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GLORIA LARA, CRIMEN SIN CASTIGO

La aparición del cuerpo inerte de una mujer con claros signos de desnutrición, envuelto en una bandera negra con las letras ORP bordadas en hilo rojo, acabó con la ilusión de una niña de 13 años que esperaba abrazar de nuevo a su madre.

Esa niña, que el 29 de noviembre de 1982 lloraba desconsolada por la muerte de Gloria Lara de Echeverri, secuestrada cinco meses antes, decidió hace un año espantar de una vez por todas los fantasmas que la acompañan desde esa fecha fatal.

Aunque durante 15 años tanto ella, como sus hermanos Héctor Manuel y Luz María, y su padre, Héctor Echeverri Correa, trataron de no hablar sobre las circunstancias del crimen de su madre, Gloria Lucía empezó, poco a poco, a estudiar los expedientes que sobre el secuestro y posterior asesinato descansaban en diferentes instancias judiciales.

Sin embargo, antes de que pudiera desenmarañar y terminar de entender ese controvertido proceso, la Corte Suprema de Justicia, el pasado 18 de febrero, lo declaró prescrito en beneficio de las 16 personas señaladas como culpables de ese crimen.

De esta forma, aunque los acusados no fueron absueltos, el proceso penal se dio por terminado y con él, la esperanza de la familia Echeverri Lara de ver tras las rejas a quienes considera culpables.

Inicialmente, el 12 de febrero de 1992 uno de los juzgados de conocimiento adscrito a la desaparecida Dirección Seccional de Orden Público de Bogotá, absolvió a Juan Tadeo Espitia Supelano, Fredy José Rivera Arboleda, Wilberto Antonio Rivera Meza, Froilán Rivera Meza, Emperatriz Santander Cancino, Robison Rafael Rivera Arrieta, José Miguel Gamboa López, Miguel Angel Vargas Castro, Hernando Franco D laytz, Gloria Medellín, Diana Giraldo Rodríguez y Hernán Rafael Lora Mendoza.

Estas personas fueron condenados el 20 de agosto de ese mismo año, en segunda instancia por el Tribunal Nacional por los delitos de homicidio y secuestro extorsivo agravados, por lo cual deberían pagar 28 años de cárcel.

Así mismo, Rodrigo Alberto Penilla Candela, Betty Suárez Mahecha, Víctor Manuel Rojas Cárdenas y Graciela Inés Acosta Barrera fueron absueltos y posteriormente condenados por el delito de secuestro extorsivo agravado, por el que tenían que pagar 12 años de prisión.

El profesor de química De acuerdo con el Tribunal Nacional, estas personas pertenecían a la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP), grupo que se adjudicó el crimen y dejó como crudo testimonio la bandera que cubría el cuerpo de Gloria Lara cuando fue encontrada muerta frente a la iglesia del barrio Bonanza en Bogotá.

Además, sus nombres aparecían una y otra vez en la información que según el agente del DAS José Vicente González había recibido de una persona perteneciente a ese grupo, que los delató como autores materiales e intelectuales del crimen y que se convirtió en pieza clave de todo el proceso.

A partir de ese momento, y con la captura inicial del profesor de la facultad de química y física de la Universidad Nacional, Espitia Supelano, el 17 de diciembre de 1982 (Supelano, según pieza del expediente confesó haber sido el autor material del disparo en la nuca que mató Gloria Lara), comenzó uno de los capítulos mas bizarros de la historia judicial reciente de Colombia, sin que hasta el momento esté completamente esclarecido.

En la entonces Brigada de Institutos Militares (BIM), comandada por el general Hernando Díaz Sanmiguel, a donde fueron llevados también otros ocho de los acusados, fue el lugar donde estos confesaron inicialmente sus delitos. Lo hicieron también ante el juez que seguía el proceso.

Para todos estaba claro que la organización extremista que había surgido en 1972, tras una disidencia de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), y que en 1977 pasó a ser el Movimiento Democrático Popular, era la responsable del crimen.

Según las confesiones de los capturados, Gloria Lara fue elegida de una terna conformada además por Ardila Lule y Jaime Michelsen y se decidió matarla por el estancamiento en la negociación del rescate (pedían tres millones de dólares) y el débil estado de salud en el que se encontraba. Hasta hoy no se sabe a ciencia cierta si esta condición fue el producto de no haberle sido suministrado alimentos o si sufrió de una anorexia nerviosa.

Sin embargo, tras surgir las retractaciones por parte de los acusados, quienes alegaron que todas las confesiones ante los investigadores militares y ante el juez de instrucción criminal fueron hechas bajo tortura, la investigación tomó un nuevo curso.

Aunque los sindicados mostraron como prueba de sus afirmaciones los informes de Medicina Legal que daban testimonio de los maltratos, un pronunciamiento del entonces procurador general de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en el que manifestó que no hubo torturas en los interrogatorios, pero que los procesados fueron maltratados durante la captura, dejó nuevamente en la cuerda floja las investigaciones.

Finalmente, después de casi 10 meses de detención, el juez 16 Superior de Bogotá, Enrique Alford Córdoba, los dejó en libertad el 4 de octubre de 1983, aduciendo que así lo indicaban la serie de pruebas técnicas, testimoniales y documentales recolectadas.

Igualmente, estaba presente, y aún lo está, el manto de duda sobre la verdadera identidad de los culpables, al surgir poco tiempo después el secuestro del ingeniero de la Texas Petrolium Kenneth Stanley Bishop, que también fue reivindicado por la ORP y que registró significativas coincidencias con el caso de Gloria Lara.

Por el hecho fue capturado el ex juez Ivan Dario Murcia Rojas, que a los pocos días se fugó de la cárcel Modelo, y otras tres personas que por diferentes razones técnicas y jurídicas se encuentran en libertad.

Todos los acusados partieron desde entonces, catalogados como exiliados políticos y con el apoyo de Amnistía Internacional, hacia diferentes países de Europa, donde iniciaron nuevas vidas.

Ellos sí pudieron dejar todo atrás , dice Gloria Echeverri, para quien los asesinos de su madre, que para ella se encuentran plenamente identificados en la condena del Tribunal Nacional, quedaron sin castigo debido a la decisión de la Corte Suprema.

Con olor a impunidad La libertad las 16 personas sindicadas del crimen de Gloria Lara no solo dejó inconformes a los dos bandos de la historia sino que dejó flotando en el ambiente el mal olor de la impunidad.

Aunque la justicia colombiana tenía hasta el 6 de octubre de 1996 para decidir la culpabilidad o no de esas personas, la Corte Suprema de Justicia tuvo que ordenar, el pasado 18 de febrero, la cesación del procedimiento penal o preclusión, por el hecho de haber transcurrido más de 10 años sin que se haya logrado proferir un fallo de fondo que quedara en firme desde que el Tribunal Superior de Bogotá dictó resolución de acusación contra los implicados y los llamó a juicio.

Por esa razón, el alto tribunal quiere dejar en claro que la cesación del proceso no le puede ser imputada, pues este llegó a esa corporación para que decidiera sobre las numerosas demandas que sobre el recurso extraordinario de casación fueron interpuestas el 30 de mayo de 1997. Es decir, cuando desde hacía siete meses se había producido la preclusión como tal.

De todas maneras, la Sala Penal de la Corte compulsó copias para que se investigue la posible responsabilidad en que hubieran podido incurrir los funcionarios encargados de su trámite y a los que se les pudiera imputar injustificada dilación.

Por su parte, el abogado de los acusados, Alejandro Hernández, dijo que parte de la responsabilidad de la preclusión está en el hecho de que el proceso debió adaptarse sobre la marcha a cambios jurídicos que van desde el paso del Código de Procedimiento Penal de 1971 al del 87, hasta la abolición del jurado de conciencia por parte del ex presidente Virgilio Barco en agosto del 89, cuando el caso estaba a punto de llegar a audiencia pública el 22 de ese mes.

Por todo esto, sus defendidos, que se declaran a toda costa inocentes del crimen de Gloria Lara, aunque libres, seguirán bajo el estigma del manto de duda jurídico.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
22 de marzo de 1998
Autor
REGINA MATTA GOMEZ Redactora de EL TIEMPO

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