DESTITUIRÍAN A 4 MILITARES

DESTITUIRÍAN A 4 MILITARES

La Procuraduría General de la Nación solicitó ayer la destitución de un teniente coronel, un capitán, un subteniente y un sargento segundo por su participación en los hechos que rodearon la masacre de siete personas en Fusagasugá (Cundinamarca), en agosto de 1991. La petición de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, que es de carácter obligatoria, cobija al comandante del Batallón de Artillería, con sede en Fusagasugá, teniente coronel Víctor Manuel Bernal Castaño; al capitán Jairo Alonso Porras Olarte; al subteniente Thomas Cruz, y al sargento segundo, William Ramírez.

7 de enero de 1993, 04:00 am

Según el fallo de la Procuraduría, el comandante del Batallón de Artillería y el capitán Alonso Porras suministraron información errada y acomodada a su superior, el brigadier general Jesús María Vergara Aragón, ex comandante de la XIII Brigada del Ejército, al Juzgado 115 de Instrucción Penal Militar y a los abogados de la Procuraduría.

La investigación demostró que el coronel Bernal preparó las declaraciones que rindieron los soldados ante el juzgado de Instrucción Criminal para ocultar algunos hechos y presionó a los subalternos para que éstos, mediante un memorial, solicitaran al juzgado revocatoria del auto de detención que había en su contra .

Los dos militares dijeron durante sus descargos ante el Ministerio Público que ellos no suministraron información errada o inexacta, y negaron su participación en la selección de los soldados que declararon ante los organismos investigadores.

La solicitud de destitución contra el subteniente Cruz y el sargento segundo Ramírez, se apoya en que ambos estuvieron al frente de la operación militar que culminó con la muerte de siete integrantes de la familia Palacios Romero en Fusagasugá. Las acusaciones La investigación evidenció además que el subteniente Cruz, el sargento Ramírez y otro personal uniformado, practicaron un registro y un allanamiento ilegal en la casa de la familia Palacios.

Igualmente, se les responsabiliza de haber realizado actos constitutivos de tortura, al ejecutar o permitir que se ejecutara a Blanca Palacios Romero en presencia de su progenitora y de una menor , dice la delegada para Derechos Humanos.

El subteniente Cruz fue, además, investigado por infligir tortura física y permitir que ello ocurriera a Camilo Palacios y Herminzo Ortiz .

Por estos mismos hechos fue investigado el sargento Ramírez, a quien se le sindica además de haber participado en el homicidio de los hermanos Antonio Camilo, Yaneth y Blanca Palacios, y de Rodrigo Barrera, Alexander Romero y Herminzo Ortiz.

El fallo de la Procuraduría se produce 17 meses después de que un grupo de militares llegó hasta una vivienda del barrio Los Comuneros, obligó a siete ciudadanos a ponerse boca abajo sobre el piso y luego les dieron muerte.

En la acción resultaron muertos cinco miembros de la familia Palacios y dos personas más. Las víctimas fueron Antonio Palacio Urrea, de 65 años, simpatizante de la Union Patriótica; las estudiantes Blanca Cecilia Gómez, de 18; y Janeth Palacios, de 19; Rodrigo Barrera, esposo de la anterior, y Camilo Palacios, de 27 años.

En el lugar, las autoridades encontraron también los cuerpos de dos hombres desconocidos que, al parecer, fueron conducidos por los autores de la masacre hasta esa casa para darles muerte.

Contra el fallo de la Procuraduría procede el recurso de apelación, que puede ser interpuesto por los militares la próxima semana.