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TV PAGADA: LA LEY DE LA SELVA

En una de las paredes de la oficina de Jorge Valencia Jaramillo, uno de los cinco integrantes de la todopoderosa Comisión Nacional de Televisión (CNTV), se encuentra la siguiente sentencia: Nunca hagas dos cosas a la vez, ambas te quedarán mal hechas .

Curiosamente, en este momento, la CNTV está empeñada en hacer dos cosas a la vez: entregar nuevas concesiones para la explotación del servicio de televisión por suscripción y legalizar las miles de antenas parabólicas que existen. Pero si funciona la sentencia, llamada por su autor la Ley de Valencia , el organismo no va a llegar muy lejos... y todo parece que va a ser así.

Con las dos medidas, la CNTV, dice, busca organizar, por fin, el caos de la televisión parabólica y por suscripción o, como se le conoce técnicamente, televisión multicanal.

El reto no es pequeño. De acuerdo con cifras de la firma Ibope AGB, el 46,15 por ciento de los hogares colombianos reciben señales de televisión de parabólica, contra el 5,48 por ciento que lo hace por cable. Según el Departamento Nacional de Estadística (Dane), en Colombia hay 7 159.842 hogares, lo que significa que 3 304.267 hogares reciben señal de una parabólica.

Ante la CNTV están registradas 1.500 antenas, pero se calcula que hay por lo menos 10.000 instaladas en todo el país.

Las cifras pueden parecer exageradas. Sin embargo, Jorge Muñoz dice que la organización que lidera, la Unión de Cableoperadores de Colombia (Cableunión), reúne a 120 empresas informales (calificadas por otros de ilegales o piratas) y tiene más de 500.000 afiliados. Y este es solo un ejemplo.

Aunque nadie sabe el volumen de este negocio, un solo ejemplo podría ilustrar: en Ciudad Salitre, un barrio de Bogotá, se montó su sistema comunitario que ahora tiene 2.200 usuarios, según aseguró una vendedora a EL TIEMPO, y se pagan mensualidades de 12.000 pesos. Es decir, más de 26 millones de pesos al mes y más de 300 millones al año, cifra que pagaría varias veces la instalación y mantenimiento de una simple parabólica, que pagaría una sola vez y tendría anualidades de mantenimiento muy bajas.

Ese asombroso tamaño del mercado parabólico es el resultado de la ausencia sistemática del Estado durante más de 12 años, algo que ni siquiera se subsanó con la creación de la CNTV en 1996. Desde ese año, a pesar de tener todas las herramientas legales, este organismo no ha decomisado ni un solo decodificador ni una sola antena parabólica. Es más, son pocas, por no decir ninguna, las respuestas que la Comisión ha hecho a las miles de denuncias, archivadas en cajas, sobre irregularidades en la prestación de este servicio.

La primera gran incógnita es qué porcentaje de esas parabólicas, aunque se supone el más alto, pertenece a operadores piratas de televisión por suscripción, y cuánto a la denominación de la CNTV, a comunidades organizadas sin ánimo de lucro .

De todas formas, la CNTV aspira a que muchos de esos operadores ilegales entren a la legalidad a través de uno de los cupos ofrecidos en la televisión por suscripción. De ahí, surge la segunda gran incógnita: cuántos lo harán? Antes de aplazar esta semana la licitación, la CNTV decía que iba a autorizar el funcionamiento de 55 nuevos operadores. Lo que deja por fuera a la mayoría de los piratas (ver recuadro).

Pero existe otra puerta. De acuerdo con la reglamentación sobre canales comunitarios, conocida como Acuerdo 029, que en el fondo se refiere a las parabólicas, cualquier comunidad podrá autoservirse de la televisión nacional e internacional y de la producción propia desarrollada por ella (...) podrá distribuir señales incidentales no codificadas (las que están libres en los satélites), que capten sin interrupción, y podrá distribuir también señales internacionales codificadas cuyo pago de derechos de autor compruebe ante la CNTV haber satisfecho a los programadores originarios, pudiendo trasladar esos costos a sus usuarios .

También podrá pasar publicidad y producir programación propia, cosas que, paradójicamente, venían pidiendo desde hace 12 años los operadores legales de televisión por suscripción y nunca se les concedió. La publicidad les hubiera permitido a los operadores legales reducir sus costos a los usuarios.

Además, y es lo clave de la reglamentación, los canales comunitarios no podrán tener ánimo de lucro.

Voceros de los adjudicatarios legales de la televisión por suscripción aseguran que esta reglamentación lo que hace es ofrecer una oportunidad de oro a los proveedores piratas de televisión por suscripción para que se camuflen y legalicen su actividad.

En la práctica, esto es una forma benévola de acceder a la prestación del servicio de la televisión por suscripción sin ni siquiera tener que someterse a un proceso licitatorio. Esto sin duda crea una situación desigual frente los actuales concesionarios del servicio de televisión por suscripción , dice la Asociación de Operadores de Televisión por Suscripción, que aglutina a cinco de los nueve operadores legales que hay (EPM TV y Cablesistema, de Medellín; Cable Visión, de Cali; Promisión, de Bucaramanga, y Costavisión, de Cartagena).

Hace 12 años, el Ministerio de Comunicaciones les entregó a ellos las licencias para prestar el servicio pagando un banderazo por la entrada al negocio.

Augusto Márquez, gerente de TV Cable de Bogotá, pregunta: De qué forma la Comisión de TV verificará que no hay lucro en la televisión comunitaria? .

Los temores de Márquez no son infundados. Hay cientos de formas de camuflar los ingresos y presentar ante la Comisión balances que arrojen cero lucro.

La más común de estas formas es la de contratar la instalación de la antena parabólica y la red con un tercero, por ejemplo una firma de ingenieros , que cobra una cifra astronómica a la comunidad, pero la difiere a varios años.

Obviamente, la firma de ingenieros es de propiedad de los empresarios piratas de televisión por suscripción y en ella, muchas veces, participan algunos miembros de la comunidad, o sus testaferros, que son quienes promueven la idea.

Otra forma denunciada es la de fijar salarios muy altos, de millones de pesos, para las personas que manejan el canal comunitario.

Estos operadores piratas tienen costos de operación muy bajos, no pagan impuestos, casi nunca derechos de autor por la programación, ni porcentajes a la CNTV, pero recaudan millonarias sumas por concepto de módicas mensualidades del servicio.

Para quedar con la fachada completa de comunitarios , dejan un canal para pasar programación propia , cuyo costo de producción es mínimo, o en últimas también es pirateado.

En contraste, la televisión por suscripción legal paga impuestos, derechos de autor a los dueños de los canales, el 10 por ciento sobre sus operaciones a la CNTV y arriendo a las empresas de energía por usar su infraestructura para llevar la señal a sus usuarios.

Tenemos que pagar el 53 por ciento de nuestros ingresos en impuestos. Los informales, que están en todo el país, no pagan un solo peso de sus ingresos, por la distribución y comercialización de señales codificadas , dice la Asociación de Operadores de Televisión por Suscripción.

Esta gran diferencia de costos ha llevado a una difícil situación a las empresas legales de televisión por suscripción. El año pasado, por ejemplo, TV Cable Bogotá perdió 15.000 suscriptores por cuenta de esta competencia desleal.

Mientras un paquete básico de canales le cuesta a un concesionario legal una suma superior a 15 dólares mensuales, perfectamente ellos pueden cobrar tres dólares al año por la misma oferta , dice la Asociación de Operadores de Televisión por Suscripción.

Claro que no todos los canales comunitarios son operadores de televisión por suscripción piratas. Un proyecto liderado por la Fundación Social en barrios populares de Bogotá, llamado Telecomunidad y que dice tener 30.000 afiliados, realiza verdadera televisión comunitaria, sin ánimo de lucro. Aunque critican la legislación de la CNTV, sus voceros reconocen que sus mayores enemigos son los operadores piratas de televisión por suscripción.

La gran paradoja es que los operadores legales de la televisión por suscripción no solo tienen enemigos dentro del país. Los dueños de los canales en Estados Unidos están vendiendo por igual a legales e ilegales su señal.

En este momento, Cableunión dice que están distribuyendo canales como Cinecanal, Telenoticias, Hallmark, USA, Multipremier, HTV, Gems, ESPN, TNT, CNN, Cartoon Network, ZAS, Antena 3, Cine Latino, Family Channel, Casa Club y Premier, porque están pagando los derechos de autor a los proveedores internacionales.

Discovery Channel, por ejemplo, a través de su gerente de ventas, Camilo Bernal, reconoció que ha vendido los derechos de su canal en Neiva, Cúcuta y Armenia, donde no hay licencias para televisión por suscripción. Asegura que si no se legalizan quienes le compraron, con el nuevo esquema de la CNTV, les quitarán la licencia del canal.

Así mismo, Alberto Pico, presidente del Círculo Nacional de Cableoperadores (Cinco), que dice defender los intereses de los canales comunitarios, en un boletín promocionó públicamente la venta de derechos de canales extranjeros, con una presentación por parte de CBS Telenoticias y CMT Televisión, principales integrantes del Televisión Association of Programmers (TAP), que aglutina a varios canales estadounidenses y que venían a oficializar la negociación con un grupo de operadores informales conocido como Cable Club Internacional.

La persona de CBS señalada como negociador es Willy Hernández, quien estuvo en Bogotá y Medellín la semana pasada, y nunca atendió a EL TIEMPO.

Ramiro Bejarano, ex director del DAS y abogado especialista en derechos de autor, dijo que esta venta a operadores ilegales no es solo algo anecdótico, sino un hecho aberrante.

Según Bejarano, la violación de los derechos de autor y propiedad intelectual ocupan el segundo renglón en importancia en las relaciones con Estados Unidos, luego del narcotráfico.

En otras palabras, mientras en reiteradas oportunidades el gobierno de Estados Unidos le ha pedido al Estado colombiano que proteja la propiedad intelectual y los derechos de autor de los productores de películas y distribuidores de canales, entre otros sectores, varios empresarios estadounidenses desconocen la existencia de ese mismo Estado, vendiéndoles sus canales a operadores piratas.

Es como si se vendiera droga libremente en las calles , dijo Bejarano.

A pesar de todo este panorama, la CNTV, a través de Jorge Valencia Jaramillo, insiste que una vez adjudicadas las nuevas licencias para operadores de TV por suscripción y legalizadas las antenas parabólicas, o comunitarias, será la lógica del mercado la que se encargará de sanear el mismo.

Según esta lógica, denominada por Valencia como Ley del Sapo , quienes paguen los derechos de autor, tributen y estén registrados, se encargarán de denunciar a quienes no lo hagan. Y la CNTV está en la obligación de perseguir a estos últimos, decomisar los equipos e iniciar las acciones legales contra ellos. Será que lo hará? Parabólicos en cintura Quién les pone el cascabel a las parabólicas (llamadas perubólicas por algunos usuarios) y a los operadores ilegales de televisión por suscripción? Carlos Muñoz, director de la Comisión de Televisión, quien se negó a hablar con EL TIEMPO, en respuesta a un derecho de petición de TV Cable Bogotá, en el que se solicitaba aclarar si el operador de televisión por suscripción tenía alguna licencia, la CNTV dijo que no, y que a pesar de que existían sanciones, no estaba definido un procedimiento para ejecutarlas. Esta respuesta la dio a pesar de que la ley le ordena, simplemente, decomisar los equipos e iniciar las acciones civiles y penales del caso.

Así, da la sensación de que los operadores ilegales son invulnerables. Menos aún cuando ni siquiera los titulares de los derechos de los canales internacionales tienen la iniciativa de atacarlos, y a los operadores legales de televisión por suscripción no les corresponde.

Sin embargo, un abogado, especializado en derechos de autor, Guillermo Zea Hernández, ha logrado ya llevar a los estrados judiciales a 21 operadores informales de televisión por suscripción por piratería.

Lo llamativo del caso es que no lo ha hecho en representación de los dueños de los canales de televisión, ni de los operadores legales, sino de los productores de las películas que pasan por estos canales, aglutinados en la Motion Picture Association.

La siguiente es la lista de los operadores: Servisatélite, Cablecity, Cable Sur, Calderón Gómez Vía Satélite, Sistema Internacional de TV Vía Satélite Telemundo, SuperView, Ansistev Ltda, Ingestel Ltda, Televisión Ltda, Unidar TV Ltda, Rede Record TV Ltda., Peña y Lozada Ltda, Comunicaciones JR TV, TV Satélite Internacional Jep Ltda., Citelx Ltda., Neiva Visión Ltda., Multiparabólica Galaxi 1, Orbit Satélite Ltda., Telesatélite S.A., Comité Pro-antena Parabólica Chapinero Alto y ITM TV Ltda.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Economía
Fecha de publicación
22 de febrero de 1998
Autor
José Fernando Hoyos y Guillermo Franco

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