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POLÉMICA POR PETICIÓN DE EXAMEN DE SIDA

Mientras que algunos defensores de los derechos de los enfermos del sida piensan que las demandas que cursan en el Consejo de Estado para que empresas de medicina prepagada, aseguradoras y Empresas Promotoras de Salud (EPS) puedan exigir la prueba del sida antes de firmar cualquier contrato son la puerta legal para discriminarlos y desprotegerlos, los representantes del sector privado de la salud manifestaron que lo que se busca es no destruir el equilibrio financiero de sus empresas.

Esto, como reacción al artículo de ayer en el que EL TIEMPO reveló la existencia de estas demandas y que también produjo la inmediata reacción de la Superintendencia Nacional de Salud que le pidió a la Procuraduría defender ante el Consejo de Estado los derechos de los portadores de sida (ver recuadro).

La polémica Se está anteponiendo lo económico al derecho a la vida , dijo Henry Ardila, de la Liga para la lucha contra el sida. Ardila afirmó que con esto lo que se busca es abrir la puerta legal para que las empresas privadas no solo nieguen la atención a enfermos del sida, sino que se declaren como preexistencias patologías como, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino.

Son empresas que se enriquecen con los aportes de las personas sanas y buscan excluir a las que sufren las principales enfermedades , dijo Ardila.

Por su parte Fernando Robledo, presidente de Salud Colmena EPS, manifestó que el tema de las EPS es distinto a las empresas de medicina prepagada puesto que a aquellas la ley las obliga a atender esta enfermedad, atendiendo sólo a que el usuario haya cumplido las semanas mínimas previstas para ser atendidos por enfermedades catastróficas o ruinosas.

De hecho las demandas buscan que las EPS puedan exigir este examen, se refieren sólo cuando se trata de planes complementarios de salud y no al Plan Obligatorio de Salud (POS), que es el ordenado por la legislación actual.

Robledo también fue contundente en afirmar que con el decreto 1543 de 1993 -cuyo artículo 40 es el centro de la demanda-, se están violando normas mínimas del sistema de aseguramiento y se rompe el equilibrio.

Guardando las debidas distancias, es como si en el sector de automóviles alguien quisiera asegurar un carro chocado o defectuoso sin que la empresa aseguradora le hiciera una revisión técnica , dijo Robledo, quien también afirma que el tema de la privacidad es un tema complejo y delicado.

El directivo privado dijo que otra cosa es que la persona adquiera el sida después de firmado el contrato, en cuyo caso se debe responder por los costos.

Un directivo vinculado a las empresas privadas de salud que pidió no ser identificado, dijo que así las EPS tuvieran la facultad de ordenar exámenes de sida no los podrían hacer por los altos costos de los mismos. También insistió en separar los contenidos del POS de los planes complementarios de salud.

Con respecto a las empresas aseguradoras y la medicina prepagada, el funcionario dijo que de no prosperar esas demandas, tendrían que cobrar las pólizas más caras del mundo ya que estarían asegurando siniestros ya sucedidos.

El día de mañana no sería raro que el Estado obligue a los asegurador a cubrir los daños por atentados terroristas sucedidos con anterioridad a la celebración de los contratos , afirmó.

Las cifras del sida Un estudio de Consultores Internacionales en Seguridad Social (Cinssa) contratado por el Ministerio de Salud, encontró que hay unos 138.000 colombianos infectados, es decir de cada 250 nacionales, uno es portador de sida.

Al país estos enfermos le representaron, según ese estudio, unos 340 millones de dólares, equivalente a 0.4 del producto interno bruto. Esto, contando la reducción de la vida laboral de los individuos que representa 44.600 dólares por cabeza. Si se les fuera a dar todo lo reglamentado por el Consejo Nacional de Seguridad Social con los nuevos cocteles y tratamientos el costo superaría la mitad del gasto en salud , afirmó recientemente Juan Eduardo Céspedes, experto del Cinssa.

Sobre cifras de tratamiento del sida las del Instituto de Seguros Sociales pueden dar alguna luz. El Seguro gastó el año pasado unos 60.000 millones de pesos en el tratamiento de unas 5.000 personas (doce millones de pesos al año por cada uno). Para 1.998 espera que la cifra de sus afiliados con sida llegue a 7.700.

QUE PROCURADURIA INTERVENGA El Superintendente Nacional de Salud, Darío Angarita, solicitó a la Procuraduría General de la Nación que interviniera ante el Consejo de Estado para defender los derechos de los enfermos de sida, a propósito de la demanda publicada ayer por EL TIEMPO, según la cual se exigiría un examen de sida a quien quisiera afiliarse a una Empresa Promotora de Salud (EPS), aseguradora o empresa de medicina prepagada como condición para la afiliación.

El funcionario indicó que la condición de portador del sida no corresponde a la noción de enfermo, con lo que no se puede considerar como una patología preexistente y por ende, crear cláusulas de exclusión para no atender a los usuarios por esta causa.

El Superintendente explicó que la Corte Constitucional ha sido clara en la defensa de lo derechos fundamentales de quienes han sido víctimas del virus, y que este es un tema de interés público que le concierne a toda la sociedad y debe ser amparada por el estado.

Angarita recordó que existe una figura que es el consentimiento informado, que es la autorización por escrito, libre y espontánea de la persona para practicarse la prueba del sida e incluirla en su historia clínica, pero que eso es diferente de la prohibición existente para que las EPS, empresas de medicina prepagada y aseguradoras exigían exámenes para afiliara a alguien.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
14 de enero de 1998
Autor
JOSE LUIS NOVOA y LUIS CARLOS GOMEZ Redactores de EL TIEMPO

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