Recuerdan ustedes el lema de la intensa campaña oficial que precedió a la consulta plebiscitaria, después de haberse filtrado la llamada séptima papeleta en una elección anterior, autorizada por los poderes públicos pero todavía instrumento de sondeo tímido e irregular? La Constituyente es el camino... . Pues bien. Transitando ese camino, o viéndolo transitar, se halla actualmente el país, no sin visos de revolcón. Tal era el propósito. Por no haber quedado integrada como se esperaba, en concordancia con los tradicionales alinderamientos de la opinón, y, en particular, con los predominantes en el Congreso, no perdió la Asamblea las vastas atribuciones conferidas en el mandato plebiscitario y reconocidas en sentencia memorable de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco su capacidad para dar a la nación un vuelco fundamental.

Grave error sería desconocer sus amplísimas facultades, en la misma forma como el partido liberal, por entonces acéfalo, deconcertado y atomizado, pretendió ignorar la significación histórica de los comicios del 9 de diciembre. Semejante actitud, auspiciada por quienes representaban el desairado papel de jefes nominales, le costó la pérdida de las mayorías que, a partir de 193O, había matenido en las corporaciones públicas, como fiel reflejo de la voluntad popular. Para mayor irrisión, un movimiento subversivo, protagonista de tristes hazañas, conquistó posición privilegiada, con la simpatía y el apoyo muy ostensibles de las esferas gubernamentales, especialmente eficaces en la disponibilidad de los canales televisivos.

Historia de un ayer recientísimo, vale la pena recordarla para no incurrir en el error de asumir una actitud de desdeñosa indiferencia con cuanto haga la Asamblea Constituyente, a todas luces en condiciones de imprimir nuevo giro a la vida colombiana. Que lo haga con acierto o desacierto, dependerá en mucho de su sentido de la responsabilidad, pero también de la influencia que la opinión pública pueda ejercer, llamando la atención sobre sus auténticas aspiraciones y, si fuere el caso, denunciando sin aspavientos ni dogmatismos claros peligros.

De esa Asamblea saldrá el nuevo derrotero de la patria, con obligatoriedad jurídica insoslayable. A todos Gobierno, partidos políticos, órganos de la opinión corresponde bregar por que sean definitivamente buenos y no accidentalmente malos. Con mayor razón cuando la suerte global de la paz y las conversaciones con la Coordinadora Guerrillera se han vinculado a la definición de los principios, fines y mecanismos del Estado.

Con franca complacencia hemos celebrado que el director del Partido Liberal, expresidente Alfonso López Michelsen, no se hubiera dejado enredar en la ruda controversia de los argumentos jurídicos. Para pleitos de esta naturaleza no existe solución cuando su fondo es esencialmente político y no hay quién los dirima con autoridad suficiente. Menos habiendo tomado la Asamblea una determinación inequívoca con la abrumadora mayoría de los votos y pudiendo expedir actos legislativos transitorios de inmediata vigencia. Es lo que se llama tener la sartén por el mango . Circunstancia en la cual más vale optar por la vía del entendimiento para ver de llegar a conclusiones razonables en los temas de más acalorada divergencia.

Bajo la presión del Consejo de Estado, coincidente con la de la Corte Suprema de Justicia en defensa de sus viejos fueros, la Asamblea elevó su reglamento a norma constitucional. Estaba en su derecho. Hubiera obrado así con base en una precaria minoría, podría ponerse su decisión en tela de juicio. Pero lo hizo con el voto aplastantemente mayoritario de sus miembros y la participación destacada de sus delegados liberales y conservadores. Entonces, lo que hay es una lucha de la legalidad anterior con la que empieza a emerger. Explicable en aquellos organismos temerosos de la estabilidad de sus prerrogativas o sus posiciones, pero sin asidero para rebelarse contra los nuevos preceptos constitucionales, una vez en vigencia.

Las protestas enardecidas contra las determinaciones de la Asamblea Constituyente, en cuanto cierran las puertas a la actuación jurisdiccional de la Corte y del Consejo de Estado sobre su legitimidad o abren la posibilidad teórica de reintegrar los cuerpos representativos, se han excedido en el tono y en el concepto. Nada justifica hablar de golpe de Estado, o invocar la intervención de las Fuerzas Armadas, o hablar de dictadura colegiada, cuando la Asamblea ejerce sus atribuciones y además prospera en su seno un acuerdo limitado, bajo el patrocinio del Gobierno.

Por contemplarse en este acuerdo lo relativo al calendario electoral, cabría deducir que se prevé una elección a corto plazo. Hipótesis en la cual correspondería a los partidos históricos, concretamente al liberal, esforzarse por renovar sus mayorías con un mandato fresco. Los comicios del 9 de diciembre echaron por lo menos un manto de duda que no debe subsistir ni crearle irreprimible complejo de inferioridad. Mejor para la colectividad es estar dispuesta a hacer valer en las urnas sus mayorías populares. Si por desgracia se hubieran evaporado o volviera a cundir el desconcierto, no las recuperaría por el hecho de prolongar, artificial o artificiosamente, su predominio en el Congreso.

Hay desde luego un riesgo. Pero lo ha habido desde cuando se convocó la Constituyente con miras a hacer el cambio institucional. Sin perjuicio de dar a este asunto un manejo de fría reflexión, parece más sensato, previsivo y realista prepararse para la eventualidad electoral, si llegara a producirse, conforme lo ha anunciado desde su nombramiento el actual director del liberalismo. A quien no se escapan las consecuencias de la discrecionalidad de una Corporación con facultad para dictar actos legislativos de carácter transitorio o permanente.

Dentro de la política de acuerdos básicos, debiera velarse por la precisión y la concisión de la nueva Carta. Por no convertirla, al favor del espíritu transaccional, en fárrago de casuísticas disposiciones reglamentarias. Por imprimir a sus normas sentido de permanencia y generalidad que les permita durar y servir para cambiantes situaciones de todo orden. Por devolver a los colombianos la seguridad en sus vidas y en el ejercicio de sus derechos. Por liberarlos del temor y de los horrores del crimen.

Intensas controversias habrá y es útil que las haya si en todas ellas prevalecen la consideración del bien público y el convencimiento de que no se está legislando para grupos restringidos sino para la totalidad de los compatriotas. En realidad, los constituyentes tienen los poderes otorgados por el pueblo, pero ello no significa que el resto de los conciudadanos haya abdicado de sus derechos o se haya desinteresado del cauce institucional que habrá de regir los destinos de la nación.