan y que sin embargo, por orden de los juzgados están asumiendo con detrimento de su estabilidad económica y de aquellos que les proveen de servicios.

Los que trabajan en el área de la salud, profesionales y empresas de IPS, no deponen el resentimiento por la exclusión de que fueron objeto a la hora de definir aspectos básicos del nuevo sistema tales como la denominada Unidad de Pago por Capitación (UPC), tal vez no haya sido el pírrico valor que se le ha asignado durante estos cuatro años, lo que ha deformado el mercado dentro del cual se mueven y ha llevado a su decapitación económica.

Todos aquellos que son usuarios del nuevo sistema de salud deben reconocer que esta reforma ha introducido importantes cambios como el aumento del 20 al 55 por ciento de la cobertura en salud de los colombianos, la inclusión al sistema de salud a los familiares de los trabajadores incluso de sus empleadas domésticas; la inclusión al sistema de 7 millones de pobres sin ninguna capacidad de pago a través del Régimen Subsidiado (P.O.S.-S.); la exigencia del nuevo sistema para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad incluyendo lo concerniente a la salud ocupacional a través de las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP); el fin al monopolio del ISS, lo cual garantiza un mejoramiento de la calidad a través de la competencia en el servicio; la normatividad referente a la calidad de la atención brindada y que necesariamente favorece al usuario y a quienes invierten para prestar un excelente servicio; la implantación de sistemas de auditoría médica que protege al paciente de los no poco frecuentes actos médicos no pertinentes o mal practicados y favorece al buen profesional en la medida que se crean mecanismos de diferenciación y selección.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
28 de noviembre de 1998
Autor
Por RAFAEL LEON, M.D.

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