TEBUTHIURON: FUMIGACIÓN FATAL

TEBUTHIURON: FUMIGACIÓN FATAL

El Gobierno anunciará esta semana la decisión de iniciar, una vez más, la erradicación química de cultivos ilícitos en el sur del país. Con ello, de nuevo se va a producir lo ya vivido en Colombia durante dos décadas: otra victoria temporal y fútil contra las drogas y la consecuente felicitación de Estados Unidos, hechos estos que no afectarán la evolución lucrativa del asunto mundial de los narcóticos. La diferencia de este anuncio con las experiencias previas radica en que en esta oportunidad se realizará un verdadero ecocidio debido a que se aplicará el granulado Tebuthiuron. Además, la fumigación indiscriminada llevará a que la población busque la única protección alcanzable en la región a través de la guerrilla. Más aún, estaremos cerca de una catástrofe humana, ecológica y política como producto de esta nueva manifestación punitiva del prohibicionismo estadounidense.

29 de marzo de 1998, 05:00 am

La historia ha mostrado que la destrucción química de cultivos ilícitos ha llevado al crecimiento de las plantaciones ilegales; al mejoramiento en su rendimiento y resistencia; al desarrollo de más organizaciones de narcotraficantes; al ascenso en los niveles de violencia y corrupción local; al empobrecimiento de pequeños cultivadores de productos lícitos de pancoger; al acrecentamiento de la pérdida de la legitimidad institucional y el aumento de la depredación ambiental. La determinación de utilizar el Tebuthiuron, un herbicida de amplio espectro, alta toxicidad, suficientemente contaminador y muy peligroso, solo es explicable por el deseo de satisfacer las exigencias de Estados Unidos en esta materia; lo cual en nada consulta los intereses nacionales de Colombia.

Al inicio de los 80, el país no poseía cultivos de amapola, era un productor menor de marihuana y no tenía grandes plantíos de coca. En 1981 existían aproximadamente 25 mil hectáreas con plantaciones ilícitas, y desde entonces Colombia ha venido rociando sus cultivos ilegales con varios herbicidas, la mayoría de los cuales no se aplican en otras naciones. Primero fue el Paraquat para erradicar la marihuana; luego fue el Garlón-4 para erradicar la coca; más tarde el Glifosato fue usado en la destrucción de los plantíos ilícitos. El año pasado se estuvo a punto de sustituir el Glifosato por el Imazapyr, un herbicida medianamente tóxico, muy irritante y bastante peligroso, para erradicar las plantaciones de coca y amapola. A pesar de ser potencialmente muy dañino, Washington rechazó el Imazapyr porque solo quería el Tebuthiuron.

En 1998, en Colombia aún hay plantaciones de marihuana, se han consolidado cultivos de amapola y existe una significativa producción de coca. Hoy pueden existir unas 115 mil hectáreas con cultivos ilícitos. Esta enorme cantidad de plantaciones no surgió por falta de fumigación química. Por el contrario, el país ha vertido miles de toneladas métricas de defoliantes sobre sus ciudadanos, bosques y selvas con los resultados previsibles: expansión de la frontera agrícola con más plantaciones ilegales y elevación de los ingresos de los traficantes, pues la erradicación no los afecta en cuanto al precio de sus mercancías de exportación en los grandes polos de consumo como Estados Unidos.

En ese contexto, es bueno recordar que el producto que se obtiene en el Putumayo, el Guaviare y el Caquetá con un costo de 400 dólares, deja la frontera de Colombia con un valor de 1.200 dólares, ingresa a Miami con un precio de 20 mil dólares el kilo, arriba a Chicago a 30 mil dólares y se vende allí al detal por 140 mil dólares; es una fenomenal industria ilícita la de la cocaína que prospera porque los consumidores estadounidenses la siguen demandando.

Por ello, atacar con más vehemencia el cultivo de drogas esto es, el eslabón más débil y menos estratégico del emporio de los narcóticos es desastroso, inútil y perverso. La fantasía de una fumigación sana, sin confrontar el problema de la demanda ni desmantelar la base material, violenta y corruptora de la criminalidad organizada transnacional, es torpe y contraproducente. Las consecuencias trágicas del comportamiento de los consumidores, así como de los mafiosos, son padecidas principalmente por los indígenas, los campesinos, los colonos y los pobres en las zonas con plantaciones ilegales. Los ganadores son los grandes barones de las drogas, algunos frentes guerrilleros, los funcionarios civiles, policiales y militares que se nutren de la corrupción del narcotráfico, las organizaciones bancarias dedicadas al lavado de activos, las compañías vinculadas a los insumos químicos para procesar o para erradicar los cultivos ilícitos y los burócratas encargados de las políticas antinarcóticos en Bogotá y Washington.

En ese sentido, entonces, expresamos nuestro convencimiento de que se debe cancelar la aplicación de Tebuthiuron, se debe eludir el uso del Imazapyr como sustituto y se debe frenar la utilización del Glifosato hasta tanto se produzca un gran debate sobre la actual estrategia nacional contra las drogas.

Todos los candidatos presidenciales, el Congreso, las altas cortes, los medios de comunicación, la academia, las organizaciones no gubernamentales, las minorías étnicas, los movimientos sociales, los partidos políticos, los empresarios, los sindicatos y los campesinos deben iniciar una polémica franca y amplia sobre la costosa guerra contra las drogas de origen estadounidense, que parece tener como epicentro único a Colombia. Una nueva fase de esta cruzada prohibicionista en el Putumayo, el Caquetá y el Guaviare bien puede conducir a una fractura territorial del país. Nuestro sur no debe ser mañana lo que fue Panamá a comienzos de este siglo.

Este artículo fue debatido y aprobado por todos los directivos e investigadores del Iepri-UN.